Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados repudió el tanteo político de Omar Perotti, que designó al frente del Servicio Penitenciario al teniente coronel José Bernhardt, aunque después –ante el escándalo- le aceptó la renuncia antes de que asumiera el cargo. Entre la designación y la baja apenas pasaron 72 horas. La Cámara expresó su “más enérgico repudio y preocupación” por el intento del gobernador de sumar a su gabinete a “un coronel retirado del Ejército que prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601” durante la dictadura, un “sitio neurálgico” del terrorismo de estado, “dónde se definían las operaciones clandestinas que ejecutaban los grupos de tareas”, dijo la diputada Lionella Cattalini, quien impulsó el pronunciamiento que oficialistas y opositores aprobaron sobre tablas. La excepción fueron los cinco que se abstuvieron: Amalia Granata, Nicolas Mayoraz, Juan Argarañaz y Natalia Armas Belavi –de los bloques antiderechos- y su colega Sebastián Julierac Pinasco de la Coalición Cívica.

El repudio de Diputados fue la primera reacción institucional al regreso de Bernhardt a la Casa Gris, donde se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública en el primer mandato de Jorge Obeid (1995-1999), asesor en el segundo de Carlos Reutemann (1999-2003) y subsecretario de Emergencia en el segundo de Obeid (2003-2007). En el primer gobierno de Obeid y durante cuatro años, Bernhardt tuvo como “asistente técnico”, al lado de su despacho, al ex suboficial del Ejército Nicolás Correa, quien integró la patota del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y murió impune en 2007, antes del juicio. Bernhardt también fue jefe de ese Destacamento de Inteligencia 122, pero en 1995, antes de que Obeid lo sumara a su gabinete, junto con Correa.

En el debate, la diputada Cattalini interpretó el llamado de Perotti a Bernhardt como una evidencia de la “falta de rumbo” del gobernador en “políticas de seguridad democrática” y plantó una duda: la supuesta “falta de compromiso” del mandatario con “la memoria colectiva, la verdad y la justicia. En democracia es inadmisible que se designen funcionarios involucrados en la última dictadura”, reprochó.

Cattalini criticó el “método” Perotti (“si pasa, pasa”). Y advirtió que Bernhardt no es hoy director del Servicio Penitenciario por “la reacción de los organismos de derechos humanos y de todos los sectores políticos de la provincia”. “Valoro el repudio generalizado de la mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara a la designación” de Bernhardt, dijo la legisladora socialista. En el recinto, la escuchaban sus compañeros de bloque que firmaron su proyecto. Y sus colegas del peronismo y el centro izquierda que alzaron su voz.

Es que el episodio Bernhardt impactó de lleno en el Partido Justicialista, donde su vicepresidenta Norma López dijo que “nuestro compromiso con los derechos humanos” impedía aceptar la designación de un “miembro del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura genocida como director del Servicio Penitenciario”. Al repudio se sumaron ocho legisladores del PJ, entre ellos los tres que el jueves estaban en el recinto: Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Leandro Busatto, quienes reclamaron a Perotti que revoque la designación, como ocurrió. Incluso, Busatto recordó que Bernhardt, cuando era subsecretario de Seguridad de Obeid “designó al represor Nicolás Correa como su mano derecha”. Los dos tenían oficinas contiguas, en el segundo piso de la Casa Gris.

En la misma sintonía, el diputado nacional Eduardo Toniolli planteó que el “pueblo argentino se ganó el derecho de no tener que padecer a tipos como Bernhardt como funcionarios”. Una coincidencia compartida por el senador nacional Marcelo Lewandowski, su sucesor en el Senado de la provincia Miguel Rabbia y su colega Marilín Sacnun. “El compromiso por la memoria, verdad y justicia es irrenunciable”.

Aunque en la primera parte de su discurso, la diputada Catallini plantó dudas sobre la supuesta “falta de compromiso” de Perotti con las políticas de memoria –a raíz de su llamado a Bernhardt-, al final de sus reflexiones le asignó un crédito. “Quiero creer que el gobernador no se va a sumar a esta tendencia que parece de moda. Que desde la política se hace antipolítica”. Que se banaliza el terrorismo de estado. “Que se olvida (o se niega) lo que pasó en la dictadura” y desde ese lugar “se bastardea a la democracia”.

La defensa de Bernhardt la asumió en la Cámara el diputado Nicolás Mayoraz, presidente de uno de los bloques antiderechos y que se abstuvo en la votación. “El coronel no tiene ninguna causa que lo inhabilite para ocupar un cargo” en el gobierno de Perotti. “No tiene ninguna causa de lesa humanidad. Su participación en el Batallón 601, fue a finales de la ‘democracia’ (sic)”, pifió Mayoraz si darse cuenta del fallido. Bernhard operó en el 601 desde el 3 de diciembre de 1982 (Boletin Reservado del Ejército 5027) y siguió en 1983. El final de la dictadura, no de la democracia, como dijo Mayoraz. “Estuvo (en ese destino) casi un año, algo que no se compara ni siquiera con la cantidad de tiempo que él estuvo en democracia cumpliendo funciones en gobiernos democráticos”. Mayoraz aludió así a los doce años de Bernhardt en la Casa Gris, entre ellos los cuatro (entre 1995 y 1999), donde tenía como “asistente técnico” a Correa.

Correa fue identificado recién en marzo de 1997 y denunciado por la periodista Ana Fiol, en su programa de TV “Mujeres de Fin de Siglo”. Por esa época, un abogado se cruzó en la Casa de Gobierno con otro ex militante que le preguntó: ¿Sabés quién es ese? “El Tío Nicola, el de la voz gruesa en las torturas”. ¿Qué hace acá? “Es asesor de Bernhardt”. Correa siguió en su cargo hasta el final del mandato de Obeid, en diciembre de 1999.

Eran los tiempos de las leyes de impunidad. Correa fue detenido recién en 2005. Un sumario del Ejército -que se descubrió después- reveló que integró el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 122 que persiguió y fusiló a una militante de la Juventud Peronista, en diciembre de 1976, en el microcentro de Santa Fe. Murió impune en agosto de 2007, tras burlar la prisión domiciliaria. El jefe de aquella patota era el teniente coronel Alberto José Jaime y la integraban Correa, que era “suboficial mayor de Infantería retirado, el teniente primero de Ingenieros Julio César Domínguez, el sargento ayudante de Comunicaciones Eleodoro Jorge Hauque, el sargento primero de Infantería Oscar Alberto Cabezas” y un oficial ayudante de la Policía de Santa Fe Héctor Romeo Colombini (“Pollo”). El séptimo era un agente secreto del Ejército, a quien se lo menciona en el expediente como “personal civil de Inteligencia sin identificar”. El único sobreviviente del grupo es el coronel Jaime que estuvo prófugo más de dos años y hoy está detenido a la espera del juicio ante el Tribunal Oral de Santa Fe. Jaime será juzgado por el “homicidio doblemente calificado” por “alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas” de la militante de la Juventud Peronista a la que perseguían. Esa joven era Yolanda Ponti, de 19 años, de la ciudad de Rafaela.