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Desde hace una quincena de días el campesino Manuel Asencio Ardiles y su familia están guareciéndose en un polideportivo de la municipalidad de Forres. El 4 de este mes fueron desalojados de su vivienda y su campito, en el paraje Chaguar Punco, por orden del juez Pedro Carlos Juri, a pedido del juez Federico López Alzogaray, que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero.
En 1977 el padre de Ardiles, que se llamaba igual que él, obtuvo el título de propiedad sobre el campito de 30 hectáreas mediante un proceso de posesión adquisitiva veinteañal. Su hijo, que ahora tiene 64 años, vivió ahí toda su vida hasta el 4 de mayo. En 2018 el juez supremo, que no vive ahí, presentó una demanda reclamando este terreno con el argumento de que tenía derechos hereditarios que provenían de una merced otorgada a un antepasado suyo por la gobernación del Tucumán en 1747.
Según informó la familia, cuando se entabló este conflicto judicial, el abogado Juan Parra, que representa a Ardiles, presentó copias certificadas e informes del Registro de la Propiedad Inmueble que acreditan que el campito "se encuentra inscripto a nombre de su padre, su homónimo Manuel Asencio Ardiles, desde el año 1977, por haber tramitado su prescripción adquisitiva veinteañal. Es decir, poseía título perfecto". Sin embargo, el juez de primera instancia ordenó el desalojo, e incluyó en esta medida a un hijo de Ardiles, Adrián Ardiles, que vivía en otra casa y sobre quien no se había entablado la demanda.
Ahora Ardiles, su esposa, María Luisa Juárez, y un hijo están en el polideportivo de Forres, y Adrián, su compañera, Juliana Farías, y dos hijitos, se alojan en salón comunitario en Forres, el pueblo más cercano a Chaguar Punco, en el departamento Robles.
Juliana Farías contó a Salta/12 que el desalojo se llevó a cabo sin aviso previo. En su caso, estaba sola con sus hijos cuando llegaron policías (incluso miembros de Infantería) en un colectivo y cinco móviles y otros dos móviles de Seguridad Vial. En el micro llegaron "más de 50 miembros de Infantería de la policía de la provincia sumado a los móviles y miembros de las comisarías de Forres, Fernández y Beltrán. Es decir más de 100 miembros. Lo cual nos demuestra que esta decisión había sido tomada, ya con anterioridad", se sostuvo en el comunicado.
La Policía se encargó de "asegurar el orden" mientras unos ocho hombres de civil (Farías dijo que eran peones de López Alzogaray que llegaron en una camioneta) sacaron los muebles y destruyeron las viviendas. Primero fueron a la casa de Manuel Ardiles y luego a la de su hijo y nuera.
Seguridad Vial cerró el camino de acceso a las viviendas: “No dejaban pasar a nadie, ni familiares, ni vecinos, ni nadie, para que no intervengan en el procedimiento que estaban haciendo ellos, ni al abogado lo han dejado arrimarse”.
Farías dijo que solo pudo observar los desalojos, no vio el procedimiento en el ingreso, "porque a nosotros no nos han dejado salir y tampoco entrar”. “En el desalojo ningún familiar ha podido intervenir ni hacer nada”, añadió.
Toda la vida en el campo
“Ellos han vivido toda su vida en el campo”. “Siempre han sido personas de agricultura, de criar, del algodón, de la alfalfa, de todo”, dijo Farías sobre Ardiles y Juárez.
El comunicado que difundió la defensa de la familia campesina detalló que se dedicaba a la cría de ganado menor, para lo que ocupaba 23 hectáreas, mientras que en las otras siete hectáreas, donde estaban las casas, cultivaba alimentos para estos animales y para el consumo propio, con riego por acequia, para lo que Ardiles pagaba un canon, pero luego tampoco contó con el agua porque López Alzogaray logró que el canon quedara a su nombre. "A lo largo de toda su vida, nunca recibieron reclamación alguna sobre sus derechos sobre el inmueble", se destacó en el comunicado.
