Ayer no hubo sesión de Senadores debido a que se está realizando un nuevo encuentro del Parlamento del Noroeste Argentino, que reune a legisladores de toda la región y esta vez la sede es la Legislatura salteña. Sin embargo, el movimiento legislativo no paró, y entre los nuevos proyectos se destaca el que presentó el bloque del Frente de Todos, el cual propone volver la Corte de Justicia a siete magistrados.
Actualmente, tras la modificación que realizó la gestión de Gustavo Sáenz apenas asumió su mandato, ese cuerpo cuenta con nueve integrantes, ubicando a Salta entre las tres provincias con más jueces de Corte, junto a Jujuy, donde Gerardo Morales, también apenas asumido la amplió de cinco a nueve con un movimiento muy criticado en el que terminaron diputados de su espacio ocupando un cargo en el máximo tribunal jujeño.
Ahora los senadores Walter Wayar, Javier Mónico y Manuel Pailler intentarán con su iniciativa, que ya se encuentra en la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, retrotraer las modificaciones realizadas al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (5.642), a través de la Ley 8.182, de 2020.
Los tres legisladores explicaron que de ninguna manera la reducción significará tener que expulsar a ningún miembro, ya que a la renuncia de Horacio Aguilar, uno de los designados por Sáenz en 2020, se suman dos próximas jubilaciones, la de Sandra Bonari y Guillermo Catalano, por lo que el máximo tribunal de la provincia quedará con seis miembros, “dando lugar a que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de cubrir el cargo restante y se garantice la paridad de género”, indicó Wayar.
“Se ha dado la coincidencia que, por renuncia o jubilaciones de otros, el Poder Ejecutivo va a terminar poniendo 9 miembros de la Corte y esto no nos parece muy bueno en términos institucionales”, agregó el legislador, quien subrayó que la gran mayoría de las provincias tienen máximos tribunales compuestos por cuatro o cinco miembros. Y recordó que el proyecto de ampliación se trató en plena emergencia socio sanitaria por la muerte de niños wichís en el norte a comienzos de 2020.
En tanto que Manuel Pailler sostuvo que quedó demostrado que la mayor cantidad de jueces no garantiza celeridad, “las demoras no se encuentran en el máximo tribunal sino en los tribunales inferiores”, remarcó y subrayó que lo único que se consiguió fue sumarle más gastos al Estado, ya que se calcula que entre sus sueldos, los de sus asesores, y otros gastos cotidianos, cada magistrado supera el millón de pesos mensuales.
Parlamento del NOA
Las actividades del encuentro de parlamentarios del Noroeste Argentino comenzaron ayer por la mañana con la reunión de Mesa Ejecutiva en el Hotel Sheraton, que contó con la presencia de los vicegobernadores de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. Mientras que por la tarde se trabajó en comisiones dentro del palacio legislativo.
Para hoy quedó la sesión plenaria en la que el actual presidente del cuerpo, Antonio Marocco, le cederá su lugar a la vicegobernadora y presidenta del Senado de La Rioja, Florencia López.
Como de costumbre, el temario a tratar en estos encuentros incluye asuntos comunes a las 6 provincias. En esta ocasión, buscarán establecer un convenio sanitario para dinamizar la producción de la región unificando criterios y reduciendo trámites repetitivos en cada jurisdicción. También estará presente el avance de la minería, el pronunciamiento de los vicegobernadores a favor del plan de desarrollo plasmado en el Comité Regional del Litio, y la demanda para que se equiparen los subsidios y la coparticipación federal en el interior con respecto al que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, la Mesa Ejecutiva resolvió ratificar la gestión y el avance institucional que tuvo el Consejo Regional del Norte Grande, impulsado por los gobernadores de las 10 provincias del NOA y NEA. Y buscarán ampliar el Parlamento para que incluya también a Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco.
Uno de los proyectos que surgió en las comisiones de ayer, fue el de promover la convocatoria a una mesa nacional de concertación con la industria farmacéutica. La iniciativa será presentada en el plenario de este viernes, con el fin de que tome estado parlamentario y sea tratada en la siguiente sesión del Parlanoa, a desarrollarse en la provincia de La Rioja.
El pedido, explicó el legislador de Salta por el Frente de Todos, Manuel Pailler, en su carácter de miembro de la Comisión de Salud, se sustenta en las continuas subas de precios de los medicamentos, que muchas veces superan a los índices inflacionarios y se está convirtiendo en un serio problema para las obras sociales y los ciudadanos.
El representante por el departamento San Martín dijo que durante el reciente informe brindado al Senado de Salta por parte de autoridades del Instituto Provincial de Salud (IPS), trascendió que el gasto en medicamentos de las obras sociales provinciales subió en los últimos tiempos por los continuos aumentos de precios, pasando de representar el 23% al 37% del total de las erogaciones. Y agregó que el tema se viene planteando constantemente en las reuniones del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), por lo que constituye una aflicción a nivel nacional.
“Queremos que este proyecto llegue a los legisladores nacionales de las provincias que integran el Parlamento del NOA para que promuevan la convocatoria a una mesa de concertación con la industria farmacéutica”, explicó Pailler.
Salud mental
El miércoles, la comisión de Justicia del Senado recibió a la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad; la Secretaria de Salud Mental, Irma Silva; el gerente general del Hospital Neuropsiquiátrico Miguel Ragone, Fernando Acuña; la gerenta de reinserción social, Natalia Acosta, y el director de reinserción e inclusión socio laboral, Horacio Ligoule, para trabajar sobre el proyecto de ley que ya tiene media sanción de Diputados y que impulsa la creación de un Órgano de Revisión para proteger los derechos de las personas con padecimientos en su salud mental.
Ese organismo está previsto en la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, sancionada en 2010 y que tiene por objeto proteger los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental requiriendo información a las instituciones públicas y privadas, para evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos, así como supervisar las condiciones de internación por razones de salud mental, evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, entre otras cuestiones.
El Órgano estaría integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos y el Ministerio Publico; además de miembros de colegios profesionales con incumbencia en la materia y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Mirta Lapad explicó que a nivel nacional el Órgano de Revisión se creó en el ámbito del Ministerio Público, y puso como antecedente local la Curaduría Oficial, creada por la Asesoría General de Incapaces, para asistir a pacientes mentales y sus familiares.
Silva acotó que la ley nacional preveía que el 10% del presupuesto de salud debía destinarse a salud mental y hoy solo se recibe un 1,3%, lo que es insuficiente para las necesidades existentes.
