Después de que su presidente Leopoldo Moreau denunciara que hay un operativo en marcha para desacreditar la investigación sobre el espionaje durante el macrismo que se ha venido llevando adelante, la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) se reunirá este jueves por la tarde en la que se espera que sea una jornada encendida entre el oficialismo y la oposición. Del encuentro podría salir la definición acerca de si se avanzará con un informe sobre la inteligencia ilegal sobre sindicatos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Durante el fin de semana, la CBI estuvo en el centro de las disputas políticas. Por un lado, Moreau denunció que el macrismo preparaba una contraofensiva contra quienes habían investigado y revelado el espionaje durante la era Cambiemos. Por otro, dos de las espadas de Juntos por el Cambio en esa comisión –Cristian Ritondo y Gerardo Milman– decían que Moreau se había extralimitado al pedir informes sobre una causa en la que había dos dirigentes del gremio de Camioneros detenidos y una denuncia sobre la posible intervención de agentes de inteligencia.

Toda la controversia se originó después de que el martes 10 de mayo se presentara ante la CBI Javier Moral, abogado del gremio que lidera Hugo Moyano. Moral explicó que estaba actuando en una causa en la que había dos sindicalistas –Maximiliano Cabaleyro y Fernando José Espíndola– detenidos por el bloqueo a una distribuidora de San Nicolás. Según detectó Moral, en la causa había escuchas de conversaciones entre los imputados y sus abogados –lo que está prohibido– y también figuraba el intercambio que había mantenido el dueño de la distribuidora, Gustavo Rey, con una persona que le suministraba información confidencial sobre Camioneros. La sospecha de Moral era que se trataba de un integrante de algún servicio de inteligencia.

Tras la presentación del abogado, Moreau le pidió información al juzgado y a la fiscalía para saber si ameritaba la intervención de la CBI. Ese pedido –que ya se había hecho en decenas de causas– desató la ira del macrismo. Evidentemente la causa de San Nicolás no es un expediente más, ya que interviene como abogada querellante Florencia Arietto, otrora asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y –después de cruzar el arco del PRO incluso– ahora cercana a Horacio Rodríguez Larreta.

La jueza que estaba a cargo del expediente, María Maiztegui, pidió licencia mientras se publicaba que el pedido de la CBI le había ocasionado un pico de estrés. También se difundió que la fiscal María del Valle Viviani evaluaba denunciar a Moreau y a otros integrantes de la Bicameral.

Más allá de una presentación que hizo el abogado Santiago Dupuy de Lome –que no suele refrenar sus instintos denunciadores– en los tribunales de Comodoro Py, no sucedió nada de lo que desde la oposición y algunos medios afines advirtieron. La fiscal no denunció a ningún integrante de la CBI y, por el contrario, contestó que debían canalizar el pedido a través de la Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand. El juez que quedó a cargo del expediente, Román Parodi, ordenó que se remitiera la denuncia sobre posibles actividades de inteligencia ilegal a la fiscalía para que se investigara. Además, ordenó la prisión domiciliaria para Cabaleyro y Espíndola.

La Bicameral deberá analizar la actuación de Moreau en esta causa, que fue objetada por Ritondo y Milman. Todo indica que el presidente  del órgano va a ser avalado.

Además, el segundo punto del temario será determinar cómo se continúa con la investigación sobre el espionaje sobre sindicatos que se inició en diciembre pasado cuando la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció el hallazgo de un video en el que se observaba cómo espías, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, el intendente Julio Garro y empresarios concertaban cómo impulsar causas contra el dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) platense Juan Pablo “Pata” Medina que terminaron llevándolo a la cárcel.

Desde que se creó la subcomisión, la CBI convocó a exjefes de la AFI, exagentes, empresarios, dos jueces provinciales –Gabriel Vitale y Luis Carzoglio– e incluso al procurador bonaerense Conte Grand. De esos testimonios, en la Bicameral destacaban el que brindó el exdirector Operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra. Según Moreau, Dalmau había dejado la investigación a milímetros de Mauricio Macri.

Todo indica que el Frente de Todos estaría en condiciones de avanzar con un dictamen que describa cómo funcionó el sistema de espionaje en la provincia de Buenos Aires, pero eso se sabrá este jueves. En marzo del año pasado, la CBI firmó el dictamen en el que se hablaba de la existencia de un Estado mafioso durante el gobierno de Macri, pero no fue tratado en las cámaras --según recordó días atrás Moreau--.

Durante la sesión del jueves, es probable que la oposición vuelva a la carga con un pedido que había presentado en marzo pasado la Unión Cívica Radical (UCR) –a través de tres de sus hombres, Daniel Kroneberger, Alfredo Cornejo e Ignacio Torres– para citar al exhombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, que entienden que podría ser materia dispuesta para despotricar contra el kirchnerismo. También quieren que la CBI llame a Miguel Ángel Toma, que estuvo en la SI durante la presidencia de Eduardo Duhalde, y a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, expareja de Alberto Nisman.