Las políticas económicas neoliberales han sido desde el 2009 progresivamente abandonadas en los países avanzados. Luego del rescate de los bancos que habían provocado la crisis financiera de las subprime, los gobiernos introdujeron un cambio sustancial con las políticas monetarias expansivas llamadas “facilidades cuantitativas” y tasas de interés negativas, incrementos del gasto público y déficits presupuestarios.
En materia de comercio exterior, se impusieron incrementos en los aranceles aduaneros y restricciones a las importaciones, así como una regulación de los flujos financieros de las denominadas finanzas grises y revigilancia a las guaridas fiscales, a lo que hay que agregar la instauración de un impuesto mundial a las multinacionales.
La pandemia de la covid impuso una nueva expansión de los déficits presupuestarios y vastos programas estatales de rescate de las actividades productivas y diversas ayudas a empresas y agentes económicos. En Argentina se implementó con el IFE, el programa ATP y los Repro.
Estamos así entrando en una nueva normalidad en la cual se ha reforzado la acción del Estado y los responsables políticos han comprendido que es imprescindible impulsar cambios profundos, aunque en Argentina economistas ortodoxos persistan en su intención de proponer recetas económicas del mundo de antes.
En Estados Unidos
Janet Yellen, secretaria del Tesoro (ministra de Economía), presentó, a fines de noviembre en la Cámara de los Representantes, la segunda parte del proyecto de reactivación económica decidido por la administración demócrata de 1,7 billón de dólares que se agregan a los 1,9 billón de dólares ya votados.
El programa prevé totalizar un gasto de 6,4 billones en 10 años que equivale al 30 por ciento del PIB de Estados Unidos. Como este PIB representa el 23 por ciento del mundial, significa que esa expansión suma más del 7 por ciento del PIB global. Se trata del programa de gasto más importante desde la Segunda Guerra Mundial.
Más allá de las cifras, conviene saber que, además de los incrementos de los impuestos a los beneficios de las empresas y al ingreso de los más acaudalados, la financiación del gasto se realizará con la compra de obligaciones del Estado a 30 años por parte de la Reserva Federal (la banca central estadounidense), lo que los economistas ortodoxos señalan como la “monetización de la deuda”.
Este estímulo financiero podría considerarse como un programa de reactivación económica keynesiano, que se apoya en el multiplicador del gasto público expuesto por Keynes en el Capítulo X de la Teoría General del Empleo el Interés y la Moneda, pero va mucho más allá. El análisis del contenido de los gastos de los dos tramos estipulados, en poco más de un año, muestra que la iniciativa de Joe Biden tiene características estructurales y pone en tela de juicio las políticas económicas neoliberales que inspiraban la acción de sus predecesores de los últimos años.
El destino del gasto público adicional
Los gastos planificados en la primera parte del programa se orientaban a sostener la demanda global para contrarrestar los efectos de la pandemia Covid. También hubo medidas de largo plazo como la obligatoriedad federal de la escolaridad preprimaria.
La otra novedad fue las propuestas de formación profesional, una iniciativa que retoma las orientaciones de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson para los desempleados, a los efectos de incrementar la productividad del trabajo. Esta tenencia, que economistas heterodoxos estadounidenses llaman la Gran Resignación, se ha desarrollado porque la calificación de los trabajadores los limita para obtener empleos calificados y mejor remunerados o porque los trabajos a los que podían acceder habían sido suprimidos por la apertura del comercio exterior a las importaciones baratas. Vale decir, eran los “perdedores de la mundialización”.
La segunda tanda de gastos es igualmente ambiciosa y comporta un componente importante que muestra un Estado intervencionista y planificador, a través de una ayuda que, los medios de comunicación dominante, llamarían subsidios. Es muy importante la ayuda a los productores de carne de pollo y cerdo por más de 1000 millones de dólares para limitar precios y enfrentar al oligopsonio comprador de la producción compuesto cuatro empresas que comercializan el 84 por ciento de la producción de cerdo.
La otra forma de intervención es más importante en tanto plantea una ruptura con la ideología liberal, más allá de su importancia en términos de gasto público, ya que se orienta a limitar los efectos de la mundialización con el programa "comprar estadounidense".
Subsidios para la compra de bicicletas y autos eléctricos
La medida que más llama la atención es la asistencia para combatir el efecto invernadero para la compra de bicicletas y autos eléctricos. No tanto en el monto ni en la medida que en sí que ya está vigente en Europa, sino en su modalidad de aplicación. Es el caso de la ayuda federal a los particulares para la compra de automóviles eléctricos que puede alcanzar hasta 12.500 dólares por unidad.
Este subsidio, como lo definirían economistas ortodoxos, se descompone en tres partes: 7500 dólares por automóvil eléctrico, al que se agregan 4500 dólares si es fabricado en Estados Unidos y 500 dólares más si la batería lo es también.
Los canadienses calcularon que esto significa un arancel de 34 por ciento para los autos de este tipo producidos en Canadá. Pero hay otra cláusula complementaria que hace que la ayuda de los 4500 dólares para los automotores made in USA se aplique sólo a aquellos fabricados por trabajadores afiliados a sindicatos, lo cual significa que todos los vehículos eléctricos fabricados en los Estados del sur (Carolina del sur, Virginia, Alabama), donde se instalaron Toyota, BMW y Mercedes porque podían impedir la creación de sindicatos, quedan afuera de la medida a la que solo podrán acceder Ford, GM, Tesla en Michigan y California, donde hay gremios.
Lo que ha sorprendido es que las empresas alemanas que practican en su país la cogestión paritaria tengan en Estados Unidos, como en Argentina, una actitud antisindical. A pesar de la vehemente protesta de dichas empresas, Biden contestó que era “más que normal” que el dinero de los contribuyentes sirva para financiar las empresas de su país y los obreros de la clase media, y acaba de felicitar a los empleados de Amazon por haber creado dos sindicatos en plantas de esa empresa en Nueva York.
* Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.