Son 262 días, es decir, casi ocho meses, el tiempo que carga como denunciada e imputada la médica tocoginecóloga Miranda Ruiz, tras haber facilitado junto con un equipo interdisciplinario del Hospital de Tartagal, en Salta, una Interrupción medicamentosa, voluntaria y Legal del Embarazo (ILE) el 24 de agosto de 2021, cuando la Justicia de esa provincia actuó con una celeridad inusitada para castigarla e incluso encarcelarla durante horas, pese a haber cumplido con la norma vigente y con el pedido de una joven en situación de extrema vulnerabilidad, que no quería continuar con la gestación.

Las señorías que impulsaron el amedrentamiento disciplinador tienen nombre y apellido: el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, y el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, la dupla que llegó a mantener a Miranda encerrada e incomunicada en una cárcel el 3 de septiembre del año pasado, con la intervención del conservadurismo antiderechos de la localía política y religiosa, pero que debieron liberarla tras el reclamo de organizaciones de mujeres y diversidades de todo el país que se opusieron a la imposición de un poder patriarcal judicial. En el camino, Vega cambió la imputación por el delito de aborto sin causal a la de aborto sin consentimiento, desconociendo la legalidad de la práctica y que se llevaran a cabo los procedimientos protocolizados.

Hasta ahora, el juez rechazó todos los pedidos de sobreseimiento y la defensa jurídica de la médica presentó un recurso de apelación, que se encuentra radicado en la Sala Primera del Tribunal de Impugnación de la Ciudad de Salta. Ayer se realizó un pañuelazo nacional en apoyo a Miranda, convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, frente a las puertas de la Ciudad Judicial salteña, donde brindó una conferencia de prensa junto con abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), parte de las organizaciones y organismos que presentaron amicus curiae en la causa.

“Seguimos acompañando a Miranda y denunciamos la violencia institucional, y la persecución judicial y patriarcal que enfrenta”, expresó la Campaña en un comunicado. “Esta causa ya tendría que haber sido cerrada desde hace meses, pero un sector antiderecho insiste en la persecución como método de disciplinamiento a lxs profesionales de la salud y a las personas que optan por acceder al derecho del aborto legal”, de acuerdo con la Ley 27.610, que legalizó el acceso al aborto dentro de las 14 semanas de gestación, y pese a que desde mayo de 2018 la provincia adhiere al Protocolo Nacional de las personas con derecho a la ILE, aunque se resista a actualizarlo.

Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y el CELS, organizaciones que acompañan a Miranda desde el momento en que fue imputada, por la personalización que se hace sobre su nombre, su cuerpo y su ejercicio legal de la medicina, se suman al pedido de sobreseimiento, que “fue rechazado, alegando que existe prueba pendiente tendiente a comprobar si existió la causal salud. La prueba pendiente es inconstitucional”, advirtieron en un documento conjunto. “La causal fue certificada por la profesional de la salud en la oportunidad para definirla, tal como lo sostiene la Guía de Atención para estos casos y el fallo F.A.L., de la Corte Suprema de Justicia”, por lo que solicitan que el Tribunal de Impugnación revise la decisión y dicte el sobreseimiento definitivo de la médica. “Garantizar la ley no es delito, hacer acciones para que no se cumpla, sí.”

Para frenar esta avanzada brutal de de persecución y hostigamiento contra lxs profesionales de la salud garantes de derechos, el Estado, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (DDHHN), también se constituyó como amicus curiae en la causa, y “descriminalizar las conductas imputadas” a Miranda. Califica de “sumamente grave que el Poder Judicial, como uno de los órganos de gobierno del Estado, criminalice a una persona por la acción de cumplir con su deber y garantizar un derecho por el cual el Estado argentino está internacionalmente obligado”. En una presentación que elevaron al juez Astigueta, el secretario de DDHHN, Horacio Pietragalla Corti, y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, sostienen que la médica “no solo no cometió delito alguno, sino que de no haber actuado como actuó, hubiese incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por incumplimiento de la Ley y su protocolo de actuación”.

En el informe estadístico “Indicadores Seleccionados de Salud Integral en las Adolescencias de Salta 2017-2019”, del Ministerio de Salud de Salta, si bien surge que los embarazos registrados en niñeces gestantes de 10 a 14 años descendieron en los períodos 2017 (197 nacidxs vivxs), 2018 (185 nv) y 2019 (150 nv) respecto de los registros de 2016, cuando hubo 190 nacidxs vivxs, los cálculos revelan que, en cuatro años, unas 750 niñas fueron madres, además de las 131 con abortos registrados en el sistema de salud. Es decir que “881 niñas de hasta 14 años fueron abusadas en cuatro años en la provincia” y, precisamente, las áreas con mayor cantidad de nacidxs vivxs entre personas de 10 a 14 años en 2019 fueron Tartagal, donde se registraron 57 nacidos vivxs; Orán, donde fueron 43, y Salta Capital, con 22 nacidxs vivxs (ver https://www.pagina12.com.ar/414197-salta-capital-y-el-norte-provincial-concentran-la-mayor-cant)

Miranda Ruiz es una de las contadas profesionales de la salud por el derecho a decidir, que garantizan a niñxs, mujeres, adolescentes y personas gestantes la posibilidad de ejercer autonomía sobre sus cuerpos, en uno de los territorios del NOA donde la amplia mayoría de médicxs y personal sanitario se declaran o manifiestan “objetores de conciencia”, personajes políticos de todo pelaje difunden fotos de profesionales garantes de derechos con leyendas tales como “médica abortista en Salta” o “Vamos conociendo los rostros de los sicarios en Salta”, donde es prácticamente nula la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas de la provincia, sean de gestión pública o privada, y donde aún sigue vigente una acción colectiva en la Justicia federal para frenar la aplicación de la Ley 27.610. Son avanzadas político-jurídicas que desnudan la matriz de su propio espíritu delictivo, cada vez que criminalizan prácticas sanitarias legales y violan el acceso seguro, gratuito y constitucional al derecho humano de interrumpir un embarazo.