Santa Fe

El decreto de Omar Perotti que incorporó a su gabinete como director del Servicio Penitenciario de Santa Fe al ex agente del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura, teniente coronel José Alberto Bernhardt, desató un escándalo político. Los organismos de derechos humanos repudiaron la designación del militar que “perteneció a la estructura central del genocidio” y le pidieron al gobernador que la revoque. “Nunca más un genocida en la función pública”, exigieron las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y los Familiares de Desaparecidos. “No queremos genocidas en el gobierno democrático”, expresó la regional de Hijos Santa Fe que integran la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol y la directora de Memoria Valeria Silva. Y lo mismo planteó la regional de Hijos Rosario que rechazó la decisión de Perotti de reciclar a un coronel retirado del Ejército que operó en el 601, “el sitio neurálgico” del terrorismo de estado, donde “se definían las operaciones clandestinas que ejecutaban los grupos de tareas”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dijo que el gesto del mandatario “ofende y lesiona la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia” y el “El Colectivo” de ex presos políticos manifestó su “dolor porque en democracia se sigue reciclando a personajes del terrorismo de estado”.

Bernhardt cumplirá 72 años y hasta ayer era jefe de seguridad en un barrio privado de Santo Tomé. Si asume el cargo, será su regreso a la Casa Gris después de catorce años. Entre 1995 y 2007, fue funcionario en los dos gobiernos de Jorge Obeid y en el interregno de Carlos Reutemann. En el primer mandato de Obeid (1995-1999), era el subsecretario de Seguridad Pública y tenía como segundo a un ex suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa. Un sumario del Ejército -que se conoció después- reveló que Correa integró el grupo de tareas que persiguió y fusiló a una militante de la Juventud Peronista, en diciembre de 1976. Correa murió impune en agosto de 2007, tras burlar la prisión domiciliaria. El jefe de esa patota, teniente coronel Alberto José Caime, deberá responder por el crimen en una causa que ya fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral de Santa Fe.

Ayer, el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez defendió la designación de Bernhardt en el gabinete. Los dos fueron funcionarios de Obeid. Bernhardt “no tiene ninguna causa penal iniciada”, dijo Gálvez. En el primer juicio al ex juez federal Víctor Brusa, en 2009, el ex comisario Avelino Canteli, pidió que el Tribunal citara a Obeid para que explique por qué tenía en su gobierno a Bernhardt y a Correa, quien llamó “asesino”. La jueza Lilia Carnero propuso que se convoque al ex gobernador, pero quedó en minoría. Cantelli testimonió el 24 de noviembre de 2009. Cuarenta y ocho horas después, dos sujetos que se movilizaban en una camioneta intentaron secuestrarlo, pero se equivocaron y tomaron como rehén a un vecino de su misma edad y gran parecido físico, a quien dejaron en libertad cuando se dieron cuenta del error.

Gálvez dijo que Bernhardt no tuvo “ningún impedimento” para ser funcionario de Obeid y Reutemann y tampoco lo tiene ahora. Está denunciado desde noviembre de 2015, cuando el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos lo incluyó entre los oficiales y suboficiales que integraron el Batallón de Inteligencia 601. La inteligencia militar era “el ‘sistema nervioso’ del terrorismo de estado que conectó las máximas autoridades con los centros de tortura y desaparición de personas, operados por personal de Inteligencia”, dice el informe al citar al investigador José Luis D’Andrea Mohr. El objetivo de la investigación “es despejar la aparente desvinculación que tuvieron en las violaciones a los derechos humanos quienes, siendo parte de la estructura organizativa, no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero sin embargo compartieron acciones, estructuras, espacios y tiempos con aquellos que sí han sido identificados. Por ello, a través de información que vincula a partícipes identificados con los que nunca lo fueron, se trata de establecer que –por la actividad a la que estaban asignados- no pudieron ser ajenos a los hechos que se juzgan”.

El Foro contra la Impunidad –que integran los organismos de derechos humanos de Santa Fe- rechazó la designación de Bernhardt en el gobierno de Perotti porque “perteneció a la estructura central del genocidio”. Entre 1995 y 1999 –insistió-, Bernhardt tuvo como asesor a Correa (“imputado y procesados por delitos de lesa humanidad”) y “desconocemos que haya condenado el terrorismo de estado o aportara información a la justicia”. “Sí sabemos que en 1982, momento en que la dictadura cívico-militar comenzó a retirarse, fue incorporado al núcleo selecto de los genocidas”, en el Batallón 601. “Nada bueno puede hacer en democracia un funcionario con esas características. Es una pésima medida hacia la sociedad santafesina por parte de un Estado que debe trabajar para consolidar la democracia y el respeto a los derechos humanos. El gobierno provincial tiene tiempo de enmendar su error”.

Las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos de Santa Fe plantearon: “Nunca más un genocida en la función pública”. "Bernhardt integró el Batallón 601 en 1982 y 1983 -centro operativo de la inteligencia militar, desde el cual se decidían las vías de la represión-". Y doce años después, "ejerció como subsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe" y tenía como asistente técnico "al conocido asesino y torturador suboficial mayor del Ejércuito Nicolás Correa, 'El Tío Nicola'".

En una carta pública, la APDH de Rosario sumó también su repudio a la designación de Bernhardt y solicitó a Perotti que "revoque dicho nombramiento que ofende y lesiona la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, banderas insoslayables de la democracia desde hace 45 años".