"Todo está guardado en la memoria" dice el conmovedor tema que León Gieco lanzó en 2001 para homenajear a las víctimas de la AMIA. Hoy cabe recordar esa canción con especial énfasis porque, justo al cumplirse 98 años de la más brutal y vergonzosa matanza cometida por el Estado argentino contra un pueblo originario, se ha hecho Justicia.

El veredicto fue leído solemnemente por la Jueza Federal Nº1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, en traducción simultánea a las lenguas originarias, e inició así el cierre de uno de los capítulos más ominosos de toda la Historia Argentina del Siglo 20. Que fue un siglo, cabe recordarlo, signado en nuestro país por horribles crímenes de lesa humanidad.

El texto de esta jueza ejemplar –no es poco elogio en tiempos en que la Justicia en la Argentina está sobrada de corrupción y abusos– fue también ejemplar al condenar, después de un proceso de dos décadas, al Estado Nacional por organizar y ejecutar la feroz matanza de la mañana del 19 de julio de 1924, cuando entre 400 y 500 personas, seres humanos pertenecientes a diferentes pueblos originarios del Chaco, fueron asesinados y despedazados brutalmente por militares, policías y civiles a las órdenes del entonces gobernador –y también productor algodonero y político radical–Fernando Centeno. Quien había sido designado (pues por entonces los Territorios Nacionales no eran Provincias) por el presidente Marcelo T. de Alvear.

En aquellos tiempos el selvátivo y virgen Territorio Nacional del Chaco era ya el primer productor de algodón de la Argentina en los espacios desmontados, y, aunque silenciado tenazmente, el sistema de explotación humana en esa riquísima tierra era conocido en todo el país.

Por entonces las "reducciones indígenas" eran espacios de explotación humana, sometimiento y condiciones laborales infames, casi de esclavitud. Y la de Napalpí, ubicada a 120 kilómetros de Resistencia, que era la capital territorial, era un espacio paradigmático de sometimiento humano. Allí los aborígenes eran obligados a trabajar en condiciones tan ominosas que para julio de 1924, y hartas de abusos, las comunidades Qom y Mocoiqt se declararon en huelga denunciando malos tratos y sobreexplotación por parte de patrones y terratenientes.

Seguramente informados de las resistencias obreras en los quebrachales del norte santafesino, los aborígenes planeaban marchar hacia los ingenios azucareros de Las Palmas (Chaco) y otros en las provincias de Santa Fe, Salta, Tucumán y Jujuy. Acaso hubo denuncias e indicios de ello, pero, seguramente estimulado por la prepotencia de los latifundistas que lo rodeaban, el gobernador Centeno no tuvo mejor idea que prohibir a los aborígenes abandonar el Chaco, y para imponer tal ocurrencia su vil criterio lo llevó a ordenar la represión.

Que fue feroz, y de hecho continuidad de prácticas bestiales incitadas y autorizadas por los sucesivos gobiernos oligárquicos de la Argentina desde finales del Siglo 19. Desde hacía por lo menos 40 años se habían lanzado campañas militares para someter a pueblos originarios en todo el país, y en particular la Patagonia, y el Ejército Argentino había sido utilizado sistemáticamente y por sucesivos gobernantes para aniquilar a esos pueblos indígenas hasta la desintegración social y cultural de todas las etnias que habitaban desde tiempos inmemoriales los territorios de Salta, Formosa y Chaco, por lo menos.

En todo el país eran muchos los fortines militares encargados de eliminar aborígenes para vender o entregar tierras "limpias" a los muchos colonizadores europeos que llegaban de todas las naciones, y que en el Norte se ocupaban especialmente de producir algodón. Fueron muchas las comunidades originarias confinadas en "reducciones", donde se las sometia a explotación y esclavitud. Y una de las más importantes fue la de Napalpí, nombre Qom que significa "lugar de los muertos" y que había sido establecida en 1921 y donde eran mayoritarias las personas de la etnia Qom.

Y donde todo estalló en enero de 1924, cuando el gobernador Fernando Centeno dispuso que los indígenas debían entregar gratuitamente el 15% de su producción de algodón, lo que inició la resistencia y la tensión, que estalló ese 19 de Julio cuando unos 130 hombres, entre policías, estancieros y civiles criollos de la zona, todos fuertemente armados, rodearon el campamento justo cuando los aborígenes celebraban una ceremonia religiosa, que interrumpieron a balazos y degüellos.

Diferentes testimonios calcularon más de 5.000 disparos para ese crimen masivo que también incluyó bestiales amputaciones de testículos, penes y orejas posteriormente exhibidos en la comisaría de la cercana localidad de Quitilipi. Y represión que incluyó el debut bélico de un avión donado por el ejército al naciente Aeroclub Chaco y desde el que muchos testimonios dicen que se disparaba desde el aire contra los aborígenes, mientras los lacayos de los estancieros rodeaban a los huelguistas y disparaban con rifles durante los 45 minutos que duró la matazón.

Ninguno de los autores de la masacre murió o resultó herido, y nunca se realizó una investigación ni se llevó a juicio a los culpables. Las víctimas fueron hombres, mujeres, ancianos y niños, todos aborígenes y cuando acabó el ataque incluso todos los heridos fueron degollados.

Y como siempre sucede que los horrores finalmente se conocen, la Masacre de Napalpí también fue investigada, narrada, reconocida y condenada durante las últimas décadas y en democracia. Y uno de sus más serios investigadores fue un nieto de aquella tragedia brutal. Juan Chico se llamaba, y murió en junio de 2021, víctima de la pandemia y a la edad de sólo 45 años. Profesor de Historia egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y autor del libro “Los Qom del Chaco en Malvinas”, fue la más autorizada voz de aquella masacre. Descendiente directo de víctimas de ese horror, había escuchado desde su niñez y de boca de sus abuelos la historia real de lo sucedido en Napalpí. Su compromiso lo llevó después a estudiar y crear una fundación que impulsó el Juicio por la Verdad. Hoy Juan es una pérdida que todavía lloramos en el Chaco.

El veredicto de la Jueza Niremperger clausuró una etapa decisiva de esta Historia, al menos desde que en 2004 el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) decidió en asamblea –con la presencia de 46 comunidades indígenas de los pueblos originarios Qom (antes Tobas), Mocoiqt (antes Mocovíes) y Wichís (antes Matacos)– iniciar una acción judicial de reparación por 350 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, garantía de no repetición y pedido de perdón por parte del Estado Argentino. La demanda se presentó en diciembre de ese año, fundada en el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad. Ahora, será Justicia.