Ana Clarisa Galán Muñoz ejerce la función de defensora pública de coordinación de la jurisdicción federal de Salta, y en la causa por el cobro indebido de los Ingresos Familiares de Emergencia (IFE), otorgados en plena pandemia para las personas más necesitadas del país, defendió a cinco de los acusados, de los cuales tres fueron sobreseídos en juicio y dos obtuvieron penas leves.

Para la defensora oficial, lo que se hizo con muchos de los apuntados fue una verdadera injusticia y un escarnio público con sentencia previa, debido a que la mayoría de los 67 imputados eran en ese momento concejales de pequeñas localidades del interior de la provincia de Salta, en donde sus salarios no superaban los $15.000 a $20.000 y acababan de asumir. 

Además venían de los sectores más llanos de la economía, por lo que muchos de ellos o sus parejas, ya cobraban las Asignaciones Universales, “y ni siquiera se tuvieron en cuenta las demoras administrativas entre los municipios, la provincia y ANSES en cuanto a las bajas o altas en el sistema” devenidas también por el parate administrativo que se dio en plena pandemia y que hizo que no impactaran las declaraciones juradas en tiempo y forma.

La denuncia terminó ensuciando a la política y “le hizo el juego a los antipolítica, porque terminaron con el discurso de son todos iguales, cuando en realidad se trataba de pobre gente del interior que terminó señalada por algo que no hizo, o ni siquiera se dio cuenta que podía ser un delito”.

Galán Muñoz detalló con asombro que Salta fue el único distrito en el país en el que se persiguieron casos de gente que figuraba como que había querido inscribirse pero había sido rechazada por el sistema, cuando según los datos que aportó la ANSES, se rechazaron más de 4 millones en todo el país por no reunir los requisitos para recibir el beneficio. “Con el criterio que se persiguió acá, tendrían que haber investigado a cada uno de esos y, sin embargo, no sucedió porque no es un delito algo que no se hizo”, explicó.

La funcionaria de la Defensoría Pública aclaró que otros casos “fueron muy reprochables por haberlo cobrado teniendo un sueldo”, como los casos de los gerentes del PAMI, “que teniendo un buen sueldo, lo pidieron, se les otorgó, lo cobraron, y no dijeron nada”.

Pero casi totalidad de los casos, ni siquiera había claridad por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de quiénes podían ser beneficiarios, “en el juicio nos dijeron que había más de 40 reglas con cinco resoluciones distintas”, y que una de ellas preveía ante esa situación de emergencia que provocó la pandemia, que se otorgaría el IFE, “a aquellas personas que cobraban la AUH de manera automática y compulsiva”. Por lo que no podían reclamarle a alguien “que había intención de defraudar al Estado porque le figuraba ese cobro, o a sus parejas o ex parejas”, como sucedió en varios casos de los imputados de Salta.

Uno de sus defendidos, Julio Laxi, es de Rivadavia Banda Norte, uno de los municipios más pobres del país, “antes de ser concejal era basurero informal”, contó la defensora, y la que cobraba la AUH era su mujer, “él en diciembre, cuando asumió, fue a preguntar cómo hacía para dar la baja, pero como ocurre generalmente, esos datos impactan tarde, tanto para la alta como para la baja”, detalló, “que es de hecho lo que pasó pero recién en el mes de abril”, agregó. Mientras en marzo, el Estado ya le había otorgado, “a la mujer de Laxi y sus hijos, no a él”, el IFE automáticamente, y resaltó que ni siquiera lo llegaron a cobrar porque impactó a finales de abril, “no lo tocaron, y ANSES lo terminó retirando”.

Ese caso surgió tras el escándalo periodístico, que derivó en una solicitud de la fiscalía a ANSES para rastrear a cada funcionario público de la provincia. Al igual que le sucedió al edil de Animaná, Santos Palma, “este caso es aún peor”, indicó Ana Galán, “porque le saltó que su ex mujer, de apellido Vallejos, a la que no veía desde hace 9 años porque vive en otra provincia, había cobrado el IFE por un hijo que tuvo con una pareja posterior”.

“Santos no podía caminar por la calle porque le gritaban que devuelva el IFE, y así le pasó a todos, porque los escracharon injustamente en los medios”, manifestó indignada. A Palma, contó, se le despertó por el estrés y la angustia vivida “una diabetes galopante”, y lamentó todo lo sucedido porque estuvieron un año y medio procesados hasta que el mismo fiscal reconoció que había que absolverlos, “pero hasta eso la pasaron muy mal y ya quedaron marcados como estafadores, porque nadie viene ahora a aclarar la situación”.

El tercero de los casos que defendió y fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1, fue el del edil de Guachipas, Héctor Cari, que pudo demostrar gracias a testigos, que no fue él quien llenó el formulario, sino que fue un funcionario del área social municipal, como lo hizo con todos los trabajadores del municipio por orden del intendente, y que reconoció el hecho.

