El Boletín Oficial de ayer publicó el decreto 310 de la Secretaría General de la Gobernación en el que se indica que por orden del gobernador Gustavo Sáenz, la provincia intervendrá presentando un “amicus curiae” (amigo del tribunal) en la causa que impulsa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, contra el gobierno nacional por su decisión de redistribuir equitativamente los fondos coparticipables quitándole los históricos beneficios a la capital del país.

El tribunal que tiene que decidir sobre la cuestión es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos jueces fueron criticados en más de una oportunidad por los miembros de la gestión de Alberto y Cristina Fernández.

En el decreto, el Ejecutivo provincial esgrime que “la causa citada precedentemente tiene por objeto la resolución de un tema vinculado a la distribución de los recursos coparticipables, encontrándose en juego en forma indirecta los mecanismos de reparto de los fondos federales con base en los principios de equidad, solidaridad y grado equivalente de desarrollo de las provincias de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional”. Y que “la posible alteración al saludable equilibrio del sistema hace necesaria la intervención de la Provincia en el mencionado proceso judicial”.

Por ello, el mandatario provincial instruyó al Fiscal de Estado, Agustín Perez Alsina, a presentarse en representación de Salta en la causa, “para tomar participación en carácter de Amigos del Tribunal, a fin de fundamentar la posición de la Provincia respecto al tema en debate”.

El vocero de la decisión fue el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, quien explicó que el Régimen de Coparticipación de Impuestos deviene de la recaudación “que pagamos todos en todas las provincias y que luego se reparte en cada jurisdicción proporcionalmente”, y que la Ciudad de Buenos Aires tenía el 1,4% de lo recaudado, pero que en el gobierno de Cambiemos lo subió a 3,75% y más adelante quedó en 3,5%.

El pretexto que utilizó Macri fue que ese incremento estaba destinado a la seguridad capitalina y su policía autónoma. Pero para ese costo de seguridad, que todas las provincias también lo solventan, se le otorgó el doble de lo que realmente necesitaba.

Dib Ashur recordó que Salta recibe el 3,8%, a pesar del atraso en materia de infraestructura y desarrollo, “mientras que al distrito más rico y privilegiado geográficamente, pero con menos territorio, le daban prácticamente lo mismo”.

El ministro defendió la decisión del gobierno del Frente de Todos de discutir ese porcentaje, pero además resaltó que todas esas medidas deben pasar por el Congreso, algo que no se hizo durante la gestión anterior. “Ahora fue por el Congreso, se aprobó, y Ciudad de Buenos Aires está haciendo una demanda que llegó a la Corte”, recordó. 

El funcionario planteó que desde las jurisdicciones piden reglas claras y que se redefinan las funciones “porque todos necesitaríamos más para seguridad”, y que las partidas presupuestarias se repartan equitativamente, “por eso adherimos a lo que planteó el gobierno Nacional, para que esos recursos se dividan entre todos con criterios objetivos”.

Luego detalló que solicitan que sea “equitativo, porque nosotros tenemos muchas más necesidades y con un subsidio más bajo en lo que hace a servicios básicos”, como el transporte, los combustibles y la energía. “Son discusiones de Federalismo”, expresó, y resaltó que la provincia de Salta, junto a la de Misiones, son las que menos subsidios reciben por habitante, “queremos que el sistema de coparticipación nos ayude a desarrollarnos y que las inequidades que tenemos por regiones vayan disminuyendo”.

Este accionar de las provincias ya lo había adelantado el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien fue el vocero tras la reunión que mantuvieron 19 mandatarios (solo se ausentaron los radicales Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez) con el presidente en marzo de este año, cuando le manifestaron su total apoyo y presentaron en esa instancia una nota a la Corte Suprema.

La disputa comenzó en 2020, cuando el Presidente anunció que avanzaría en modificar los fondos coparticipables que la administración del expresidente Mauricio Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía a ese distrito. La administración de Horacio Rodríguez Larreta reaccionó presentando un pedido de cautelar ante la Corte Suprema para dejar sin efecto esa reasignación de recursos.

Los gobernadores sostienen que en el esquema de distribución de recursos vigente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe una participación de la parte que le corresponde a la Nación “que deberá ser compatible con los niveles históricos”, conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Coparticipación (23.548). A partir de su autonomía, el porcentual se había establecido en 1,40% en 2003.

"La decisión unilateral, discrecional e injustificada de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el coeficiente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eludiendo la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo de traspaso y los recursos comprometidos, constituyó una verdadera violación al federalismo", describía la nota que presentaron a través del ministro del Interior, Wado de Pedro a los cortesanos.

"Se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución Nacional y se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, aumentando los recursos de un distrito que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas", agregaron.

Renta Inesperada

El ministro Dib Ashur opinó sobre el proyecto de Impuesto a la Renta Inesperada, que el gobierno girará al Congreso para su debate, y explicó que son varios los países que están estudiando esa posibilidad debido a la situación “extraordinaria” que está viviendo el mundo y que a algunos sectores les genera posibilidades debido, particularmente, a la guerra entre Rusia y Ucrania y la escasez de alimentos, combustibles y minerales, es decir, de algunos commodities. Aunque aclaró que “todavía falta tiempo para el debate y para que se tome la decisión final”.