Parto de la base que ni el Conicet, ni la Universidad del Litoral, ni el Senasa, ni la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), ni la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios, que aprobaron el uso del trigo HB4 quieren perjudicar la salud de la población. Cuestión que extiendo a los gobiernos de: Brasil, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, entre otros.

Este evento biotecnológico nació gracias a la virtuosa política en ciencia y técnica que desarrolló el gobierno de Néstor y CFK, que incluyó entre otras cosas: la creación de un ministerio específico, el aumento por cuatro (!!!) del presupuesto del área en dólares, el programa Raíces y un largo etc. Este trigo es hijo de esa política.

El descubrimiento y la patente son enteramente estatales: SI, 100% estatales. Sus creadores y dueños de la patente son la Universidad del Litoral (pública) y el Conicet. El hallazgo fue una proeza científica de la doctora Raquel Chan y su equipo. Todos funcionarios públicos, con sueldos abonados en su totalidad por el Estado argentino. La Dra. Chan es una funcionaria del vilipendiado Estado, denostado por la mayoría de los que se van a beneficiar con el uso de este trigo. El mismo Estado que pone satélites en órbita. ¿Qué tal? No fue creación de una institución privada: es fruto del trabajo científico y técnico nacional, “amo” absoluto de la patente. ¿Será por eso que molesta tanto a algunos? Bioceres es la licenciataria de la tecnología, NO la descubridora ni la dueña. Y deberá pagar al Conicet y a la Universidad del Litoral una regalía sobre la venta de la semilla que haga él o un tercero, cualquiera sea el lugar del mundo en el que se siembre, y aunque transfiera la licencia.

En Argentina había 63 eventos transgénicos aprobados, todos de Monsanto y Syngenta, antes que los HB4. Ahora suman 65. Es decir que solo tres escapan al dominio monopólico de las transnacionales: estos dos HB4 -uno en trigo otro en soja- y uno en la papa. Esta última patente también es del Conicet, pero con Tecnoplast. ¿Por qué tanta tirria con estos descubrimientos? Si fuera el primero, quizás se entendería; o si hubiese una decisión de prohibir los transgénicos en el mundo en un futuro cercano, también. Pero nada de eso parece que vaya a ocurrir en las próximas décadas.

Si hay 63 patentes transgénicas en Argentina, todas anteriores a ésta y todas de Monsanto y Syngenta, pregunto: ¿justo a estos dos eventos íntegramente nacionales y estatales -que cumplieron todos los protocolos de seguridad y pasaron exitosamente todas la oposiciones que les pusieron sus agresivas competidoras, en un proceso costoso y complejo que lleva años de estudio- le vamos a negar la aprobación?. No parece razonable desde ningún punto de vista. Entonces: ¿qué hacemos con las otras 63 patentes ya autorizadas, que operan no desde ayer, sino desde hace 20 años: las vamos a prohibir también? ¿Van a dejar de sembrarse ? Obviamente no. O sea que nosotros tumbamos nuestras patentes, que son propiedad de todo el pueblo argentino, y dejamos funcionar las de las multinacionales. Algo está mal, ¿no? O caen todas, o ninguna.

Es muy útil ver quiénes se oponen a esta patente. Empecemos con Monsanto y Syngenta, sus razones son más obvias. Pero además miren qué “niños” tiran para el mismo lado: Macri y Etchevehere, que se negaron sistemáticamente a aprobar la licencia del HB4 durante los años en los que fueron gobierno. Sigamos: todo el PRO, la Mesa de Enlace, la ultra conservadora Federación Gremial de Acopiadores, Argentrigo (la cadena del cultivo, integrada por los grandes productores) y CIARA-CEC, la cámara de las exportadoras de granos y aceites del país, dueñas del 80% de la exportaciones y de los puertos privados.

Está claro a quiénes no les gusta el Estado haciendo ciencia y no regalándoles las investigaciones a privados . Ahora bien, hay 65 patentes en el país, se siembran transgénicos hasta en las banquinas. Justo se atacan estas patentes estatales. ¿Raro, no?

¿Por qué el Conicet licenció su patente? Porque hace falta espalda financiera para llevar adelante todos los requerimientos y pruebas que exigen los protocolos nacionales e internacionales para su aprobación. Se necesitan campos para hacer los ensayos, profesionales que los controlen, silos y plantas de almacenaje para su acopio, etc y poder escalar en la producción. El Estado no está ni estaba en condiciones de llevar adelante esa tarea.

¿Por qué se eligió a Bioceres? Porque es una compañía mediana, enteramente nacional, compuesta mayoritariamente por productores y cooperativas, muy atomizada, con más de 300 dueños y que además cotiza en bolsa. Es falso que Gobocopatel o Sigman controlen la compañía, aunque sean socios. Es muy importante, insistimos: Bioceres NO es dueño de la patente, ni descubrió el gen resistente a la sequía, como aviesamente se suele informar.

Estoy de acuerdo -y lo milito todos los días- que la Argentina no resiste un cm más de soja ni uno menos de bosque, que hay que parar con las fumigaciones indiscriminadas, que hay que volver al consumo de cercanía y promover fuertemente la agroecología. Pero esta patente no está contraindicada para ninguno de estos objetivos. El hecho de que sea resistente a la sequía no significa que deban usarse si o si agrotóxicos. El HB4 NO es resistente al glifosato, no exige más ni menos herbicidas que el trigo común e irá segregado de éste, para respetar al consumidor que no lo prefiera. La segregación exige inversiones que Cargill, Dreyffus y acopiadores no quieren hacer porque se la quieren seguir llevando con la pala.

El modelo de producción de alimentos de un país no se cambia dictando una ley o haciendo un zoom: lleva por lo menos una década, es el tiempo que le llevó a la sojización imponerse sobre la chacra mixta. Tampoco se hace bajando una palanca o apretando un botón, durante largo tiempo deberán convivir los dos modelos. Pero se empieza a cambiar cuando se toma la decisión política de hacerlo. Entonces hay que tratar de que el modelo que se va, se vaya haciendo el menor daño posible y el que entra, lo haga con todo el vigor. Hay que exigirle al gobierno nacional que apoye la agroecología, no que deje de hacer ciencia.

El campo nacional y popular, la agricultura familiar, campesina e indígena deben armonizar sus saberes ancestrales con los científicos. El nuevo paradigma productivo debe democratizar y expandir la información que proveen los satélites agrarios que pusimos en órbita. También integrar la biotecnología, para hacer plantas resistentes a sequías o plagas que no necesiten más fertilizantes o tóxicos. No es volver al caballo o al carro, solo para regocijo visual de citadinos, sino desmonopolizar la producción y democratizar el uso y tenencia de tierra, conservando volúmenes productivos con rostro humano.

La reconversión hacia la agroecológica la hace el Estado para el bien común, o la va hacer el mercado, de la mano y para beneficio de los mismos de siempre. La ciencia, quién la hace y para qué sirve es parte de este debate. al que hay que entrarle sin prejuicios ni anteojeras. Estado o Monsanto esa es la cuestión.