El cura Carlos Fernando Páez fue requerido a juicio en Tartagal por la Unidad Fiscal que conforman Pablo Cabot, Cecilia Flores Toranzos y Sergio Federico Obeid. El representante en Salta del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina ILEC), Fernando Climent, dijo que están acompañando a la víctima y consideran que este caso debe juzgarse en Capital para resguardar al denunciante.

Por otro lado, Climent advirtió que ven con preocupación que uno de los fiscales designados para integrar la Unidad Fiscal que se ocupa de este caso sea el esposo de otra fiscala que tuvo que inhibirse antes de intervenir en la  investigación, a pedido del denunciante, porque era catequista cercana al sacerdote.

La acusación es por abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por ministro de culto reconocido y encargado de la educación. La requisitoria de elevación a juicio ya se realizó, sin embargo, resta esperar la decisión del juzgado de garantías interviniente y que luego el tribunal de juicio en el que recaiga la causa fije la fecha de la realización del debate. 

Cabot es esposo de la fiscala Lorena Martínez quien fue catequista en la parroquia a cargo de Páez. La víctima, en su denuncia de 2019, pidió expresamente que la causa no recayera en la fiscalía de Martínez. "Vemos con muchísima preocupación el proceso que están llevando a cabo, la falta de información a la víctima. Al tener conocimiento de que existe esta irregularidad, no vemos que haya independencia en el resultado", dijo Climent a Salta/12.

El denunciante se encuentra viviendo en otra provincia. Climent señaló que el joven se tuvo que "exiliar" de Tartagal "por lo que significa denunciar a un representate de la Iglesia". Por ello consideró que para su resguardo el juicio debería tramitarse en Capital. Éste también era un pedido del denunciante. 

"Hablamos de religiosos que son influyentes, se los conoce mucho en los pueblos", manifestó Climent. Según explicó, el hecho de que el trámite se realice en el interior provincial también dificulta que puedan conseguir abogadxs que quieran colaborar de forma gratuita ya que el denunciante no tiene recursos económicos. Además, señaló el desamparo de las víctimas de abuso sexual eclesiástico, porque tampoco cuentan en la provincia con abogadxs del Estado ni con contención. 

"Vemos que las víctimas no tienen certezas ni garantías. No piensan en las víctimas, no les garantizan que se sientan acompañadas, contenidas, es la peor de las falencias que tiene el sistema judicial", sostuvo. Resaltó que tampoco desde la fiscalía ni el juzgado interviniente se le informa al denunciante sobre el proceso y se entera de las novedades por la prensa.

El denunciante dijo a Salta/12 que pudo hablar por teléfono con el fiscal Cabot de Tartagal, designado en las últimas semanas para intervenir en este caso. "Él me da toda la seguridad de que va a ser objetivo, que él no está a cargo, y es una Unidad Fiscal en donde hay tres fiscales. Me dijo que me quede tranquilo, que él está buscando la verdad que yo denuncio".

Páez se desempeñaba en la parroquia La Santa Cruz, de Villa Saavedra, en Tartagal, dependiente de la diócesis de Orán, y fue denunciado por un exseminarista que relató hechos de abuso cometidos en contra de su integridad sexual entre 2015 y 2017.

La Unidad Fiscal expuso en el requerimiento las medidas probatorias producidas a lo largo de la investigación y sostiene que el acusado "habría atentado contra la integridad sexual del denunciante, desplegando actos corporales de contenido esencialmente sexual y en contra de su voluntad". Dicen además lxs fiscales que los elementos colectados en la investigación penal preparatoria, "revelan que el relato del denunciante no es aislado y desprovisto de sustento, sino que se corresponde con las manifestaciones de testigos que ocuparon roles diversos en la iglesia donde se desempeñaba el acusado, que dan cuenta de un modus operandi desplegado por parte del religioso".

El denunciante dijo que en la causa declararon dos jóvenes que también contaron que padecieron situaciones similares a las que él denunció. "estos abrazos, estos te amo, los besos en el cuello, la manipulación con respecto al alejamiento de las familias, los amigos, crear este vínculo de dependencia emocional". Uno de los testigos que brindó su testimonio es un exseminarista que no quiso realizar la denuncia y el otro es un joven "que pidió tiempo". 

La víctima dijo que los otros jóvenes tienen miedo de denunciar, "por lo que ya sabemos respecto a cómo es Tartagal, cómo se ve y cómo yo viví esta persecución por mucha gente de la ciudad, del pueblo".

El joven dijo que está siendo acompañado en este proceso por la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico nacional encabezada por psicóloga Liliana Rodríguez.

Climent añadió que Páez era amigo de Gustavo Zanchetta, el obispo emérito condenado también por abuso sexual. La víctima que denunció a Páez también dijo que fue abusado por el obispo cuando fue testigo en ese juicio, aunque no pudo radicar la denuncia contra ese religioso. 

"Vamos a acompañar el proceso, exigimos que haya un debido proceso, cárcel común y que sea sentencia ejemplar. Como institución no estamos viendo que exista un acompañamiento y garantías", insistió Climent.