La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por el aumento de la violencia en Colombia en el marco de la campaña electoral para las presidenciales del domingo 29 de mayo y realizó un llamado al Estado colombiano para que garantice las medidas de seguridad.
“Llama al Estado a incrementar sus esfuerzos destinados a transformar las causas en las que se sustentan las actividades de los grupos armados, en particular, implementar de manera práctica y efectiva las acciones previstas" en el Acuerdo de Paz”, manifiestó la CIDH.
El organismo dependiente de la OEA advirtió por las violaciones a los derechos humanos que se presentaron durante el Paro Armado decretado por el Clan del Golfo tras la extradición de Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, quien lideraba el grupo hasta octubre cuando fue capturado.
En su comunicado, la CIDH alertó por impactos particulares de la escalada de violencia “en comunidades rurales afrodescendientes, campesinas e indígenas”.
“La CIDH expresa su alarma por los hechos de violencia registrados en el contexto de la campaña electoral para las elecciones presidenciales en el país. En este marco, hace un especial llamado al Estado para redoblar las acciones tendientes a brindar garantías de seguridad en el desarrollo de las campañas electorales”, puede leerse en el pronunciamiento.
La preocupación por los “falsos positivos”
La CIDH ya había divulgado esta semana otro comunicado vinculado a la convulsionada realidad política colombiana. El miércoles 18 anunció que investigará al Estado colombiano por la demora en la judicialización de militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos” de tres jóvenes, en la región del Yopal.
El organismo internacional señala que, luego de 17 años, el proceso iniciado por la muerte de los jóvenes "sigue inconcluso y suspendido, sin que se haya juzgado o determinado una justa sanción contra todos los responsables, ni mucho menos indagado sobre los posibles responsables intelectuales del crimen dentro de la cadena de mando militar y civil".
La CIDH advierte que "no se ha reportado sentencia alguna contra los autores materiales o intelectuales" de esas ejecuciones extrajudiciales, según publicó Radio Caracol.
Los cuerpos de los jóvenes fueron reportados por los soldados como “tres delincuentes que se dirigían a cometer el delito de secuestro contra el propietario de una finca”. Los cadáveres presentaban señales de tortura, además de los orificios de entrada y salida de las balas.
Según las denuncias, el encargado de reclutar víctimas, conocido con el alias “Gilmer” convenció a los jóvenes de que lo acompañaran a cobrar una deuda y que para eso debían ponerse uniformes camuflados.
