El ex presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Eduardo Di Pollina pone todo su empeño en marcar el límite político del socialismo, más allá del peso interno que tenga su corriente partidaria llamada Bases. Como una campana que resuena en la conciencia del PS recuerda de manera permanente que ir a un frente junto con el PRO sería no sólo un peligroso paso ideológico, sino además una resignación a ser furgón de cola permanente para quienes fueron locomotora durante muchos años. Di Pollina y su corriente organizaron para el 26 de mayo una convocatoria bajo el lema “Perspectivas para una sociedad igualitaria”. Con un subtítulo por demás sugerente: “La izquierda democrática y la construcción de una agenda progresista”. Un lema difícil para llevar adelante, por ejemplo, junto a Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz que ya se enroló claramente en el negacionismo más cerrado respecto de la dictadura cívico militar.
Pero otra apuesta clara y fuerte la constituyen los invitados/oradores de esa jornada en la Asociación Empleados de Comercio: El diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario Alicia Gutiérrez, el filósofo peronista Juan Giani, el diputado provincial del radicalismo Fabián Palo Oliver y la concejala de Ciudad Futura Caren Tepp.
Más claro sólo podría ser un telegrama dirigido a Clara García, Mónica Fein, Enrique Estévez y Antonio Bonfatti. Todos los que juran y perjuran trabajar por una alternativa propia de cara a las elecciones del año próximo, pero con miradas cada vez más antiperonistas y ya con escasas referencias a la “grieta” a la que eran tan afectos. Sólo el tiempo dirá si está bien creer o no en que el socialismo se aleja o se acerca al Frente de Frentes.
En el otro Frente, el de Todos, cada cual atiende su juego. Con el gobernador Omar Perotti buscando fondos para obras en Kuwait y Marcos Cleri en Estados Unidos enviado por Cristina Kirchner en una delegación de legisladores con agenda con la OEA y contactos con inversores; el senador nacional Marcelo Lewandowski, el diputado nacional Roberto Mirabella y el diputado provincial Leandro Busatto suman kilómetros en el territorio provincial para engordar volumen político. Un esquema que también imitará Cleri a su regreso y que ya venía desarrollando con la posibilidad de bajar programas nacionales en el territorio.
Es sabido que Perotti tiene dinamitados los puentes políticos con el presidente Alberto Fernández desde que éste pretendiera imponerle a Agustín Rossi en el armado de las listas nacionales del año pasado. Era una movida contra la vicepresidenta que luego se agudizó hasta llegar al quiebre interno de estos días. De ahí en más Cristina ve un aliado en el gobernador de Santa Fe también por pragmatismo, como cuando lo vio como el candidato ganador en 2019. De ahí las buenas migas del mandatario santafesino y su corriente con Cleri y La Cámpora. El problema a solucionar allí es que Mirabella dejó claras sus intenciones de ser candidato a gobernador, un cargo al que el diputado nacional cercano a Máximo Kirchner también aspira.
Este esquema termina por aislar más a Rossi en Santa Fe y por eso Busatto muestra su costado más opositor en la interna diciendo que “el gobierno (santafesino) busca reducir a cenizas al resto de los sectores del peronismo”. Y acusa a Perotti de “generar un proceso de un peronismo pensado desde la comarca, en detrimento del orden nacional”, como le dijo al diario El Ciudadano esta semana.
Así las cosas el único líbero es Lewandowski, que se mueve con cautela y aprovecha de vez en cuando a mostrarle los dientes a Perotti como cuando circulan noticias de reuniones con Rossi a las que las páginas web dedicadas exclusivamente a la política, le ponen toda la pimienta que pueden. Ser el peronista con mejores números en todas las encuestas le da un respaldo como para pensar y esperar que salgan a la luz las verdaderas intenciones ajenas.
Para los perejiles
Como la inseguridad sigue siendo el principal problema de la provincia y el foco se puso últimamente en la justicia, se volvieron a poner sobre la mesa ideas antiguas ya fracasadas en otros lados. Como la que volvió a plantear el senador provincial del radicalismo Lisandro Enrico que es completito: otro que aprovechó el 24 de marzo pasado para intentar reinstaurar la teoría de los dos demonios. Ahora regresó con el proyecto de desfederalizar la justicia para que el fuero federal le pase las investigaciones por narcomenudeo y microtráfico a los fiscales y jueces santafesinos.
Lo más delicado en esta ocasión es que contó con el respaldo del jefe de los fiscales de Santa Fe Jorge Baclini. “Baclini sabe muy bien de qué se trata todo esto por eso es peligroso”, lo cruzó la diputada provincial y ex Defensora Pública Oficial de la Justicia Federal, Matilde Bruera. “Pareciera que no tienen rumbo, ante una ola delictiva proponen cualquier cosa y vuelven con recetas ya fracasadas. Es para llenar la cárcel de pobres y abandonar las investigaciones importantes”, agregó la legisladora.
En el mismo sentido, el fiscal Luis Schiappa Pietra le aseguró a este diario que una decisión de ese tipo terminaría por “fomentar el encarcelamiento de los actores menos relevantes que intervienen en los mercados criminales, como ha sucedido en otras provincias argentinas”.
En la página Argentina.gob.ar se puede leer el trabajo de las especialistas Patricia Guzmán y Alejandra Zarza que indica que en 2019 en provincia de Buenos Aires donde la justicia provincial persigue el narcomenudeo desde el año 2005; en el 2019 se iniciaron 1.367 causas por “comercialización”; 707 causas por “tenencia simple” y 37.602 por “tenencia para consumo”. En la provincia de Salta la ley rige desde hace ocho años; en 2019 se iniciaron sólo 412 causas por “comercialización” y 1.768 por “tenencia para consumo”. Claramente es una ley para perseguir perejiles que incluso va en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el famoso caso Arriola; cuando dictaminó inconstitucional la norma que sanciona penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal “por ser incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que protege las acciones privadas”.