Una multisectorial del barrio de La Boca denunció "una serie de irregularidades y arbitrariedades" llevadas a cabo durante el desalojo que ordenó en la mañana del jueves la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 35 de CABA, a cargo de Celsa Ramírez, para desocupar el inmueble del primer piso de Olavarría 1107 y expulsar a las cinco familias que lo habitaban desde hace 15 años.

Desde "La Boca Resiste y Propone", que reúne a organizaciones sociales, centros de salud y atención comunitaria (Cesac) y vecinos de la Comuna 4, señalaron que el desalojo ejecutado por la Policía de la Ciudad "incumplió el protocolo del Ministerio Público Fiscal porteño, que prevé la presencia del asesor tutelar de menores", y advirtieron que en la vivienda residen "dos menores y una persona con tratamiento oncológico".

Desde el lugar del desalojo, la responsable de Vivienda y Hábitat de "La Boca Resiste y Propone", Natalia Quinto, denunció que las cinco familias expulsadas no pueden considerarse "usurpadoras" porque "no violentaron el inmueble ni entraron como intrusos" sino que vivían allí desde hace más de una década ya que "la propietaria anterior era quien les alquilaba el inmueble".

"Nosotros les pedimos 45 días a la fiscal y a la jueza para que las familias busquen alquiler y se gestionen los subsidios para el pago pero la fiscal se negó rotundamente, entonces presentamos una apelación que ya está en la Cámara (en lo Penal, Contravencional y de Faltas), donde lo más factible es que resuelvan que estas familias no eran usurpadoras pero el hecho es que ya están en la calle", agregó Quinto.

Quinto, que es asesora del legislador porteño Alejandro Amor (FdT), aseguró que el desalojo había sido solicitado por un reciente comprador del inmueble, al que identificó como "un conocido militante del PRO del barrio de nombre Norberto Godoy", quien "compró el inmueble en estado de ocupación, por eso lo pudo comprar a un precio muy por debajo del valor del mercado", según constató al acceder al acta de compra-venta.

Además, planteó que el nuevo comprador debería haber iniciado "un juicio civil por desalojo", al tratarse de un predio que estaba ocupado desde hace varias décadas, y al mismo tiempo lamentó que tanto la Fiscalía 35 como el Juzgado 20 del mismo fuero "hayan desestimado las pruebas que aportaron los ocupantes, desde certificados de nacimiento en los que consta este domicilio como boletas de servicios a su nombre que llegan desde hace años a ese lugar", enumeró.

En el escrito de apelación, el abogado de las cinco familias que viven en el PH ubicado en el primer piso de Olavarría y Hernandarias advirtió al Juzgado 20 de CABA que "la ejecución de la medida cautelar ordenada (por el desalojo) implica "una sentencia condenatoria anticipada" que "generaría efectos devastadores" en los residentes.

"Personas trabajadoras, menores de edad y hasta un paciente oncológico quedarían a la intemperie, en una situación de desamparo absoluto", alertó el abogado, quien atribuyó el juicio por usurpación "a la injusta voluntad de los denunciantes de querer sortear el proceso civil", un proceso que los nuevos compradores "ya sabían, desde el momento de la adquisición del inmueble, que debían transitar", observó.

Sobre las implicancias más generales del caso, Quinto señaló que "en La Boca existen hoy 260 causas de juicio por desalojo", lo que refleja "el proceso de gentrificación, de sustitución de población, que vive el barrio", consistente en expulsar a los pobres con el objeto de que las desarrolladoras inmobiliarias "acumulen metros cuadrados de conventillos para hacer edificios con pileta, laundry y poner una galería de arte en la planta baja".

Y en ese sentido, detalló: "Como La Boca está declarada 'Distrito de las artes', esa ley prevé una política de incentivo para que los desarrolladores inmobiliarios vengan a invertir en este barrio: por ejemplo, poner una galería de arte les permite no pagar el permiso de obra, que es un monto considerable".