En términos de ingresos económicos, públicos o privados, resulta interesante inspirarse en el químico, biólogo y economista Antoine Lavoisier, quien en su ley de conservación de la materia afirmó que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Aquí los enriquecidos vienen practicando una falsificación de su principio, consistente en: “nada se pierde… todo se «nos» transfiere". Tal lógica se observa con toda claridad en la transferencia de ingresos de millones de trabajadores asalariados hacia los núcleos concentrados, que ahora no trepidan en exhibirse en el rubro de supermillonarios. Claro que este no es un fenómeno químico, sino económico-político, y se acentúa cuando el Estado es administrado por liberales y neoliberales, o cuando las grandes corporaciones imponen su poder de facto a gobiernos populares. Durante la gestión de Mauricio Macri se produjo también esa misma situación entre jurisdicciones con más necesidades y pocos recursos, hacia distritos ricos y poderosos, como la CABA, a pesar de que en su propio interior existen también graves problemas sociales de pobreza y ausencia de recursos para educación, salud y cultura.

La semana pasada, ante el fin del período establecido por la Corte Suprema, se dieron por finalizadas las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los fondos coparticipables que Macri entregó discrecionalmente a Larreta con la excusa de cubrir los fondos por el traspaso de la policía a la órbita de la Ciudad. Tales negociaciones se tuvieron que realizar a partir de que el jefe de Gobierno porteño decidió judicializar un decreto del presidente Alberto Fernández que anulaba esta injusticia, ya que implicaba un despojo a las provincias desde la jurisdicción más rica del país. Además, tales fondos prácticamente triplicaban el costo real del traspaso de la policía. Así las cosas, los reclamos y advertencias de las provincias crecen en su intensidad política ante el inminente pronunciamiento de una Corte tan impugnada que se encuentra en un alto grado de ilegitimidad y que acentuó su carácter fraudulento con su última decisión, imponiendo una conformación del Consejo de la Magistratura, derogando una ley del Congreso Nacional de hace 16 años. Estos impertérritos supremos, sin representación federal ni de género se terminaron de desprestigiar. Por lo tanto, la sociedad, no puede confiar en que su fallo se sustentará en una conducta política ética y legal a favor del conjunto de la nación, y no del lobby de Rodríguez Larreta y los grandes medios de comunicación.

Podría sorprender que un político con afanes presidenciales como Larreta tense las relaciones con las provincias si pensamos en términos de estrategia electoral. Pero no sorprende si asumimos en plenitud que se trata de un líder de derechas, cuyas ideas y gestión siempre están guiadas por un sentido de poder político y cultural, amalgamados con las grandes corporaciones a las que le promete subordinación, reformas estructurales y ortodoxas y política de shock. Este rasgo ideológico se explica tanto en términos locales como hacia las provincias con las que formamos nuestra Nación. Ya señalamos oportunamente que las porteñas y porteños debemos enfrentar un chantaje ideológico y moral, sustentado en una supuesta “conveniencia” para nuestra ciudad y cada uno de nosotros/as. La ciudadanía porteña no puede someterse a esta extorsión que además se propone sea legitimada por una Corte ilegítima. La Ciudad de Buenos Aires formar parte de un colectivo más trascendente que es la Nación argentina. Por lo tanto, se impone un pensar, sentir y actuar sustentado por principios éticos, solidarios y de justicia. Se trata de que no nos arrastren a un falso localismo geográfico, escindido del destino común fundado desde nuestro origen y amalgamado por nuestra historia e identidad nacional. Lo justo, por lo tanto, lo que debemos perseguir, es propender a que todos mejoren su calidad de vida y que los recursos se distribuyan con el máximo sentido de justicia federal, o sea, llevar a la práctica la idea de la solidaridad social como principio rector de la vida de un pueblo.

A la estrategia judicial y mediática de victimización de Larreta, hay que sumarle la extorsión a nuestra propia gente, al haber generado un impuesto a los sellos y a las tarjetas de crédito para compensar, por las dudas, la supuesta pérdida de fondos tomando de rehén a la propia ciudadanía porteña. En suma, debemos, impedir que siga instalándose una subjetividad insolidaria. La ciudad cuenta con recursos, no corresponde ni hace falta sustraerle ingresos al resto de las provincias para mejorar nuestra calidad de vida que está muy por encima de la realidad de las otras regiones del país. No podemos soslayar que la Ciudad de Buenos Aires constituye una jurisdicción que, comparativamente con otras provincias, tiene un nivel de recursos propios sobre el total muy alto (66%). Es decir, que depende más de su actividad económica que el promedio del resto de las jurisdicciones. Esta ventaja que se construyó desde nuestros orígenes históricos ha generado que la actividad económica porteña sea el 18% del PBI nacional, de allí se desprende el voluminoso presupuesto de un billón de pesos, más lo que recibe en términos de coparticipación según la Constitución y las normativas vigentes.

Todo indica que los porteños/as debemos rechazar un previsible fallo de la Corte Suprema que avale esta inmoralidad. Paradójicamente, la semana pasada la policía porteña cruzada por esta tensión política reprimió a maestros y maestras frente a la Legislatura, cuando se movilizaron para rechazar la modificación del estatuto docente que se hizo y se aprobó a sus espaldas y de los sindicatos. Chantaje moral, ajuste económico, falta de solidaridad y represión son parte de la ideología que Larreta pretende extender a todo el país en 2023. Eso sí, todo con una gran sonrisa, ya que su convicción es que nada se transforme, sino que todo siga inmutable según los deseos de los grandes empresarios de las nieves del Llao Llao.

El autor de la nota es secretario general del Partido Solidario y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos