"La abogacía pública es una categoría que hay que recuperar”, subrayó en una entrevista con Rosario/12 el director de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Nación (ECAE), Guido Croxatto, en la que destacó la importancia de recuperar la función del abogado del Estado para defender el interés público. Con la intención de federalizar las capacitaciones; la ECAE, que integra la Procuración del Tesoro de la Nación, realiza seminarios especializados para abogados y abogadas de todo el país, como el que se está cursando desde el mes pasado en la Facultad de Derecho de la UNR. Además, la ECAE relanzó una especialización en Delitos Económicos Complejos y Prevención de Lavado de Activos, que el gobierno de Mauricio Macri había dado de baja, y que cursan todos los abogados de la UIF, la AFIP y la Procuración del Tesoro. La semana pasada, y en el marco del proyecto antilavado que el Ejecutivo envió al Concejo, el intendente Pablo Javkin le envió una nota a Croxatto para que los funcionarios que integrarían la Unidad de Control contemplada en la ordenanza se capaciten en la ECAE. "Vamos a trabajar para que estas capacitaciones le sirvan a la abogacía pública de todo el país", planteó Croxatto.

La ECAE es el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los y las profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado. El gobierno de Macri desmanteló cursos, seminarios y posgrados; dando de baja, entre otras, la Maestría en Abogacía Pública, la única gratuita que se dictaba en el país. Y como se mencionó anteriormente, la especialización en Delitos Económicos Complejos y Prevención de Lavado de Activos, dejando de formar a los abogados del Estado para combatir el crimen sofisticado. 

"Con el avance de las miradas neoliberales, tecnocráticas, con el avance de la economía sobre el derecho, los abogados hablamos cada vez más como abogados de empresas y cada vez menos hablamos de justicia social, de derechos económicos sociales y culturales, de equidad y de igualdad, palabras que están desapareciendo del horizonte de los abogados", reflexionó Croxatto.

"La abogacía estatal no está jerarquizada, está cooptada en parte. La maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral es la que forma a casi todo el cuerpo de abogados del Estado con una visión muy pro mercado. Dudo mucho que una universidad privada pueda formar buenos abogados del Estado, que si no están preparados para defender el interés público es mucho más fácil extranjerizar, endeudar y vaciar el Estado, rifar el patrimonio público. Este gobierno decidió que la Escuela tuviera un lugar protagónico", agregó el director de la ECAE.

El mes pasado, la ECAE y la Facultad de Derecho de la UNR iniciaron el Seminario Especializado en Abogacía Pública. El Seminario consta de seis encuentros y participan docentes como la ex Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, Viviana Kluger, Julián Axat, Juan Pablo Bohoslavsky, Pablo Cabral y Marisa Herrera. "Hay una sobre oferta de cursos y capacitaciones en CABA y una gran carencia en el resto del país. Queremos atacar ese déficit, y que todos los cursos de Abogacía Pública lleguen a todo el país y se puedan cursar todas estas especializaciones", sostuvo Croxatto.

En ese sentido, Marcelo Maisonnave, coordinador del Área de Vinculación Social, Tecnológica y de Acceso a la Justicia de la Facultad de Derecho, dijo que "es fundamental reforzar la formación de los y las profesionales del derecho a partir de la defensa de la soberanía, el interés colectivo y el desarrollo humano, para reconstruir un proyecto de Nación con justicia social y federalismo”. 

Por otra parte, Croxatto manifestó que hay que reestablecer el Mecanismo de Cooperación e Intercambio en materia de la Abogacía Estatal (MeCIMAE), un mecanismo de cooperación e intercambio entre abogados públicos del Mercosur, creado en Argentina en el 2008. "El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo paralizó para abrir una era anti estado de privatizaciones y ajuste", remarcó el director de la ECAE. 

El intendente Javkin envió el pasado 10 de mayo una nota a Croxatto para que considere la posibilidad de que profesionales del municipio puedan realizar la capacitación en Delitos Económicos Complejos y Prevención de Lavado de Activos, pedido que la ECAE ha recibido desde distintas fiscalías antilavado del pais. Javkin refiere que el Municipio es desde el 2012 informante voluntario de la UIF, y que la intendencia envió al Concejo un mensaje para "controlar de manera más eficiente la transparencia, origen y trazabilidad de las inversiones que se realizan en la ciudad". 

Además, el intendente explica en la carta que se creará una Unidad de Control como autoridad de aplicación conformada por funcionarios de las secretarías de Gobierno, Hacienda y Modernización, que será la encargada de recibir y procesar los reportes de alertas sospechosas generados y evaluar en cada caso la pertinencia de proceder a su informe a la UIF o el organismo de control que corresponda. 

"A los fines de garantizar la efectiva implementación de los mecanismos de control propuestos, consideramos de suma importancia potenciar la formación y capacitación de los operadores del sistema, para lo cual resulta de gran interés de esta administración acceder a la especialización", planteó Javkin. 

Según se lee en la preinscripción a la Especialización en Delitos Económicos Complejos y Prevención de Lavado de Activos, se reconoce la importancia de capacitar en los conocimientos, tecnologías y principios requeridos para el desempeño de las tareas inherentes al Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado "frente al funcionamiento especulativo de los mercados internacionales y la proliferación de fraudes financieros y bancarios, potenciados por un proceso global de desregulación y flexibilización de las estructuras de control".

"Esta circunstancia -agregan- sumada al incremento constante de las herramientas de prevención y represión de la delincuencia transnacional, visibilizaron a su vez una mayor complejidad de los delitos financieros y la utilización de sofisticados instrumentos económicos para cometer esta clase de crímenes, encubrir a quienes se benefician y realizar el producto en la economía legal".