Dos que sí fueron sentenciados, aunque con penas menores, fueron Nicolasa Maraz, de Los toldos, y Osvaldo Reynaga, de San Lorenzo. Aunque Galán aseguró que recusarán la sentencia.

En el caso de Reynaga, la defensora advirtió que en su facebook quedó demostrado “que él siempre ayudaba a la gente de los barrios más carenciados como los de San Agustín, que por ahí no tienen celular o internet, a hacer los trámites de ANSES”. El ex edil figura y reconoce que llenó el formulario de ingreso el primero de abril del 2020 a las 22:30 y aunque fue rechazado automáticamente, para el fiscal hubo un intento de defraudar al Estado.

Para la defensora oficial, no solo quedó demostrado por testigos que aseguran haber hecho las pruebas junto al concejal, quien les mostró qué pasos seguir utilizando su nombre “en un día que ni siquiera correspondía a su terminación de DNI, y sin haber tramitado una clave de seguridad social”, sino que además, ese sistema abierto que ofrecía ANSES “no requería una declaración jurada”, por lo que no puede ser considerado un delito penal, “porque si no, tienen que perseguir a los más de 4 millones de rechazados”.

Reynaga fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación por defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público en grado de tentativa, “cuando quedó demostrado que nunca hubo una intención de fraude”.

El caso de Maraz es todavía más triste, por tratarse de una mujer que vivió y trabajó de la agricultura familiar toda su vida en El Condado, paraje ubicado en el municipio de Los Toldos, en el extremo norte de la provincia, y al que se accede solo a través de Bolivia.

Tanto el intendente, Virgilio Mendoza, como el diputado Francisco “chila” Acosta, reconocieron que fueron ellos los que la convencieron de presentarse a concejal por el conocimiento de la gente de ese lugar que ella tenía, pero que al momento de asumir, decidió renunciar a su dieta, que era de apenas $15.000, “para sostener la Asignación Universal de su hija y las becas Progresar de sus hijos, que les habían permitido estudiar fuera del pueblo, algo que a ella nunca le pasó y quería que sus hijos tengan esa oportunidad”.

“A ella y su hija el IFE le correspondía por cobrar una AUH, y porque reúne todas las condiciones, porque vive de su huerta en su casa de adobe con pozo ciego en lugar de baño, y nada de eso le importó ni a la Justicia ni a los medios que la escracharon”, exclamó la defensora ofuscada ante la situación.

La concejala fue absuelta por el delito de defraudación, pero recibió un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, “yo no terminé de entender bien todavía cuál es ese incumplimiento”, afirmó Galán, “¿qué debió haber hecho? Ella renunció al pago de su banca como correspondía, no está prohibido eso, pero ¿tenía que imaginarse en diciembre que en China estaba surgiendo un virus que iba a expandirse a todo el mundo y que iba a generar un IFE que se entregaba automáticamente a quienes tenían la AUH?”, manifestó en tono irónico.

Por último, dijo sentir pena por todo lo sucedido y cómo se sobredimensionó la causa, porque todos sus defendidos pasaron más de un año y medio de pesadilla, y quedaron marcados, “pagando transporte para presentarse ante la justicia en cada audiencia, sin dormir por noches y sin comer porque no tienen un peso”.

“Esa es la megacausa de corrupción del IFE”, “y no miden que fue devastador para sus vidas”, concluyó.

La causa por el cobro indebido del IFE se inició tras una investigación periodística en la que se cruzaron los documentos de muchos funcionarios y funcionarias de la provincia con los de quienes se habían inscripto, o habían intentado hacerlo, para cobrar la ayuda estatal. En ese momento, surgieron 50 nombres, que luego, con la intervención de la fiscalía, se ampliaron a 67, la mayoría de ellos concejales sospechados de haber cobrado el IFE.

El miércoles, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, condenó a cinco concejales que se sumaron a la de los ex gerentes del PAMI de Orán y Embarcación, Viviana Fernández y Javier Navarreta, quienes recibieron penas de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

Además, del total de imputados, 30 casos se resolvieron mediante la aplicación de suspensión de juicio a prueba y 17 a través de conciliaciones. Lo que equivale a 47 acuerdos a través de medidas alternativas de resolución de conflicto, las cuales dejaron un saldo de $1.559.000 en donaciones por parte de los apuntados, que se destinaron a 45 entidades de bien público, según informó el Ministerio Público. 

También se establecieron 3.694 horas de trabajos comunitarios por parte de los concejales que adhirieron a estas medidas, incluso 28 de ellos acordaron auto inhabilitarse para participar como candidatos en dos periodos electorales.