Diputados nacionales que representan a la provincia de Santa Fe presentaron un proyecto de ley para fortalecer la Justicia Federal en las distintas jurisdicciones santafesinas. La iniciativa cuenta con el aval de todas las fuerzas políticas y del gobernador Omar Perotti. Se trata de una iniciativa impulsada por los legisladores santafesinos luego de las reuniones convocadas por el Ejecutivo provincial y reclamadas nuevamente cuando se realizó la cumbre del poder Juicial en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. El proyecto contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino con el objetivo de “fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal”.
De acuerdo a la fundamentación de los legisladores “la escasa estructura de la Justicia Federal en Santa Fe resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narco criminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes”. El proyecto propone la creación de cinco nuevos cargos de fiscales federales con competencia penal en Rosario, tres en Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.
Por último, la iniciativa busca crear seis cargos en diversos puntos de la provincia en lo que respecta a jueces con funciones de garantía; tres cargos de juez penal federal con funciones de revisión en Rosario y dos con funciones de juicio y ejecución, uno con jurisdicción sobre Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires) y otro con sobre Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
La iniciativa se enmarca en la implementación del Código Penal Federal sancionado en 2014, que hasta el momento sólo se implementó en Salta y Jujuy. Fue realizado en conjunto entre los distintos espacios que representan a Santa Fe en el Congreso nacional, que fueron convocados por el mismo gobernador Perotti en diciembre con ese propósito.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, en el venbto en Rosario que reunió a jueces federales y otros actores judiciales para debatir la problemática del narcotráfico; había reclamado por la cobertura de los cargos vacantes en la Justicia Federal (que en la provincia de Santa Fe superan el 30% del total), advirtió que "no se puede combatir el crimen organizado con un Estado desorganizado" y pidió protección para los jueces y fiscales que investigan el crimen organizado.
"Desde el Poder Judicial reclamamos participación para el rediseño del mapa judicial en la Argentina, un mapa judicial que ha sido pensado para otra época y que debe rediseñarse para enfrentar el crecimiento del crimen organizado", sostuvo Rosatti y apuntó: "Reclamamos también la cobertura de las vacantes federales existentes. No se puede declamar que se pretende combatir el narcotráfico y después no hacer lo necesario. En esta provincia se oscila entre el 30 y el 40% de los cargos federales vacantes, y se ha llegado hasta el 50%, incluyendo fiscales, defensores y jueces. Entonces, la declamación va por un lado pero la realidad va por otro", disparó.
Rosario cuenta actualmente con sólo dos juzgados federales en materia penal, cuyos jueces -Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque- subrogan a la vez juzgados de San Nicolás y Santa Fe respectivamente. Además, de los tres Tribunales Orales Federales que existen en esa ciudad, y que se encargan de los juicios orales y las sentencias del narcotráfico, uno no tiene ningún juez nombrado. Y la Cámara Federal de Apelaciones, que cuenta con dos salas de tres miembros cada una, posee dos vacantes por jubilación que no fueron cubiertas.
En su alocución, el presidente de la Corte también manifestó "la solidaridad y el compromiso" del máximo tribunal "con los procuradores, con los fiscales y con los jueces federales y provinciales que actúan contra el narcotráfico y el crimen organizado" y reclamó "a los poderes públicos competentes, tanto de la Nación como de la provincia" la protección necesaria tanto para los funcionarios judiciales como para sus familias": "Sabemos que la generación y la administración del miedo sumado a la infiltración en distintas sectores de la sociedad constituyen estrategias propias del crimen organizado", manifestó.
