La Justicia de Córdoba ordenó 14 prisiones preventivas y 6 libertades condicionales en el marco de la causa que investiga por asociación ilícita y estafas reiteradas a miembros de Generación Zoe. Entre los imputados se encuentran el CEO de la organización, Leonardo Cositorto, que está alojado en la cárcel de la localidad cordobesa de Bouwer. 

Así lo informó el Ministerio Público Fiscal de esa provincia, que detalló que la fiscal de Villa María, Juliana Companys, ordenó los mencionados procesos  por 176 hechos de estafa. Además de Cositorto, recibirán prisiones preventivas Maximiliano Batista (mano derecha de Cositorto), Norman Próspero (contador de Zoe), Claudio Álvarez (jefe de Generación Zoe en Córdoba), Silvia Fermani (madre de Claudio Álvarez y reclutadora de Zoe), Silvana Abellonio, Ivana Álvarez, Silvio Schamne, Florencia Álvarez, Agustín Pereno, Marcelo Vladéz, Federico Moreno, Andrea Sánchez y Gustavo del Jesús Saavedra.

En tanto, los seis imputados que fueron beneficiados con la libertad condicional. Se trata de Claudia Beatriz Pereyra, Susana Luján, Martín Pereyra, René Udraizar, Cristian Delgado y Gabriela Fernanda Álvarez.

Aún permanecen prófugos el ex juez Héctor Yrimia, directivo de Generación Zoe en Buenos Aires y Miguel Ángel Echegaray, mano derecha de Cositorto y responsable de administrar su dinero.

Los mencionados procedimientos se dan mientras la defensa de Cositorto y Batista, a cargo del abogado Miguel Ángel Pierri, busca que el líder de la agrupación sea juzgado dentro del fuero federal porteño, donde el juez Ariel Lijo encabeza una causa para intentar dilucidar un posible lavado de dinero.

Además de Córdoba, Cositorto tiene causas abiertas en otras provincias como Salta y Corrientes, donde también prestó declaración, por más de un centenar de denuncias en su contra.

En diálogo con AM750, la fiscal Companys había adelantado que el próximo paso serían estas medidas. “Lo próximo que se va a resolver es la situación procesal de las 20 personas detenidas. Se dictarán las prisiones preventivas, las libertades y las prisiones domiciliarias en función de cada uno de los peligros procesales que tenemos en cada uno de los imputados”, sostuvo.

Insistió en que la estafa de Cositorto “es de manual” y que “a fines de la investigación no es difícil probarla”. “Hacen falta muchas pruebas, pero no deja de ser una estafa de esquema Ponzi”, indicó. Y detalló las posibles penas que tendría las cabezas, por ejemplo, Cositorto, que serían “de cinco a diez años por asociación ilícita y por estafas van de dos meses a seis años”.