La fiscala Gabriela Boquin reclamó la nulidad del fallo de la sala B de la Cámara Comercial que dejó en suspenso el trámite de la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri declarada en julio del año pasado. Lo hizo en un recurso extraordinario que debería ser resuelto por la Corte Suprema, donde plantea que las camaristas  tomaron una decisión "arbitraria" y "carente de sustento fáctico". Denunció que a ella se le impidió intervenir en esta discusión y le dejaron de notificar recursos de la empresa. Sostuvo que todo apunta a beneficiar al Correo, seguir prolongando un proceso judicial que lleva un récord único en el fuero de casi 21 años, evitar analizar el dictamen en respaldo de la quiebra donde ella puso al descubierto una infinidad de irregularidades durante le proceso y alertó acerca de una onda expansiva capaz de paralizar el fuero con decisiones similares. Por todo esto señaló que se trata de una situación de "gravedad institucional". 

El 4 de mayo último la Cámara Comercial con los votos de Matilde Ballerini y la subrogante María Elsa Uzal --Guadalupe Vásquez votó en disidencia-- firmó una sentencia que causó sorpresa: cuando se esperaba que el tribunal dijera si avalaba o no la quiebra, resolvió dejar todo en suspenso. ¿Por qué? Porque la empresa de la familia Macri lo había pedido, con el argumento de que la Corte Suprema tiene pendiente resolver otra cuestión: si puede intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), que cuenta con una mayoría ostensiblemente afín al macrismo/larretismo. Se trata de una corte local, que revisa decisiones de la justicia porteña, pero en este caso el concurso de acreedores tramita desde 2001 ante la justicia nacional comercial, es decir, otra jurisdicción, cuyas sentencias son históricamente revisadas por el máximo tribunal del país. Los supremos tienen este asunto entre manos desde mediados del año pasado. El procurador interino Eduardo Casal se opuso a la competencia del TSJ, aunque su opinión no es vinculante. 

El hecho es que las juezas Ballerini y Uzal dijeron que si la Corte llega a habilitar la intervención de esa instancia, que la Cámara ya rechazó, conjeturan que podría haber planteos de nulidad. En teoría una de las cuestiones pendientes en el TSJ son recusaciones a Boquin, a la jueza que ordenó la quiebra Marta Cirulli y a la Cámara. En su caso, dice Boquin, nunca nadie apeló el rechazo que se debería considerar firme. El fallo según la fiscala tiene "serias inconsistencias procesales" y "contradicciones". 

El dictamen de la fiscalía revela que el pedido del Correo para dejar la declaración de quiebra en suspenso es de hace nueve meses. A ella no le notificaron esa presentación y por ende no le pidieron opinión. Lo delirante, según se lee en su escrito, es que mientras la empresa planteaba eso, también le reclamaba a la Cámara que resolviera la cuestión de la quiebra: que la rechazara y homologara un acuerdo que ellos habían propuesto, que decían que cubría lo adeudado, algo que Boquin mostró que no es real, solo con contar que pretenden pagar una tasa de interés absurda, 60 veces menor que la que pone cualquier entidad para dar un préstamo. Es más, apuraban a la fiscalía para que dictamine. 

"O sea --dice Boquin--, la concursada solicitó suspender el proceso pero, luego, lo impulsó, reclamando y exigiendo su pronta tramitación (...). La sala postergó arbitrariamente cualquier decisión respecto del pedido de suspensión (en aquel momento) pero dio cauce a las peticiones posteriores de la concursada...". Desde entonces, le corría vistas a la fiscalía "de manera selectiva", sólo de algunas presentaciones de SOCMA/Correo. Pero el pedido de suspensión era "abstracto", a su entender, si lo que requería la empresa --hasta con un "pronto despacho"-- era un pronunciamiento por la quiebra. El objetivo, se lee en dictamen presentado la semana pasada, era alegar una supuesta demora de la fiscalía para "tener por no presentado el dictamen" sobre la discusión clave, de fondo, que es la quiebra --que el Estado Nacional-- ya pidió trasladar a SOCMA, para que una firma solvente se haga cargo. Ese es un punto clave.  

Porque Boquin, en aquel dictamen que se pretende dejar a un lado, denunció un sinfín de irregularidades en el proceso concursal, no sólo desde el momento en que comenzó a intervenir en 2016, sino de ahí en adelante: lo primero fue el acuerdo, se sabe, para licuarle un 98,87 % de la deuda al Correo cuando Macri era presidente. Pero luego y en el último dictamen en particular se detallan: las maniobras de vaciamiento de la empresa con salidas de activos injustificados, la compra de votos y la manipulación de las mayorías para intentar homologar un acuerdo del pago de una cifra irrisoria, la inclusión como aval del Mainl Bank, inhabilitado con denuncias de lavado de dinero y un acuerdo más que sospechoso con el Correo, al que le compró la parte más grande de la deuda y la congeló a un valor del dolar de 6,5 pesos. También habló de la difusión de mentiras para contaminar la causa --algo de lo que se ocupó el expresidente Mauricio Macri-- como que ofrecían pagar el 100% de la deuda, que todos los acreedores (más de 700) lo aceptaban, o que querían perjudicar a sus hijos, que hace tiempo traspasaron su parte accionaria a Gianfranco Macri. Por muchas de estas razones, Boquin señaló un fraude a la ley y sostuvo la quiebra. 

La Cámara, advirtió Boquin --en una presentación que paradójicamente también debería resolver la Corte-- le dio al Correo "una instancia suspensiva inédita, sin sustento normativo (...) que no se advierte concedido en otros procesos universales afectando el principio de igualdad ante la ley, generando así una inadmisible elongación de plazos (...) persistiendo en impedir que los acreedores obtengan una resolución en un plazo razonable". Se lo podría tomar, dice, como un caso de "denegación de justicia", habilitando "ignotos plazos suspensivos, eventuales nuevas instancias recursivas no previstas por el ordenamiento legal, no siendo posible ya avizorar desde la más elemental lógica jurídica la culminación, por alguna de las vías previstas por la ley de concursos, de este concurso preventivo presentado hace más de 20 años...". "No he visto en 28 años como abogada --subrayó-- ni en más de 7 años de fiscal que un concurso preventivo, lleve más de 20 años de trámite y haya estado en la alzada por casi 10 años para terminar resolviéndose lo mismo que se había resuelto 15 años atrás". Recién en 2019 se confirmó el inicio del proceso de salvataje dispuesto ya en 2004 y 2010, que fue la antesala de la quiebra. La fiscala denunció anomalías en el voto de Ballerini y señala que "fue partícipe  en la demora". 

Para que el pedido de nulidad de Boquin llegue a la Corte, tendrá que habilitarlo la propia Cámara Comercial, que también debe analizar otro recurso de la Procuración del  Tesoro que cuestionó la suspensión de la decisión sobre la quiebra. Todo esto sucede mientras SOCMA consiguió en Comodoro Py que la Cámara de Casación reabra una causa contra la fiscala, el procurador Carlos Zannini, el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, como si todo lo que salió a la luz en el caso del Correo hubiera sido una confabulación y no un cúmulo de ostensibles pruebas de tantos años. Mientras tanto, Boquin dice algo alarmante: si otros tribunales siguen el ejemplo de la Cámara Comercial, se podría paralizar el fuero (en beneficio de empresas y en perjuicio de acreedores, entre otras cosas).