El Juzgado Federal de Instrucción número 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, tiene desde la semana pasada un pedido concreto para avanzar en una causa que desde hace casi una década tiene paralizada: la que tiene en la mira a civiles empresarios de las fábricas ceramistas Lozadur y Cattáneo por sus aportes a los crímenes de lesa humanidad que sufrieron un grupo de sus trabajadores y trabajadoras. En una presentación que detalla prueba por prueba su participación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó la imputación y su citación a prestar declaración indagatoria de ocho ex integrantes del directorio y el personal jerárquico de esas empresas en secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de 15 obreros y obreras de esas fábricas. También los señalan como responsables de allanamientos ilegales y robos.

“Las pruebas indican que en Cattáneo y Lozadur hubo por parte de los directorios y algunos gerentes aportes concretos” a los crímenes de lesa humanidad que sufrieron un grupo de trabajadores y trabajadoras, todos referentes sindicales ceramistas, en 1977, afirmó en diálogo con este diario Ezequiel Uriarte, que junto a Fernando Almejún representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos en el expediente. En la presentación, los abogados plantearon que las empresas “a través del accionar de sus directivos y gerentes señalaron y entregaron a sus empleados a las garras del Ejército para que los secuestraran, torturaran, asesinaran y desaparecieran”.

La acusación abarca a 8 ex directores y personal jerárquico de las fábricas de cerámica y porcelana, dos de las más importantes dentro del cordón industrial localizado en la zona norte del Gran Buenos Aires y uno de los focos principales en los que el Ejército argentino, representado por el Comando de Institutos Militares –con sede en Campo de Mayo– enfocó su poder represivo en los años previos y, sobre todo, durante la última dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación quiere que Vence llame a declarar a Carlos Gasparutti y a Alfredo Katzenstein, exdirector titular y ex jefe de Producción de Cattáneo respectivamente. También a Pedro Ernesto Bouche, ex gerente general de Lozadur; José Ramón Penas, ex gerente de Relaciones Industriales; Miguel Luis Puigdevall, ex subgerente de Relaciones Industriales, y a los ex directores y apoderados Pedro Urs Naser, Daniel José Eduardo Igartúa y Alfonso Godofredo Amoroso Copello. También solicitaron la indagatoria de Santiago Riveros, el genocida multicondenado de Comando Institutos Militares, por dos de los 15 casos.

Las pruebas que indican que deben dar explicaciones por sus aportes al aparato represivo que, en su brazo operativo se corporizó en patotas de civiles encapuchados, identificados como personal policial, irrumpiendo en domicilios de trabajadoras y trabajadores ceramistas o en la propia fábrica, secuestrarlos y depositarlos en Campo de Mayo antes de desaparecerlos en su inmensa mayoría, son muchas. Van desde declaraciones testimoniales de familiares hasta actas de directorio en el que quedaron registradas sus opiniones respecto de la militancia gremial dentro de las fábricas y sus planes para ponerles fin.

Los casos

Desde años antes del golpe militar, les trabajdores de Cattáneo y Lozadur trabajaban a destajo por bajos salarios y en pésimas condiciones. Hacia principios de la década del ‘70, obreros de ambas fábricas encabezaron un proceso de renovación de la seccional local de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) por una conducción más combativa, que lideraba estos reclamos.

Lo lograron, incluso sobreponiéndose a la burocracia sindical que dirigía esa seccional y que se mantenía en connivencia plena con las patronales. Fueron duramente perseguidos. A principio de 1976 sucedieron los primeros secuestros, en las puertas del comienzo de la dictadura: Juan Pablo Lobos, uno de los trabajadores secuestrados, apareció muerto al otro día en la calle; el otro, Segundo Figueroa, fue liberado para que cuente lo que había sufrido, toda una noche de torturas. En noviembre de ese año fue nuevamente secuestrado y ya nunca más se supo de él. Durante 1977, no obstante, sucedieron la gran mayoría de detenciones clandestinas.

En medio de medidas de fuerza de les trabajadores, la empresa Lozadur inició un lockout patronal, cerró su planta y despidió a todes sus empleades. Dos semanas más tarde, entre el 2 y el 3 de noviembre, siete trabajadores, todes delegades de base, fueron secuestrades de sus domicilios: Ismael Sebastián Notaliberto, Dominga Crespo, Felicidad Crespo, Ramón Villanueva, Elba Puente Campo, Sofía Cardozo, Francisco Palavecino. A los pocos días, el directorio de la empresa decidió reabrir sus puertas dando por finalizado el conflicto. Les trabajadores no aparecieron más.

En octubre de 1977, los trabajadores de Cerámicas Cattaneo se habían sumado a los reclamos de Lozadur. A fines de ese mes fueron secuestrados seis obreros –Artemio Lescano, Jorge Ozeldín, Juan Carlos Panizza, Pedro Ponce, José Ponce y Faustino Romero–, tres de ellos por un grupo de tareas que ingresó a la planta y contó con la colaboración del personal de seguridad de la empresa. Cuatro de ellos continúan desaparecidos.

La Secretaría de Derechos Humanos entiende que los ex directores y gerentes mencionados deben ser imputados como partícipes primarios y secundarios de esos secuestros, tormentos, homicidios y desapariciones. Sus vínculos con esos delitos están detallados al extremo en el pedido de indagatoria cursado por Uriarte y Almejún, un documento que refuerza con datos concretos y señalamientos nombre por nombre a otros varios pedidos que a lo largo de la última década fue presentando la querella particular de familiares de las víctimas.

Una causa paralizada

El caso de la responsabilidad civil empresaria en las violaciones a los derechos humanos de trabajadores ceramistas es, en rigor, la continuidad de uno más grande que ya tiene un juicio oral y público resuelto en su haber: el llamado “Juicio de los obreros”, que juzgó y condenó a militares, policías y prefectos por el secuestro, las torturas y la desaparición de 33 obreros de esas y otras fábricas del cordón industrial de la zona norte del Gran Buenos Aires, como astilleros Mestrina y Astarsa.

Como parte de la sentencia dictada en octubre de 2014, el Tribunal Oral Federal número de San Martín resaltó que durante el debate las partes acusadoras habían hecho hincapié en “la necesaria participación del sector empresario y al menos la complicidad de la que denominaron ‘burocracia sindical’, en los hechos de los que resultaron víctimas los obreros” cuyas privaciones de libertad, tormentos, desapariciones y homicidios constituyen el objeto procesal del presente pedido. En tanto, los magistrados añadieron que esas conclusiones fueron producto de “afirmaciones de testigos de distinta naturaleza que comparecieron al juicio”.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Martín poco y nada hizo para seguir esta orden del tribunal. “Estas causas se encuentran paralizadas. Desde el 2015 –cuando se conocieron los fundamentos de la sentencia antes mencionada– hubo apenas unos pocos pedidos de prueba que no apuntaron a revisar la responsabilidad de los empresarios, sino más bien a redundar en los militares”, explicó Uriarte. Vence, la jueza a cargo de la investigación, es la misma que tuvo a su cargo la investigación por los crímenes de lesa humanidad de trabajadores de Ford, la que sobreseyó al ex gerente de Producción de Mercedes Benz por hechos similares en su planta de González Catán y la que debe investigar al resto de las empresas que funcionaron en la zona IV del Ejército, un núcleo fundamental de represión al movimiento obrero durante el terrorismo de Estado. La expectativa de la querella está puesta en que ahora, a ocho años de aquella sentencia, Vence avance.