El Fiscal José Oliveros Icazatt solicitó una condena de 4 años y 10 meses de cumplimiento efectivo para Osvaldo E. P. por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e insolvencia alimentaria. La solicitud del fiscal fue en la última audiencia del juicio, a cargo de la jueza de la sala unipersonal de la Cámara Tercera, Sara Alicia López Douglas, donde se presentaron los alegatos. 

El fiscal en sus alegatos consideró que hubo “una omisión voluntaria y consciente, la cual fue debidamente probada, como así también, el ocultamiento que realizó el imputado de sus ingresos”. También, expuso las contradicciones que surgieron de la declaración indagatoria  y agregó entre los argumentos que hubo “falta de arrepentimiento, la ausencia moral respecto al contacto con sus hijos e hijas y la conducta desplegada durante el proceso judicial". Pidió que se mantenga la restricción de libertad ante un riesgo de fuga. El incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar e Insolvencia Alimentaria Fraudulenta están contemplados en los artículos 1 y 2 bis de la ley 13.944. 

Por su parte,  la representante del Ministerio Público Pupular, Laura Rivero aseguró que se “violaron a los derechos de los niños al no ocuparse de su asistencia alimentaria tras la separación convivencial”. En ese sentido, subrayó la actitud “indolente” del acusado, al no manifestar preocupación por satisfacer las necesidades de sus cinco hijos e hijas. También solicitó al tribunal, disponer una intervención por parte del cuerpo asesor técnico interdisciplinario de la Función Judicial para realizar una evaluación de la situación psicológica de las niñas y niños víctimas.

En el mismo sentido las abogadas querellantes Ana Astorga y Valeria Moya afirmaron que hubo violencia económica porque en varias oportunidades el imputado otorgó sumas incompletas de la cuota alimentaria, tuvo una conducta omisiva de sustracción para pagar los alimentos y perpetró maniobras e ocultamiento de los ingresos, a fin de reducir su patrimonio. Por ello solicitaron que se condene al imputado y se les dé continuidad a las medidas de protección a favor de sus hijas e hijos.

Para el abogado Alejandro Roqué, la mujer denunciante es “una despechada que lo quiere ver preso”. Sostuvo que su cliente tiene padece problemas de adicciones, y que durante los últimos 2 años atravesó un tratamiento de rehabilitación, lo cual le impidió trabajar y pagar la cuota alimentaria dispuesta por la Justicia. Solicitó su inmediata excarcelación que fue otorgada por la jueza.