Por Javier Lewkowicz
Las finanzas y sus prioridades
Por Pablo Chena *
Con los coletazos aún frescos de la crisis financiera de 1929 Keynes advirtió, en su obra más famosa, “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, sobre los riesgos de convertir a los países en grandes casinos financieros. “Los especuladores pueden no hacer daño cuando sólo son burbujas en una corriente firme de espíritu de empresa; pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en burbuja dentro de una vorágine de especulación. Cuando el desarrollo del capital en un país se convierte en subproducto de las actividades propias de un casino, es probable que aquél se realice mal”.
Hoy los números muestran que la actividad industrial en la Argentina sufre las consecuencias de esta “vorágine” financiera, que tiene una particularidad, la disfrutan los acreedores y la sufren deudores como el Estado, los trabajadores y las pymes. Un reflejo de esto son los gastos de la administración pública nacional que, según la Oficina Nacional de Presupuesto, muestra un incremento en los fondos destinados al pago de intereses de la deuda pública, entre 2015 y 2016, de un 180 por ciento, al pasar de representar 7,7 por ciento del gasto público nacional en 2015 al 14,5 por ciento en 2016. Este incremento tiene como contracara ajustes relativos en partidas sensibles como ciencia y tecnología, que retrocedió de 1,5 a 1,3 por ciento en el mismo período; salud, de 3,9 a 3,5 por ciento; educación y cultura, de 6,9 al 6,1 por ciento. Dicha reasignación en los gatos hace que los fondos destinados a servicios sociales pasen de 60,2 a 56,4 por ciento; lo que explica el 55 por ciento del incremento en las asignaciones para intereses de la deuda pública. En otras palabras, el cambio en las ejecuciones presupuestarias muestra que la bicicleta financiera se fondea con desinversión en áreas claves para un desarrollo económico y social sustentable a largo plazo.
Uno de los seguidores más influyentes de Keynes, Hyman Minsky, en 1975 desarrolló la hipótesis de inestabilidad financiera, donde muestra las fases que suelen transitar los países cooptados por las finanzas. Al comienzo pueden cubrir sus compromisos financieros y el riesgo de inestabilidad parece mínimo (Financiación cubierta), luego pasan al estadío en la cual deben renegociar sus compromisos (Financiación especulativa) y, finalmente, quedan atrapados por el poder financiero cuando deben recurrir a una mayor toma de deuda para cubrir los intereses de la deuda ya contraída (efecto Ponzi). La Argentina transitó en forma vertiginosa de la primera a la segunda etapa de este esquema en 2016. Esto se reflejó en un incremento en la deuda pública bruta del tesoro en 14 por ciento, medida en dólares de ese año, pese al pago a los fondos buitre y al ingreso de recursos del blanqueo. Pero el principal problema no es el stock de deuda sino su dinámica, motorizada por dos grandes cambios institucionales. Por un lado, la eliminación o baja de impuestos a los sectores más dinámicos y, por lo tanto, con mayor capacidad fiscal de la economía argentina, como son el agronegocio y la minería; financiando este agujero fiscal con deuda en dólares desde el tesoro. Por otro, una política monetaria de tasas de interés altas y sostenidas artificialmente por encima de las que determinaría la oferta y la demanda en el mercado. Como consecuencia, el sistema monetario tiene actualmente un exceso de oferta de fondos que no se refleja en menores tasas de interés por las intervenciones del Banco Central (a través de las lebacs). Hoy tenemos muchos oferentes de fondos líquidos y un solo demandante que predomina: el Banco Central. Debido a que este último no genera, por definición, actividad productiva propia para devolver este endeudamiento y, simultáneamente, deja sin fondos disponibles a la actividad privada, vamos camino a la fase tres del esquema de Minsky. Esta etapa se caracteriza por el poderío creciente de las finanzas para imponer políticas económicas de acuerdo a sus intereses, los cuales suelen ir en contra de los derechos de las mayorías.
* Economista. Investigador Conicet
¿Resultado primario o financiero?
Por Iñaki Alvarez *
Haciendo caso omiso al impacto recesivo que tiene la reducción del gasto público, el gobierno emprendió una “cruzada” contra el déficit fiscal, en el entendimiento de que es la llave para abrir las puertas al círculo virtuoso de las inversiones y el crecimiento. Es así que, a poco de asumir, se anunció un programa de metas fiscales para reducir paulatinamente el resultado primario (la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos, sin considerar a los intereses de deuda).
