La destitución por unanimidad de Rodolfo Mingarini como juez penal de la ciudad de Santa Fe permitió al Tribunal de Enjuiciamiento -que integran los seis integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia- dejar por escrito que la aplicación de normativas nacionales e internacionales sobre derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes son obligatorias, y deben ser conocidas por quienes imparten justicia. La resolución del Tribunal subraya el "garrafal desapego de la normativa vigente" del ex magistrado que descreía de los relatos de las víctimas de violencia sexual y también de pruebas objetivas que corroboraban esas declaraciones. Si bien se hizo conocido por decir -en una audiencia pública- que no pudo haber violación si el acusado utilizó un preservativo, el magistrado fue acusado por el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre a partir de diez resoluciones sin perspectiva de género ni niñez. "Queda absolutamente claro que la exigencia de los feminismos acerca de la necesidad de la aplicación de la perspectiva de género no es un capricho, no es una exigencia feminazi. La Corte, sin ser feminista ni mucho menos, ordena y pone en el centro la necesariedad de la aplicación de la perspectiva de género y de niñez. Es un eje central en la aplicación del derecho que no puede ser soslayado", planteó Paula Condrac, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, tras leer el fallo.

Condrac fue una de las abogadas denunciantes, junto con Claudia Catalín, de la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe. "Esta destitución nos pone ante el desafío de seguir trabajando en favor de otro tipo de justicia, que es un reclamo histórico que viene haciendo el movimiento de mujeres. Evidentemente, hoy es un reclamo social hacia una justicia que tiene que cambiar, que tiene que ser más cercana, más sensible, más transparente, tiene que dar cuenta de su accionar, tiene que ser capacitada, proba y actuar con perspectiva de derechos humanos y de género", consideró Catalín, quien resaltó que "el tribunal de enjuiciamiento escuchó este reclamo social que lideramos las mujeres, pero que expresa la sociedad en su conjunto". 

La destitución de Mingarini fue una buena noticia también para las 20 diputadas que firmaron la denuncia ante la Corte. La primera legisladora que presentó en la Cámara baja provincial un pedido de repudio al juez fue la socialista Gisel Mahmud. “No podemos permitir que la justicia no escuche a las víctimas, que minimice el impacto que generan los abusos sexuales en las mismas, que no valore las pruebas médicas, psicológicas o que las humille, entendiendo además que son mujeres y niños en extrema vulnerabilidad. Mingarini hizo todo eso en cada una de sus actuaciones, formando casi un patrón, en contramano de las leyes y tratados internacionales que nuestro país subscribe. Hoy se ratifica lo que veníamos denunciando: jueces como Mingarini le hacen muy mal a la justicia”, expresó la diputada, quien abogó por "una justicia que resguarde y proteja a nuestros niños y niñas, a las mujeres santafesinas que sufren violencia de género". 

En el mismo sentido, la presidenta de la comisión de Género, Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Lucila De Ponti, ponderó que la destitución es "un antecednete fundamental en términos del proceso de revisión que la justicia se debe para adecuarse a una perspectiva de género y asumir en parte la demanda de una justicia feminista que permita promover procesos de reparación de las víctimas y procesos de prevención". La legisladora del Frente de Todos ponderó que el fallo haya sido unánime". 

Sobre los efectos que tendrá esta destitución en el funcionamiento de la justicia santafesina, Condrac consideró que "este fallo fortalece la tarea de la unidad fiscal de violencia de género, legitima las investigaciones, las evidencias presentadas, los argumentos brindados por los fiscales en esas causas". Es que Mingarini ponía en duda una y otra vez las evidencias presentadas por las fiscales de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la ciudad de Santa Fe. Como el fallo menciona la ley Micaela como una normativa a aplicar, Condrac recordó que es la misma Corte Suprema la encargada de "formar y capacitar en perspectiva de género" a cada operador de justicia.