El juicio por el femicidio de Agustina Nieto (22), asesinada el 10 de noviembre de 2018 en un aguantadero del barrio San Benito en la zona sudeste de la Ciudad de Salta, comenzará el lunes próximo a las 9. Se realizará de forma parcial contra el único imputado que tiene la causa, Joaquín Octavio "Gololo" Viñabal.
Aunque resulte difícil de creer, el juez a cargo del Tribunal Unipersonal es Federico Diez, que está encausado por violencia de género. La familia de la víctima expresó su preocupación luego de enterarse, este jueves, que el magistrado fue denunciado por su expareja debido a lesiones y amenazas con armas, y convocó a una movilización en reclamo de justicia en la Ciudad Judicial el día de inicio de las audiencias de debate.
"Lamentablemente nos toca un juez que por lo menos a mí no me da buena espina. Se trata de un juez que está denunciado por violencia de género, que jamás fue juzgado, que lo apartaron del cargo y lo volvieron a poner. No nos da garantías de un juicio justo en que no se vaya a juzgar la víctima", dijo a Salta/12 la hermana de Agustina, Daniela Nieto.
La joven dijo que en la mañana de este jueves, al googlear el nombre del juez, se enteró de que había sido denunciado por su expareja. La causa contra el magistrado fue enviada a juicio a fines de 2016, pero nunca se concretó; estuvo suspendido desde 2018 y volvió al ejercicio del cargo en 2021, sin haber sido juzgado.
Nieto señaló que vienen luchando desde hace casi 4 años por justicia para su hermana y les preocupa cómo se juzgará al único imputado que fue identificado incluso por aportes que hizo la familia a la Fiscalía, ya que se enteraron que estuvo con Agustina y otras personas la última noche en la que se la vio con vida. "Había un coimputado que fue absuelto. El único imputado declaró una cosa primero y después otra. Si bien nos remitieron a la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Femicidios), tuvimos menos noticias de ellos que de los fiscales anteriores", dijo.
Miguel García, primo de Agustina, señaló que la causa tuvo cuatro fiscales y temen que se cierre con este juicio y no se siga investigando para dar con los otros implicados.
"Lo que nos queda es salir a denunciar, si no hay un fallo que satisfaga lo que la familia considera pertinente. Es la memoria de nuestra prima, la lucha por justicia, en ese sentido nos enmarcamos", expresó García. Además, dijo que el hecho de que se vincule "al juez con una denuncia por violencia de género, pone en desnudo el rol del Estado en un montón de casos de violencia de género y también la impunidad en casos de gatillo fácil que no son resueltos cuando se trata de familias trabajadoras las afectadas".
La familia sostiene la hipótesis de que a Agustina la asesinaron por un ajuste de cuentas narco. La joven tenía problemas de adicciones, una persona informó a sus familiares que habría robado pasta base a un hombre, supuestamente un policía, y les señaló que ese habría sido el móvil del crimen. Sin embargo, García y Nieto señalaron que la Fiscalía no quiso continuar y profundizar la investigación en esa línea.
Ambos familiares dijeron que hay jóvenes que podrían tener más información sobre el crimen de Agustina, pero al tratarse de chicxs adictxs, el primer fiscal interviniente, Pablo Paz, les dijo que no podían llevarlos a declarar porque vivían bajo el efecto de estupefacientes, lo que dificultaba que sus testimonios fueran válidos.
De hecho, Daniela contó que hubo una testiga con problemas de adicciones cuyo testimonio se quiso invalidar después porque se consideró que no estaba "lúcida". Comentó que esta mujer refirió que estuvo con la víctima la última vez que se la vio con vida, con Viñabal y otro hombre, propietario de la casa abandonada en la que se encontró el cuerpo. Este último hombre ya fue declarado inimputable por una junta médica que le diagnosticó "retraso mental leve" y fue absuelto.
La hermana de la víctima dijo que la testiga sostuvo que luego de haber estado con Agustina y los otros dos varones se fue, y lxs tres jóvenes se quedaron en ese terreno que funcionaba como "aguantadero".
Viñabal está acusado porque fue señalado como la última persona que estuvo con Agustina, y porque la Fiscalía advirtió contradicciones en su declaración. El requerimiento parcial a juicio fue hecho por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien sostuvo que el imputado, en compañía de una o más personas, aprovechando el resguardo que le permitían las condiciones del lugar habría asesinado a la víctima "oprimiéndole el cuello y sofocándola hasta provocar su deceso". La autopsia reveló que la muerte de Agustina se produjo por asfixia mecánica por sofocación.
El primo de Agustina señaló que el acusado no tiene recursos económicos y, sin embargo, cuenta con un abogado privado, Roberto Adrián Reyes, por ello consideró que puede haber una "cuestión de bancada, de pago del financiamiento del abogado" por parte de otros implicados.
Lxs hermanxs de Agustina, en cambio, no pudieron constituirse en querellantes porque en principio les negaron esta posibilidad debido a que hasta 2020 solo podían hacerlo familiares directos como madre, padre o hijx. La mamá y papá de Agustina ya estaban fallecidxs. Luego, cuando se modificaron las condiciones para la querella, por una modificación el Código Penal, intentaron la presentación con dos abogadxs pero el Juzgado de Garantías 3 se la negó por haberse realizado fuera de los tiempos procesales dispuestos.
Lxs hermanxs tampoco pudieron presentar la querella en representación del hijx de la víctima porque las autoridades demoraron la resolución de la guarda legal. Una de las tías del niño se hizo cargo de él después del femicidio, sin embargo, recién este año le otorgaron los papeles de la guarda y pudo comenzar a tramitar la Ley Brisa, según refirió Daniela.
