En los tribunales de Comodoro Py le están reclamando al juez federal platense Ernesto Kreplak que envíe el único expediente sobre el espionaje durante el macrismo que tramita lejos de la mole de Retiro: el de la llamada “Gestapo” antisindical que surgió a partir del hallazgo de un video en el que se veía cómo funcionarios de María Eugenia Vidal, el intendente Julio Garro, jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios coordinaban cómo impulsar causas para que el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina terminara en la cárcel.

Marcelo Martínez de Giorgi es el magistrado que le pidió a Kreplak que se desprenda del expediente que se inició el 27 de diciembre pasado. Martínez de Giorgi tiene desde hace meses los expedientes que inicialmente tramitaron en Lomas de Zamora y que pasaron a Comodoro Py por decisión de los casadores Mariano Borinsky y Javier Carbajo. También acumuló otras causas sobre los aprietes de la AFI contra el exfuncionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila, a quien los espías le dejaron una bomba sin conectar en un edificio en el que había vivido, y recientemente recibió el caso de las tareas de inteligencia ilegal sobre trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas.

El argumento de Martínez de Giorgi para pedirle la causa a Kreplak es que hay puntos de contacto entre los dos expedientes:

  • Dos de los que participaron el 15 de junio de 2017 en la reunión del Banco Provincia – el entonces director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y el entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián de Stefano– también están imputados en el expediente de los Súper Mario Bros que lleva Martínez de Giorgi;

  • Al “Pata” Medina lo siguieron los Súper Mario Bros, por ende es víctima en las dos investigaciones.

El juez federal porteño sostiene, además, que su investigación es más amplia y que los expedientes deberían tramitar de forma unificada para evitar que se dicten decisiones contradictorias o duplicar pruebas. Martínez de Giorgi resalta también que la reunión que dio origen a la investigación se hizo en la sede porteña del Bapro y que Kreplak ordenó medidas probatorias en varios lugares que están en la Ciudad de Buenos Aires, como la AFI y la Casa Rosada.

El principal interesado por forzar el pase de la causa hacia Retiro es el propio De Stefano, que fue procesado días atrás por Kreplak en su rol en el armado de las causas contra el “Pata” Medina. En la causa de los Súper Mario Bros, De Stefano está en una situación más cómoda porque había venido procesado de Lomas de Zamora, pero la Cámara Federal le revocó el procesamiento.

De acuerdo a la resolución que firmó el 28 de abril pasado, Kreplak tiene previsto escalar en las responsabilidades. Ya dijo que hay indicios para sostener que la decisión de avanzar sobre el “Pata” Medina se podría haber tomado en escalones superiores del Poder Ejecutivo, lo que implicaría pensar en la responsabilidad del propio Mauricio Macri o de Vidal. De hecho, en la resolución quedó claro que una reunión en la Casa Rosada habría oficiado de puntapié inicial para la avanzada sobre el dirigente de la UOCRA platense. Kreplak también habló de los mandos superiores de la AFI –léase Gustavo Arribas– y de los sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público que contribuyeron a que Medina terminara preso.

Antes de que se pronuncie Kreplak tendrá que hacerlo la fiscala Ana Russo, que ha venido sosteniendo que el caso debe investigarse en La Plata al igual que el juez. Si como todo indica Kreplak insiste en quedarse con la causa, Martínez de Giorgi deberá trabar una contienda de competencia que inevitablemente llegará a la Cámara Federal de Casación Penal. En ese tribunal, la Sala IV ya zanjó una disputa similar en favor del local: Comodoro Py.

Preguntas a Caamaño

En la causa de los Súper Mario Bros, Martínez de Giorgi le envió una larga lista de requerimientos de información a la interventora de la AFI. El juez consultó sobre la relación entre la AFI, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre otras. Pidió saber, por ejemplo, si cuando firmaron el convenio entre la AFI y el SPF se siguieron los protocolos habituales y solicitó detalles sobre la reunión que se habría hecho el 6 de agosto de 2018 con funcionarios del ministerio de Justicia de Vidal. Este diario publicó que uno de los asistentes fue el actual juez federal de La Pampa Juan José Baric --por entonces a cargo de los asuntos penitenciarios bonaerenses--. El encuentro fue antes de que la AFI cableara una alcaidía en la que supuestamente querían alojar a Hugo y Pablo Moyano.

Además, le consultó si quedaron registros de la visita de dos jerarcas de la AFI al juez de Avellaneda Luis Carzoglio y le pidió un informe sobre la "reserva" de 105.000 escuchas que encontró meses atrás. Asimismo, preguntó cuáles eran los teléfonos que usaban Arribas, De Stefano y otros agentes. Por último, también le reclamó a la interventora que identifique qué integrantes de la exSIDE realizaron un informe sobre la cumbre del G20, otro de los expedientes de espionaje que está a su cargo.