La destitución por unanimidad de Rodolfo Mingarini como juez penal dejó -además de una tibia sensación de justicia y reparación- un mensaje claro para todas las personas que se desempeñan en la justicia de Santa Fe: los tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres, niñas y niños son de aplicación obligatoria y forman parte de los conocimientos mínimos. Así lo dice con todas las letras la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento. “Todo este bloque constitucional, del cual surgen diversos mandatos inexcusables para los jueces, luce desconocido e ignorado por el magistrado enjuiciado desde su pauta más elemental: escuchar a las mujeres y menores víctimas, y en el sentido técnico jurídico, considerarlas como una prueba fundamental de estos procesos”. 

Que esto quede escrito en una resolución firmada por los seis integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, los presidentes de los Colegios de Abogados de Rafaela y Reconquista, el diputado Maximiliano Pullaro y el senador Armando Traferri tiene una contundencia que festejaron con abrazos las manifestantes de la Mesa Ni Una Menos y de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe reunidas frente a Tribunales. Mingarini es el juez que descreyó de una violación porque el acusado usó preservativo. 

Lo que demostró la investigación del Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, fue que se trataba de un modus operandi, sospechar de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, desconocer las pruebas materiales, revictimizar. Hasta el 30 de mayo de 2021, y en sólo 4 años como magistrado, lo hizo de forma reiterada y sin consecuencias. Ya no es juez.

En 72 páginas, la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento desgrana diversos argumentos para la destitución. Mingarini “puso en riesgo la confianza en el sistema de justicia y la credibilidad ante toda la sociedad. Cabe concluir entonces que en autos han quedado claramente demostrados, no triviales o aislados errores humanos sino reiteradas y graves irregularidades en el desempeño de la función”, dice el acuerdo que contó con diez firmas sobre diez.

Además, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, agregó su propio voto. “El razonamiento sistemático y persistente del magistrado enjuiciado que evidencia una total carencia de perspectiva de género y de niñez, el que ha sostenido de manera reiterada en el breve tiempo en que ha ejercido su investidura; extremos demostrativos de la falta de idoneidad del mismo para el desempeño de la función”, dice Gutiérrez en su voto. El lenguaje judicial es árido, pero es importante subrayar sus palabras porque funcionan también como un estándar para quienes deben resolver sobre estos delitos. 

No es casual que Mingarini haya tenido su propia “tribuna”. Unas 15 personas hicieron una marcha para defenderlo, unos días antes de la destitución. Organizada por el abogado Marcos Barceló, que hostiga de manera permanente en las redes sociales a les integrantes de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), como así también a periodistas feministas de la ciudad de Santa Fe. A la marcha fueron acusados de delitos de abuso sexual y sus familiares. Si esto fuera una película de Hollywood, se podría cerrar con un “no más preguntas, señor juez”.

Tras la difusión del video en el que Mingarini dijo textualmente “lo que no puedo es relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, veinte diputadas provinciales de distintos partidos políticos, la Mesa Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, representadas por las abogadas Paula Condrac y Claudia Catalín, presentaron la denuncia en junio del año pasado. La acusación formal corrió por cuenta del Procurador de la Corte. 

Barraguirre se puso a trabajar con su equipo, que integran María Raquel Pfeiffer, Clarisa Neuman y Mariana Ormaechea. Encontró once resoluciones donde se evidenció el desconocimiento de Mingarini de las leyes aplicables. 

En la audiencia de acusación, Barraguirre mostró los videos en los que el magistrado, en audiencias públicas, descreía incluso de pruebas materiales como la fisura anal de una nena víctima de abuso sexual de parte de la pareja de su abuela. Tras analizar todos los casos, el Tribunal de Enjuiciamiento habla de “el garrafal desapego de la normativa vigente”. 

“Esta destitución nos pone el desafío de seguir trabajando en favor de otro tipo de justicia, que es un reclamo histórico que viene haciendo el movimiento de mujeres, pero que también hoy es un reclamo social ante una justicia que tiene que cambiar, que tiene que ser más cercana, más accesible, más transparente, debe dar cuenta de su accionar, debe ser capacitada, proba, con perspectiva de género y derechos humanos”, consideró Catalín, de la Mesa Ni Una Menos, y afirmó que esas características “hoy son ineludibles para cualquier juez que tenga en sus manos las decisiones importantes sobre la vida, la libertad y los bienes de las personas”. La activista consideró que “el Tribunal de Enjuiciamiento escuchó este clamor de la sociedad”.

La diputada provincial socialista Gisel Mahmud presentó el 3 de junio de 2021, apenas se conocieron las expresiones de Mingarini sobre el preservativo, un proyecto para repudiar sus dichos. En pocos días, eran 20 las legisladoras provinciales que firmaban la denuncia ante la Corte Suprema. La destitución es “un antecedente importantísimo que nos obliga a seguir trabajando por una Justicia que proteja a los niños, niñas y a mujeres víctimas de uno de los hechos más aberrantes como es el abuso sexual”, consideró la legisladora apenas conocida la destitución.

Por su parte, la diputada provincial Lucila de Ponti, que es la presidenta de la Comisión de Feminismos de la Cámara baja, también ponderó el fallo. “Es un antecedente fundamental en términos del proceso de revisión que la justicia se debe para poder adecuarse a una perspectiva de género y asumir, al menos en parte, la demanda de tener una justicia feminista, que permita promover procesos de reparación de las víctimas y procesos de prevención”, dijo la legisladora.

Más allá y más acá de los argumentos legales, la destitución de Mingarini es un triunfo de la lucha feminista. No resulta casual que el 17 de mayo, día de la destitución, se cumplieran 15 años de la muerte de Ana María Acevedo, la joven de 20 años a la que en 20007 negaron un aborto terapéutico y, por ende, el tratamiento por cáncer de maxilar en el hospital Iturraspe de Santa Fe. La mamá de Ana María, Norma Cuevas estuvo el martes en la manifestación frente a los Tribunales. Fue por la intensa lucha de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe que Ana María se hizo bandera.