El comandante principal Marciano Alberto Páez, que era jefe del Escuadrón Aguaray de Gendarmería Nacional; el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, ambos del mismo escuadrón, y Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en Campo Durán, en el departamento San Martín comenzaron a ser juzgados el jueves último acusados ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming y Domingo Batule y la jueza Gabriela Catalano.

En la primera audiencia el fiscal federal Eduardo Villalba resaltó que este caso revela un hecho de “corrupción galopante” dentro de Gendarmería y de “grandísima escala”, que causó un “perjuicio enorme” al fisco, por la cantidad de camiones que cruzaban ilegalmente la frontera a través de la finca de Crossa, todo ello en plena pandemia. Un testigo de la AFIP calculó que solo en la evasión del IVA hubo un perjuicio de unos $63 millones. 

Los tres gendarmes están acusados por contrabando de granos. En el caso de Páez y Radaelli, la fiscalía reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento se le endilga solo el segundo agravante.

La fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo (que recibe una coima), en calidad de coautores. En el caso de Crossa, la acusación fue también por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo (el que paga) y en grado de autor.

Los cuatro hombres fueron detenidos el 5 de julio del año pasado en el marco de numerosos procedimientos realizados en el Escuadrón de Aguaray y en otros domicilios en la zona de frontera con Bolivia.

En su alegato de apertura el fiscal Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual presentaron el caso a los jueces, mencionaron las pruebas a producir en el juicio y precisaron la calificación legal.

La aduana en la finca 

Villalba destacó el rol del finquero, que puso a disposición su propiedad para que el contrabando pasara a territorio boliviano, dado que la parte posterior de su finca limita con el país vecino.

El fiscal adelantó que a lo largo del juicio, en el que declararán unos 150 testigos, probará que la finca de Crossa fue clave en la maniobra, que fue iniciada por el sargento Ayala junto a otros dos prófugos y el finquero, en noviembre de 2020.

En este sentido, describió que en esa primera etapa se pactaba con determinados transportistas el pago de una coima y se pasaba el número de patente al sargento, que  allanaba el camino para que esos camiones tuvieran el paso libre hasta la finca de Crossa.

Villalba sostuvo que la maniobra fue advertida por Páez y Radaelli, que en lugar de ponerle fin se sumaron a ella y aumentaron el flujo de ingresos por el sistema de “peaje” que habían impuesto, el cual incluía, por otra parte, la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas que rondaban entre $150 y $200 por camión.

El fiscal afirmó que, de esta manera, los acusados llegaron a percibir grande sumas por liberar la ruta, y que este accionar se facilitó debido a que otros organismos de contralor, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), retiraron a su personal del puesto de control a raíz de las medidas sanitarias dispuestas en el orden nacional.

Sin embargo, la AFIP advirtió la maniobra y pidió a la fiscalía que investigue. La solicitud también fue impulsada por “las principales autoridades de Gendarmería Nacional, fuerza que se puso a disposición del fiscal, pues también habían percibido que algo raro sucedía en Aguaray”, explicó Villalba. 

En cuanto a las evidencias, enumeró una denuncia anónima, información aportada desde otro expediente derivado desde la provincia de Santa Fe, la declaración de un testigo de identidad reservada y el secuestro del celular de uno de los prófugos.

Perjuicio millonario 

El contador Carlos Meneses, jefe de la División Investigación de la Regional NOA de la AFIP, explicó la operatoria de transporte de granos en la frontera, el uso de carta de porte y su vinculación con el código de trazabilidad de granos (CTG) y también indicó de qué manera ese documento puede ser anulado.

Reveló que desde enero a noviembre de 2020 advirtieron que había gran número de operaciones de transporte que eran anuladas, lo que generó sospechas. 

Precisó que se pudo establecer alrededor de 45 mil traslados (cada traslado equivale a un camión con una carga promedio de 30 toneladas), de los cuales el 10 % terminaban siendo anulados. De ese número, la mitad tenía como destino la localidad de Salvador Mazza. 

También mencionó que los trámites se realizaban mediante una clave fiscal, por lo que no descartó que hubiera un uso ilegal de ese código. Y agregó que, en busca de aclarar esa situación entre el 25 y el 26 de noviembre de 2020 realizaron un control en los puestos de Senda Hachada y Aguaray.

En esos lugares comprobaron el paso de 83 camiones, de esa cantidad, 43 traslados, con un estimativo de 1.260 toneladas de granos, fueron anulados tras superar esos puestos de control, con lo que Meneses calculó que un perjuicio impositivo de alrededor de $63 millones, solamente si se toma en cuenta la aplicación del IVA.