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El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), Leopoldo Moreau, salió a denunciar que el macrismo prepara una operativo de denuncias judiciales para desacreditar la tarea que viene llevando adelante el organismo que encabeza en el Congreso y que denunció la existencia de un plan sistemático de espionaje durante el gobierno de Cambiemos. “Forma parte de una contraofensiva de venganza que puso en marcha el macrismo, que ya dejó atrás la etapa de la impunidad que le garantiza Comodoro Py”, le dijo el diputado del Frente de Todos a Página/12.
En los últimos días florecieron anuncios de denuncias penales después de que la CBI pidiera informes –como lo ha hecho infinidad de veces– en una causa que suscita especial interés para exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri: la que tramita en San Nicolás contra referentes de Camioneros por una protesta –que incluyó un bloqueo– a una distribuidora. En ese expediente, Florencia Arietto –exasesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y ahora más cercana al sector de Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO– es abogada del empresario que denuncia a los gremialistas, Gustavo Rey.
En la causa de San Nicolás, hay dos personas detenidas, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, y se allanó la sede central del gremio que lidera Hugo Moyano. El expediente está en manos de la jueza María Eugenia Maiztegui y de la fiscal María Del Valle Viviani.
El martes pasado, el abogado del sindicato de Camioneros, Javier Moral, se presentó ante la CBI para denunciar posibles violaciones a la ley de inteligencia. Sostuvo que, antes de una audiencia, había podido ver que había transcripciones de conversaciones entre abogados y clientes –lo que está prohibido– y que, por el contrario, figuraba una conversación entre la fiscal y Cabaleyro que no había sido desgrabada. Además, advirtió que el empresario Rey había intercambiado mensajes con una persona de nombre Francisco Sturm, que le habría proporcionado información confidencial de Camioneros y que sospechaba que podía pertenecer a los servicios de inteligencia.
La CBI le pidió, en esa línea, acceso al expediente a la jueza Maiztegui y le preguntó a la fiscal acerca de la investigación preliminar que venía llevando adelante. También le consultó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, si el informante revistaba en esa dependencia y le envió una nota a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) para saber si había hecho interceptaciones telefónicas en la causa. La oficina de la Corte respondió que así lo había solicitado la jueza y que las escuchas quedaron en manos de la delegación de la policía bonaerense de Baradero.
El pedido de informes desató la reacción del macrismo. La jueza Maiztegui pidió licencia y, según se informó, estaba con un pico de estrés. Clarín deslizó que la fiscal evaluaba denunciar a Moreau. Arietto usó su cuenta de Twitter para decir que el presidente de la CBI estaba coaccionando a las funcionarias judiciales y obstruyendo la labor de la justicia. Escribió que se estaba ante un caso de "apremios ilegales". La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) –que preside Marcelo Varona Quintián, fiscal adjunto de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio Público de la Ciudad– denunció que había una afectación de la independencia de la fiscal.
El diputado Waldo Wolff usó sus redes sociales para denunciar que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a través de Moreau, apretaban jueces por el pedido de información de la CBI. El mismo diputado había impulsado en 2020 una denuncia contra los fiscales que investigaban el espionaje en Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y contra periodistas del portal El Destape por publicar información vinculada a la causa.
A nivel de la Bicameral, dos de las espadas del macrismo –Gerardo Milman y Cristian Ritondo– le pidieron explicaciones a Moreau alegando que no había consultado con la CBI a la hora de pedir informes por la denuncia del abogado Moral. Moreau les respondió que el reglamento de la Bicameral permite al presidente hacer averiguaciones preliminares.
La embestida contra el presidente de la CBI tiene lugar en la misma semana en que la comisión terminó con las convocatorias a los jerarcas de la AFI macrista y se apronta a trabajar en un dictamen sobre el espionaje en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. Esa investigación se inició en diciembre pasado tras la aparición de un video que daba cuenta de cómo la AFI, funcionarios provinciales y empresarios coordinaban cómo impulsar causas que derivaran en la detención de un dirigente sindical. “Estamos cerrando el tema de la Gestapo, donde la declaración (del exdirector operacional de Contrainteligencia) Diego Dalmau Pereyra dejó la investigación a un milímetro de Macri”, dice Moreau.
Durante el gobierno de Macri, se inició en Comodoro Py una causa por las presiones del Ministerio de Seguridad contra los Moyano. Allí se presentó el exespía Facundo Melo y dijo que lo habían presionado para que un barra de Independiente que él defendía involucrara a Hugo y Pablo Moyano en una causa que tramitaba en la justicia provincial.
Por esa investigación, dos altos jefes de la AFI– Juan Sebastián de Stefano y Fernando Di Pasquale– fueron a “visitar” a dos jueces, Gabriel Vitale y Luis Carzoglio, para interesarse por las detenciones de los dirigentes sindicales. El propio Gustavo Arribas reconoció que la reunión con Carzoglio existió. En simultáneo, la AFi puso micrófonos y cámaras en una alcaidía provincial a la que, según los espías, tenían previsto llevar a los Moyano cuando fueran detenidos.