A un año y medio de la implementación de las metas fiscales, el gobierno se las fue ingeniando para cumplirlas en un contexto en el que la sociedad imponía límites a los recortes de gasto público. El elemento esencial que permitió dicho cumplimiento fue el incremento extraordinario (y de una sola vez) de los ingresos producto del blanqueo.
El Gobierno sobre-cumplió la meta para 2016 logrando un déficit de 4,6 por ciento del PBI. Ahora bien, sin el 1,5 por ciento de ingresos extraordinarios que generó el blanqueo, el déficit de 2016 hubiera llegado a 6,1 por ciento. Por lo tanto, en 2016 se cumplió un programa de metas sirviéndose de recursos que se pueden utilizar una sola vez.
Es aquí que se plantea el conflicto de cómo se alcanzará el plan de metas fiscales, que plantea la reducción de 1 punto porcentual del PBI desde el 4,2 por ciento presentado para el 2017, hasta 2,2 por ciento a alcanzar en 2019, en un contexto donde no volverá a contar con estos recursos extraordinarios.
A la par el Gobierno anunció que se encuentra preparando una reforma impositiva tendiente a reducir la presión tributaria. De esta manera se va preparando el terreno para que el cumplimiento de las metas venga inexorablemente de la mano de un ajuste drástico del gasto público.
El Gobierno ha fustigado al empleo público como uno de los causales del déficit, pero este discurso no tiene asidero en la realidad, y de hecho el gasto salarial en lo que va del 2017 sólo representó el 15 por ciento del total, y prácticamente la mitad de la planta de empleados estatales nacionales lo representan las fuerzas de seguridad y defensa.
De hecho, el principal gasto público lo constituyen la seguridad social y otras prestaciones sociales que representa más de la mitad del gasto público. Es por eso que un ajuste acorde con las metas fiscales propuesta (máxime si se considera las reducciones impositivas en estudio) terminará afectando más temprano que tarde al sistema de seguridad social.
Por otra parte, las metas fiscales se han fijado en base al déficit primario, donde no se consideran los intereses de la deuda pública. Pero en el marco del inicio del nuevo ciclo de endeudamiento que ha tenido lugar a partir de 2016 (cuyo rasgo más saliente es un aumento de la deuda en moneda extranjera en más de 60 mil millones de dólares), hay que prestar particular atención al resultado financiero (que sí incorpora el pago de intereses).
En este sentido el peso de los intereses que debe afrontar el gobierno se está empezando a volver un factor relevante. En efecto, mientras la participación de los intereses en el gasto público promedió entre 2003 y 2015 el 6,5 por ciento, a partir del cambio de gobierno comenzó a incrementarse. Durante el primer cuatrimestre de 2016 ya alcanzaba el 7,6 por ciento, y un año después, en los primeros cuatro meses de 2017, trepó hasta el 10,6 por ciento, superando los dos dígitos por primera vez desde la crisis de 2001. Así el pago de los servicios de la deuda empieza a posicionarse como un condicionante estructural de la economía argentina. Este condicionante no sólo se presenta a nivel nacional sino incluso para las finanzas provinciales, para las que empieza a ser un factor a tener en consideración.
Otro aspecto a destacar es que buena parte del endeudamiento público se realiza en moneda extranjera, y por lo tanto el peso de los intereses en el gasto público está asociado a la evolución del tipo de cambio. Así en caso de que se deprecie la moneda, subiría el peso de estos intereses. Esta estrategia de endeudamiento pareciera descansar en la confianza que el Gobierno detenta acerca de su capacidad de mantener en el corto (y mediano) plazo la estabilidad cambiaria, la cual hoy depende estrechamente del acceso al financiamiento externo, pero que a su vez impacta en mayores pagos de intereses.
Esto no significa que necesaria y automáticamente la economía argentina se encamine hacia una crisis de deuda, pero sí implica que lentamente se van generando tensiones sobre las finanzas públicas por el lado del resultado financiero, mientras la estrategia oficial se encamina a bajar el gasto (con el impacto distributivo que ello implica) para mejorar el resultado primario.
* Economista del Instituto de Trabajo y Economía - Fundación Germán Abdala.