Hasta que en 2018 un oficial de justicia les notificó que López Alzogaray, propietario de un campo vecino, había presentado una demanda de reivindicación en su contra y "de oficio, el juez había otorgado una medida cautelar innovativa, por lo cual se los desposeía de 23 de sus 30 has. Sin haber tenido aún la chance de ser oído".
A pesar de que la demanda fue contestada "en tiempo y forma. En un proceso excesivamente sospechoso, carente de igualdad y viciado por (...) arbitrariedades", como el hecho de que no se permitió la intervención de los demás ocupantes del campito, la esposa de Manuel ni sus hijos Adrián y Nancy Ardiles, que habían construido sus casas en el mismo inmueble, el juez ordenó que el campito quedara en manos del presidente del Superior Tribunal.
Esta sentencia fue apelada, y fue rechazada; la defensa presentó entonces un recurso de casación que también fue rechazado "en tiempo récord". El expediente regresó al Juzgado de origen donde se ordenó el desalojo, que también fue recurrido mediante dos presentaciones denegadas “in limine” y se ordenó el desalojo. En estos últimos recursos el abogado adujo que existía un error, ya que se ordenaba el desalojo de “núcleo familiar y/o cualquier ocupante” cuando el mismo juez había privado a Juárez y a sus hijos de responder la demanda.
En su momento Nancy Ardiles, que fue desalojada en 2020, interpuso un recurso de casación en contra de la negación al ejercicio de su derecho de defensa en juicio dispuesta por el juez Juri. Este recurso, que debe ser definido por el Superior Tribunal de Justicia que preside López Alzogaray, aún no fue resuelto.
Entre otras acciones, el abogado de Ardiles presentó una nota ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, manifestando todas "estas arbitrariedades y abuso de poder, el estado de inseguridad jurídica y la gravedad institucional que vive la provincia, que puede generar uno de los peores antecedentes en un estado democrático, porque esta persona no ha tenido ningún reparo para el uso de sus posición de privilegio y la supremacía de él sobre sus jueces dependientes", sostuvo en declaraciones a Canal 7 de Salta. La defensa también se reservó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de los que Argentina es parte.
Inseguridad jurídica en Santiago del Estero
El desalojo fue repudiado por el Mocase, que habló de una "justicia perversa y deshumanizada" y llamó la atención sobre el hecho de que el presidente del STJ está "de los dos lados del mostrador". "¿Qué seguridad jurídica le puede garantizar a nuestra sociedad santiagueña?", interrogó.
La organización campesina destacó asimismo que la familia Ardiles, "era la única que faltaba desalojar del lugar" y que el supremo viene tomando acciones para abarcar más tierra "desde la década del 90. Con su astucia maliciosa les hacía quemar los cercos, las cosechas, los amenazaba, y cuando las denunciaba, siempre lograba expulsarlas de sus lugares de vida", aseguró. Y afirmó que el magistrado "de muy mala fe, aprovechó el desconocimiento de la mayoría de los poseedores y poseedoras sobre las leyes, y ahora siendo presidente del Superior Tribunal de Justicia, utilizó ese poder para desalojar a la última familia que quedaba resistiendo".
Tras afirmar que este desalojo no los hará cesar en su lucha por los derechos campesinos, la organización interpeló "a la justicia para que dé marcha atrás con la atrocidad que cometieron con este fallo injusto, viciado de poder y malicia", porque "no puede ocurrir que la máxima autoridad del poder judicial de la provincia cometa estos actos de inmoralidad".
Mientras tanto, las dos familias desalojadas ahora siguen buscando donde vivir. “Hemos pedido ayuda a la municipalidad” y hay compromiso para que les adjudiquen una vivienda social a la familia de Ardiles y Juárez, contó Juliana Farías, quien recriminó al presidente del STJ que no haya "dado la cara, como ser humano”.
