Desde Lima

La ofensiva contra el gobierno de Pedro Castillo vuelve a tomar fuerza. De la mano de un empresario encarcelado por corrupción, la extrema derecha ha resucitado en estos días la narrativa del falso fraude electoral en las elecciones que ganó Castillo. El objetivo de esta arremetida es deslegitimar al presidente y armar un caso para destituirlo. Lo del falso fraude electoral se vuelve a lanzar en un contexto de acusaciones contra Castillo -por cargos de corrupción y la última por plagio de su tesis de maestría-, inestabilidad y conspiraciones golpistas en el Congreso. Como parte de su ofensiva contra el gobierno, la derecha parlamentaria ha promovido esta última semana la interpelación de cuatro ministros, incluyendo el jefe del gabinete, Aníbal Torres. En paralelo, en la última semana la derecha ha copado el estratégico Tribunal Constitucional, mientras la bancada del partido oficialista Perú Libre (PL) se ha dividido por segunda vez con la renuncia de diez legisladores. Ahora el oficialismo está fraccionado en tres bancadas.

El nuevo capítulo de la farsa del fraude electoral se escenificó en el Congreso y en una cárcel de Lima. Esta vez ya no se habla de fraude en la segunda vuelta, como hizo la derecha después del triunfo de Castillo sobre Keiko Fujimori, denuncia desvirtuada por múltiples evidencias, sino de una supuesta alteración de votos en la primera vuelta. El empresario Zamir Villaverde, que ha sido parte del entorno de Castillo y ahora está en prisión preventiva acusado de operar como intermediario entre empresarios y el gobierno en la adjudicación irregular de obras públicas, se presentó desde la prisión, vía zoom, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y leyó un guion que llevó preparado sobre un supuesto fraude electoral para favorecer a Castillo. Sin presentar una sola evidencia, acusó al mandatario de haber “planificado, organizado y liderado” un fraude electoral en la primera vuelta para asegurarse el triunfo y pasar al ballotage.

Villaverde dijo que el actual presidente se había reunido antes de las elecciones con los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para tramar el fraude en el conteo de los votos. Pero el JNE, que ha rechazado esta imputación, no tiene ninguna intervención en el conteo de los votos y sus miembros solo acceden a las actas de votación cuando hay alguna impugnación. El proceso electoral es organizado y supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no por el JNE. Todos los observadores internacionales avalaron la limpieza de esas elecciones, y el conteo rápido de la encuestadora Ipsos, insospechada de simpatía con Castillo, dio un resultado muy similar al oficial que le otorgó el triunfo al actual mandatario.

“Es imposible que ese fraude haya ocurrido. Esto es un invento, una fantasía. Para que eso suceda tendrían que cambiarse miles de actas y las actas en su gran mayoría estaban en la página web desde el primer día, entonces cómo un grupo de magistrados que no tienen acceso a las actas sino recién cuando las elevan para que resuelvan sobre alguna cosa específica podían hacer ese fraude. Villaverde dice cosas insostenibles, pero en un contexto de mucha crispación y polarización, donde ya ha habido una campaña previa sostenida sobre el tema. Es un operativo que tiene beneficiarios”, le declaró a PáginaI12 el politólogo de la Universidad Católica Fernando Tuesta, experto en temas electorales y exjefe de la ONPE.

Las acusaciones sin fundamento de Villaverde que buscan apoyar el derribo del gobierno de Castillo han tenido amplia repercusión política y mediática. El legislador del partido fascista Renovación Popular, el almirante en retiro Jorge Montoya, anunció que en base a lo dicho por el empresario preso pedirá abrir un nuevo proceso de destitución de Castillo por “incapacidad moral”. Con su operativo del falso fraude, Villaverde estaría buscando apoyo de la derecha para conseguir su libertad a cambio de acusar a Castillo. Villaverde tiene un amplio prontuario: fue expulsado de la Fuerza Aérea por actos delictivos, tiempo después condenado por asaltar un restaurante y luego de ser liberado sentenciado por colusión y falsificación de documentos, está acusado por su expareja de haberla agredido y ahora está preso por corrupción en licitaciones públicas.

En los últimos días, el profesor Castillo también ha sido acusado de haber plagiado su tesis de maestría en psicología educativa. Otro caso que suma a las maniobras de una destitución por “incapacidad moral”. La Universidad César Vallejo, donde Castillo cursó esa maestría, ha admitido que la tesis tiene un 43 por ciento de “similitud” con otros trabajos que no son citados, pero señala que “mantiene un aporte de originalidad”, por lo que, concluye, no hay plagio. El problema para Castillo con ese informe que lo exculpa es que se trata de una universidad de cuestionado prestigio que ha hecho de la entrega de títulos un negocio millonario.

Fuego amigo

Mientras la extrema derecha arremete para derribar al gobierno de Castillo, un importante sector de la bancada oficialista, encabezado por el secretario general de PL Vladimir Cerrón, pacta con esa derecha en el Congreso para elegir un nuevo Tribunal Constitucional (TC) a la medida del fujimorismo y los sectores más reaccionarios. El TC es la máxima instancia judicial del país. Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón tienen en común problemas con la justicia por cargos de corrupción y un TC con magistrados que les deben a ellos su elección los podría salvar de la cárcel.

“Básicamente es un pacto por la impunidad. No es la primera vez que estos sectores (el fujimorismo y el cerronismo) convergen en una votación. Ideológicamente los une un trasfondo conservador, antiderechos, el no respeto a la diversidad. Cerrón ha apoyado a los candidatos de la derecha para el TC porque se asegura magistrados conservadores en esos temas y porque espera que llegado el momento esos magistrados le devuelvan el favor de su elección”, le señaló a este diario el historiador y analista político Nelson Manrique, profesor de la Universidad Católica.

El fin de semana manifestantes favorables a la derecha golpista y defensores del gobierno de Castillo se enfrentaron en las calles del centro de Lima. La ultraderecha moviliza grupos violentos que agreden a quienes no se alinean con su extremismo. Este viernes hubo una movilización contra el Congreso rechazando la elección del nuevo TC y una ley que liquida la reforma de la educación que buscaba terminar con el negocio de las universidades de mala calidad, norma aprobada también por la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo. El gobierno de Castillo, que ha abandonado sus propuestas de cambio, no encuentra un rumbo, suma personajes cuestionados y se ahoga en la inoperancia y sus errores, está muy debilitado, pero el desprestigio del Congreso dominado por la derecha que conspira para destituirlo es mayor. Según un sondeo de Ipsos publicado este domingo, la desaprobación de Castillo es 72 por ciento, mientras la del Congreso se eleva hasta 82 por ciento.