El Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata anunció este miércoles que los concejos deliberantes de las localidades de Rosario de Lerma, en Salta, y de Monteros, en Tucumán, sancionaron ordenanzas en las que reservan el 1% de los cargos disponibles en ambos municipios para promover la inclusión laboral de las víctimas rescatadas del delito de trata de personas.
Estas ordenanzas locales también comprendieron la capacitación obligatoria y remunerada de quienes no tengan antecedentes laborales y/o educativos. Además, en todos los casos, se garantizará la confidencialidad de los datos de las personas afectadas.
Según lo informado por el comité dependiente de la Jefatura de Gabinete, ya son 19 los municipios en nueve provincias que han sancionado normas que garantizan la capacitación y el acceso al empleo para víctimas de trata.
Por ejemplo, en el caso de Salta, Lerma es el sexto municipio de la provincia que se suma a lo que ya votaron Mosconi, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Apolinario Sarabia. En Tucumán, Monteros sigue los pasos de San Miguel de Tucumán.
Asimismo, ordenanzas similares se votaron en Corrientes (San Luis del Palmar, Virasoro y Santa Lucía); Formosa Capital; Chubut (Rawson) Chaco (Machagai), Misiones (El Dorado); Santa Fe (Gobernador Gálvez); La Rioja (Araujo y Chilecito). Entretanto, decenas de consejos deliberantes de todo el país tienen en su agenda iniciativas similares.
Por último, se remarcó que estas ordenanzas se complementan a las leyes provinciales que ya sancionaron las provincias de Chaco y Catamarca para garantizar la inclusión laboral de víctimas de trata tanto en el ámbito público como privado.
En las legislaturas provinciales de Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Cruz hay proyectos similares en tratamiento parlamentario.
