En la décimoprimera sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, se aprobó la ampliación del boleto solidario a mujeres víctimas de violencia familiar y de género. De esta manera se otorgarán 8 boletos mensuales, con posibilidad de renovarlos, con el fin de facilitar el acceso a la justicia. La iniciativa surgió del propio ejecutivo municipal, a través de la Subsecretaría de la Mujer. 

Desde el área se presentó el proyecto para modificar la ordenanza N° 14.819 que venía otorgando este beneficio a mujeres embarazadas y menores de edad bajo tratamiento oncológico. El proyecto contó con el apoyo de las comisiones de la Mujer, Hacienda, Legislación y Tránsito antes de su llegada al recinto. 

La concejala Malvina Gareca (Unidos por Salta) sostuvo que con el proyecto "se viene a acompañar y garantizar la accesibilidad de la justicia" para las mujeres víctimas de violencias. En ese sentido, las beneficiadas serían aquellas que asisten al Programa de Acompañamiento y/o asistencia a Víctimas de Violencia Familiar del municipio. 

Según la información que aportó previamente la subsecretaria de la mujer, Gabriela Gaspar, se estima que 3 de cada 10 mujeres que asisten al área, se verían beneficiadas con este servicio por un plazo de 6 meses. Con esta medida se intenta plasmar de mejor manera el abordaje integral que vienen llevando adelante, "ya que existe un alto índice de mujeres que son derivadas, a través de oficios judiciales, y no logramos realizar el abordaje por la falta de recursos económicos ante la situación de violencia que viven”.

Esta situación de vulnerabilidad económica fue destacada por Gareca, quien afirmó que ese tipo de violencia (la económica) impide la continuidad a los trámites posteriores a la denuncia penal. "Este proyecto viene a colaborar" para "garantizarles esas primeras acciones continuar el proceso penal, y tener asistencia psicológica y médica".

A modo aclaratorio, la edil afirmó que está ya estipulado un convenio con la empresa de transporte urbano Saeta sobre esta modificación. Y también contó que los fondos para solventar estos boletos están contemplados en el presupuesto municipal. "Vamos a dar un gran paso en favor de mujeres en situación de violencia", remarcó. 

Gaspar aseguró que la modificación de la ordenanza permite "a aquellas mujeres que realizan una denuncia y que están en situaciones de riesgo, a través de 8 boletos mensuales, concurrir a la justicia, consulta psicológica, asistencia social, entre otras”. 

Si bien las mujeres cuentan con distintos espacios para radicar las primeras denuncias por violencia (como las comisarías, el Polo Integral de la Mujer, o la Oficina de Violencia Familiar), una de las mayores complicaciones que se presentan cuando se inician los procesos penales es la continuidad. Los trámites se realizan en la Ciudad Judicial, construida en el norte de la Capital, a más de media hora del centro de la ciudad, y  muchas mujeres no pueden garantizar su traslado por carencia de recursos económicos. 

Incluso, una mujer que inició un proceso judicial por violencia puede necesitar movilizarse a distintos lugares de la ciudad en un mismo día para cumplir trámites que se requieren en estos procesos. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se debe incorporar el acompañamiento psicológico a las citaciones que se emiten desde el Poder Judicial. Esta realidad muestra que 8 boletos por mes resultan insuficientes, cuando en un solo día una mujer denunciante puede usar 4, o más.  

Capacitaciones para erradicar prácticas discriminatorias 

Durante la sesión también se aprobó el proyecto de ordenanza que avala la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación en la Administración Pública Municipal. Esta iniciativa se desarrolló de manera conjunta entre la concejala Inés Bennassar y la delegación en Salta del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

La norma establece que se garantice de manera obligatoria la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación. Con ello, se busca promover la igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, para todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal. 

La ordenanza tiene como objetivo concientizar sobre las distintas modalidades de discriminación, con el fin de promocionar los derechos de las personas y prevenir la discriminación para quienes se desempeñen dentro del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Faltas. En ese sentido, las máximas autoridades de los organismos dependientes de estos poderes serán los responsables de garantizar las capacitaciones, que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la ordenanza. 

Durante la sesión, la concejala Bennassar sostuvo: "tener la información y los conocimientos correctos son las herramientas para avanzar y lograr que en algún momento no debamos hacer ningún tipo de ordenamiento para que todo transite de forma natural, aceptando las diversidades”. “Es por eso que lo invisible es más grande que lo visible y a medida que nos liberemos, nos potenciaremos mucho más”, expresó. 

Por su parte, el delegado del INADI Salta, Gustavo Farquharson, celebró la aprobación de la iniciativa y subrayó que “en Salta, al igual que en otras provincias, el principal ámbito de denuncia es la administración pública”, al tiempo destacó que “la formación y la capacitación son fundamentales para erradicar las prácticas discriminatorias”. “Los cambios culturales llevan tiempo y con este tipo de herramientas se puede ir modificando esa realidad”, sostuvo.