Hoy más que nunca esta frase cobra relevancia: “no aclares que oscurece”. Es justo lo que le está pasando al Gobierno Central de Madrid, que se encuentra envuelto en un escándalo de grandes dimensiones, puesto que podría ser uno de los beneficiarios de un salvaje espionaje a los políticos que bregan por la independencia de Cataluña.  

El 2 de mayo pasado, en plena fiesta de la comunidad de Madrid, el ministro Bolaños realizó una conferencia de prensa, anunciada con rapidez. En ella afirmó que: “los celulares de la ministra de defensa Margarita Robles y el presidente Pedro Sánchez, fueron infectados y que no es responsabilidad del CNI (Centro Nacional de Investigaciones). 

Por otro lado, el Gobierno dijo: “en España no se espía”, luego el miércoles 27 de abril en sede parlamentaria Margarita Robles dijo sobre el espionaje: “Se espía bien, se hacen bien las cosas, ¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?”, dejando entender que el Estado, todo lo que hace, lo hace de manera legal. Con ello nos afirma que el Estado utilizó el sistema Pegasus para poder escuchar a los independentistas, con la gravedad que se escuchó a diputados en sus funciones y también así a sus abogados. Por último, “se espió a Margarita Robles y al presidente Sánchez”.

Sobre la escucha de abogados me quiero detener un momento. Cuando un juez autoriza a las escuchas (a “pinchar” un teléfono) es solo escuchar y por un plazo máximo de tres meses. Cuando se utiliza el sistema Pegasus es para introducirse desde un celular a todos los dispositivos de la persona, y eso ya es espionaje. ¿Por qué es tan grave si es abogado? Primero, porque el abogado no cometió ningún delito, no fue parte de ninguna maniobra política. Segundo, porque al ingresar por su celular se tiene acceso a todo: al drive o disco en donde guarde información sensible, al servidor del estudio, a todas las estrategias de defensa que se hayan preparado. Con ello se vulnera el derecho fundamental de la libre defensa. Tercero, afirmar que un juez de la corte autorizó a utilizar Pegasus y que se metieron en las estrategias de defensa de sus juicios es declarar nulo los juicios. Los tres abogados que tuvieron el sistema Pegasus fueron: Jaume Alonso-Cuevillas, Gonzalo Boye y Andreu Van der Enyde, todos ellos defensores de los imputados por el referéndum en donde la ciudadanía votó la independencia de Cataluña en 2017 y dedicados a la defensa de los exiliados.

Si hacemos un análisis de lo dicho por el Gobierno de Madrid al conocerse el espionaje vemos una línea sinuosa, de poco porte de honestidad. Al inicio se dijo que en España no se espía, pero luego en el Parlamento, el Presidente Sánchez dijo que “se espía bien, se hace bien” y que “¿qué íbamos a hacer si se declaró la independencia?” Justificando el espionaje. Y por último declaró que: “Margarita Robles y el Presidente son espiados”. Recordemos que Robles es nada más y nada menos que la Ministra de Defensa.

En la historia reciente hubo un caso que sienta precedentes, el Juez Garzón que por escuchas autorizadas legalmente a abogados tuvo que dimitir. Hoy, como siguen las cosas deberían dimitir varios, pero la estrategia es “seguir embarrando la cancha” para que todo se calme o quede en nada. Depende de los políticos de la oposición aclarar las cosas y llegar hasta las últimas consecuencias, que obviamente no son ni una comisión parlamentaria, ni una investigación interna del CNI. No olvidemos que toda esta información se conoce por una empresa Canadiense (es decir, que nunca lo supo el CNI).

El 5 de mayo, todo cambió y se aceleró, la directora del CNI, Paz Esteban, admitió, en su comparecencia en la comisión de secretos oficiales, que los servicios de inteligencia han espiado a 18 cargos independentistas, según han confirmado al Periódico de España distintas fuentes consultadas, con autorización judicial. Entre ellos se encuentra el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ya no son sospechas por los dichos de la empresa Citizenlab. Cabe destacar que Paz Esteban fue destituida este martes 10 de mayo. 

Lo que es evidente es que escucharon a muchas personas y algunas con orden judicial (no dicen que juez las ordenó, y la razón). Por ello, surgen dudas de otra especie ¿quién se benefició con el gasto de tanto dinero del Estado para obtener nada?. Ni Sánchez habla, ni el PP se anima a pedir una moción de censura. Hoy, ya hay pruebas para sacarle la confianza a Sánchez, ¿o será que Rajoy también lo hacía?

Queda pensar en que el “deep state” haya trabajado solo. Pero eso no es del todo posible, siempre el estado profundo trabaja para mantener el “status quo” y beneficiar a alguien de la política, de la banca, de la justicia que se beneficia con dicha información. El gobierno de Sánchez debería pensar si puede seguir gobernando, porque si no puede limpiar el deep state es porque en algo se beneficia o le es útil al sistema que ahora le soltó la mano y filtra información.

Josep Puig Bóo es Presidente de la Mutual Catalana.