Tres oficiales retirados del Ejército comenzaron a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría de Ramos Mejía durante la última dictadura. Los acusados son Rodolfo Enrique Godoy, Roberto Obdulio Godoy y Francisco Rodolfo Novotny, a quienes se les imputan nueve hechos de secuestros y torturas, y un homicidio.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de CABA --integrado por los jueces Ricardo Ángel Basílico y las juezas Gabriela López Iñiquez y Adriana Palliotti-- abrió el proceso oral con una audiencia virtual esta semana. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino María Ángeles Ramos, la fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Ubicada en Avenida de Mayo 549 de Ramos Mejía, la comisaría de esa localidad bonaerense fue parte del área militar 114, cuya jefatura estaba en el Grupo Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, y dentro de la denominada subzona 11, correspondiente a la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Según ya fue acreditado por la Justicia, varias víctimas fueron trasladadas a la comisaría de Ramos Mejía antes o después de su cautiverio en la subcomisaría de Villa Insuperable, el centro clandestino conocido como Sheraton.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, entre octubre y diciembre de 1976 hubo al menos una víctima cautiva; entre enero y abril de 1977 hubo al menos dos víctimas; y entre agosto de 1977 y marzo de 1979, hubo cuatro víctimas. “La norma material fue el desarrollo de una ordenada, jerárquica e ilegal maquinaria debidamente aceitada para cumplir acabadamente con el cometido fijado: el aniquilamiento del oponente a un precio conocido de antemano por todos los integrantes de la estructura. La cadena de órdenes se mantuvo intacta y debidamente aceitada para eludir las formalidades burocráticas que hubiese impuesto una represión en el marco de la ley”, explicó el Ministerio Público Fiscal.
Los acusados actuaron con distintos roles en el centro clandestino de detención. Roberto Obdulio Godoy era el oficial de Operaciones del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela y la acusación resaltó que "la arquitectura vertical y burocrática del aparato represivo, la interpretación de la normativa aplicable y el contexto histórico, permite afirmar que como Oficial de Operaciones del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, intervino en la planificación de operativos, lo cual implicaba una amplia organización de aquellos, en forma coordinada con los restantes oficiales de las distintas jefaturas y en especial con el Jefe de Inteligencia". La fiscalía lo acusó por nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos en siete ocasiones y el homicidio de Gabriel Ernesto Rodríguez.
Novotny, en su rol de teniente primero y auxiliar del Grupo de Operaciones de la Compañía Comando y Servicios en el Grupo de Artillería, es acusado por nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos en siete ocasiones. La fiscalía remarcó en la imputación que el represor fue señalado por testigos que lo ubicaron en el lugar de los hechos.
Rodolfo Enrique Godoy fue segundo comandante y jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela. La fiscalía lo acusa por privaciones ilegales de la libertad en seis ocasiones y tormentos en cinco. De acuerdo con la acusación, el imptuado "estuvo comprometido con el desarrollo de los hechos investigados en el centro clandestino de detención y tortura", ya que cumplía un "rol primordial como Jefe de la Plana Mayor y calificante (evaluaba a sus subordinados) de personas con funciones relevantes (como Roberto Godoy y Novotny)". Además, "encontrándose en un lugar de mando, poseía pleno conocimiento sobre la existencia y funcionamiento de la comisaría como centro clandestino de detención".
En la primera audiencia, tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio, ni la defensa ni la querella plantearon cuestiones preliminares. El Ministerio Público Fiscal reiteró el desistimiento de uno de los testigos que había propuesto y pidió al tribunal una resolución respecto de la incorporación de testimonios por lectura, una modalidad prevista por la Cámara Federal de Casación para evitar o atenuar la revictimización de los sobrevivientes. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, prevista para el lunes 30 de mayo.
