El Gobierno nacional defendió hoy su proyecto de segmentación de subsidios para los usuarios de los servicios de gas y electricidad, en el que prevé la eliminación de ese beneficio para el decil de mayores ingresos de la población y la continuidad de la atención a los sectores más vulnerables. Dicho planteo fue el eje de la tercera audiencia pública para tratar el nuevo cuadro tarifario para los mencionados sedrvicios públicos, que está previsto que entre en vigencia a partir del 1º de junio.
Desde Francia, donde cumple una visita de Estado, el presidente Alberto Fernández también se pronunció sobre el tema al sostener que "la aplicación de la segmentación, una medida muy progresiva, hace que el que tiene, pague", dentro de un esquema en el que "los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos". El jefe del Estado precisó que "los aumentos se vinculan a cómo evoluciona el salario" y en consecuencia garantizó que "nunca el aumento de tarifas puede ser más alto que el de los salarios".
"Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos", enfatizó el presidente en una conferencia de prensa que ofreció en Paris, previo a su regreso a la Argentina.
La audiencia de hoy fue la última de una serie de tres convocadas por la Secretaría de Energía, que comenzó el martes con los precios de producción de gas natural y continuó el miércoles con la tarifa estacional de electricidad.
El subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, que presidió la audiencia pública de este jueves, criticó el esquema vigente de subsidios a la energía por considerarlo "pro-rico", ya que es "uniforme para todos los usuarios sin atender a su situación socioeconómica", por lo que consideró que "hay margen para mejorar la eficiencia distributiva".
"Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura" y, como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica salvo la tarifa social, "el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica", manifestó.
Detalló que el decil de mayor nivel de ingresos destina el 0,9% de los mismos al pago de los servicios de electricidad y el 2,2% al gas, por lo que propuso "retirar gradualmente los subsidios" a ese 10% de la población con mayor capacidad económica.
Para la individualización de esa franja de usuarios, la cartera energética planteó la evaluación de aspectos socioeconómicos como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización. Para este último criterio, se evaluará que son sujetos pasibles de la quita de subsidios quienes tengan su domicilio ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.
Durante las exposiciones, el director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, explicó que el nuevo esquema implica modificaciones en los sistemas de informática y de facturación de las compañías. Aún sin conocerse detalles, y sobre la base de experiencias similares, estimó "un plazo mínimo de 8 semanas" para su implementación, asumiendo además que tendrá "un costo significativo". Martini señaló que se enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que actualicen su datos de titularidad y la respuesta voluntaria fue de apenas un 2,5%.
Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo, objetó que "se pretenda instrumentar una segmentación con información insuficiente" y que "todo es una incógnita, con una única certeza, que es que todos recibirán facturas con incrementos".
Carlos Saravia, del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, consideró que "no existe justicia" en el actual esquema de subsidio generalizado porque hay usuarios que "tienen posibilidades de solvencia económica para asumirlo".
"En Salta ya experimentamos la segmentación, y terminamos compartiendo lo que quiere hacer Nación: segmentamos por condición socioeconómica", explicó el funcioanrio salteño. "Logramos establecer que el 31% de los usuarios residenciales se corresponde con el 40% de la población en estado de vulnerabilidad. Hoy pagan la mitad de la tarifa. Para el resto, la escalonamos. La solución representa una mejoría.”
