Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió, hacia fines de 2021, declarar la inconstitucionalidad de la ley 24397, y consecuentemente estableció el retorno a un Consejo de la Magistratura (CM) de veinte miembros, impuso un plazo de cuatro meses para incrementar la representación del ámbito científico y académico.

De acuerdo a la norma (26080), ahora reestablecida en parte, los representantes del ámbito académico en el CM son dos: uno elegido por el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otro, por los profesores titulares de facultades de Derecho de universidades nacionales, a través de un proceso organizado por el mismo CIN. La participación, solamente, de los profesores titulares como representantes excluyentes de este estamento es discutible pero así está establecido en la norma.

Es importante señalar que la ley menciona que estas personas son “representantes” del ámbito académico. Por lo tanto, se entiende que deben expresar en el CM lo que este sector puede aportar en relación a las funciones del Consejo. Y esto no es otra cosa que garantizar que quienes accedan al cargo de jueces y juezas lo hagan a través de procesos de selección transparentes, estrictos y justos. Que quienes lleguen a la judicatura posean los mejores antecedentes y, en lo posible, demuestren una trayectoria de reflexión y generación de conocimientos, sobre la tarea de un juez o jueza.

Como se aprecia, el CIN está lejos de proponer miembros académicos para el CM que se focalicen en pujas políticas partidarias como si este espacio fuera solo una herramienta para designar o castigar a jueces y juezas de acuerdo a la voluntad de mayorías y minorías circunstanciales que se alinean según la grieta por todos conocida.

Ya en 2018 el plenario había resuelto que era apropiado que el representante que se debía designar en el CM fuera un rector o rectora, ya que, de esa manera se le otorgaba a esa función la máxima jerarquía dentro del sistema universitario. Y así, con el consenso de todos los bloques del CIN, el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el abogado Diego Molea, asumió el cargo que le permitió incluso presidir el CM durante 2021.

Este año había que designar, en ciento veinte días, al segundo representante. Desde la sanción de la reestablecida ley 24939, en 1998, el sistema universitario ha crecido en gran forma, y de igual manera el numero de carreras de Derecho. Por eso, nuevamente de manera acordada, el CIN avanzó en un sistema con Colegio Electoral, en el que hubiera una representación federal.

Los profesores seleccionaron electores en cada facultad en todo el país y, de esta manera, 23 académicos y académicas resolvieron ( con 17 votos a favor y seis abstenciones) que la abogada Pamela Tolosa, decana en la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, fuera la nueva representante.

En este caso, hay que señalar que Tolosa es, asimismo, la titular del Consejo Permanente de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales, distinción a la cual accedió por un acuerdo que también se fundamenta en consensos.

Asi, entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional ha realizado su aporte para que el CM sea el garante de la calidad de la judicatura, de una correcta administración del Poder Judicial y de una aplicación imparcial de los aspectos disciplinarios sobre juezas y jueces.

Confiamos en que una nueva legislación sobre la materia, que está en debate en el Congreso, mantenga una adecuada representación de este estamento para contribuir desde la mirada académica en un Consejo de la Magistratura tan importante para la calidad institucional de nuestra sociedad.


*Profesor en el área de Ecología, ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).