Una polémica encuesta inauguró un nuevo capítulo en el conflicto entre los científicos y las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se trata de un sondeo que llegó hasta los investigadores, en su mayoría becarios y doctores recién recibidos, para saber si tenían experiencia laboral en empresas privadas y si les gustaría “empezar a trabajar” en una de ellas. Las agrupaciones de científicos denunciaron que, “con la excusa de buscar la inserción de recursos humanos altamente calificados en el sector productivo”, el Gobierno pretende justificar el ajuste y los despidos. Una encuesta similar fue acercada hasta algunas empresas donde, a la inversa, se les consultaba si estarían dispuestas a contratar a doctorandos con subsidios del Estado.

Para los científicos, la encuesta es “una expresión más” del ajuste que inició la cartera que conduce Lino Barañao cuando dio a conocer, en diciembre pasado, un recorte drástico en el ingreso a la carrera de investigador del Conicet. “Intentan direccionar la inserción de los científicos en el ámbito privado mientras no están cumpliendo el acta que se firmó para garantizar la continuidad laboral de los despedidos”, le dijo a PáginaI12 Lucila D’Urso, integrante de Jóvenes Científicos Precarizados, una de las agrupaciones que representa a los becarios.

“La encuesta cayó muy mal entre los investigadores porque, además de las preguntas sobre las empresas privadas, uno de los ítems aclaraba que la beca doctoral no se consideraba un trabajo. Nosotros estamos trabajando cinco o siete años para el Conicet y ellos no lo consideran trabajo”, criticó D’Urso.

La reinserción de los 500 investigadores excluidos del Conicet en diciembre pasado –hecho por el cual becarios y científicos tomaron la sede del ministerio por más de cinco días– todavía está en veremos. El acta acuerdo firmada por las autoridades de Ciencia y las agrupaciones dispuso una prórroga de las becas por este año mientras se resolvía la reinserción de los afectados ya sea en el Conicet, en universidades nacionales o en otros organismos públicos descentralizados.

“No pueden ofrecer inserción en empresas privadas a los despedidos porque excluimos explícitamente esa opción del acta acuerdo. Pero lo están planteando al conjunto de investigadores del Conicet como una política a largo plazo que es más preocupante todavía”, aseguró Lucía Maffey, una de las delegadas de los científicos que participa de la mesa de seguimiento del cumplimiento del acta acuerdo.

Desde la organización Científicos y Universitarios Autoconvocados también repudiaron el sondeo y advirtieron que una encuesta similar llegó hasta empresas privadas, pero para consultar si estaban dispuestas a contratar “profesionales con estudios de doctorado o realizando sus estudios (doctorando) con apoyo financiero por parte del Estado nacional”.

“Las encuestas a empresas privadas y a los propios investigadores van en la línea del proyecto político del macrismo, que es cerrar lo más que se pueda el ingreso a la carrera del Conicet. El dinero está pero la consigna es clara: que no haya más ingresos a la planta de investigadores y que los ingresos se equilibren con las bajas por jubilaciones que suelen ser cien al año. Van a destruir el sistema científico argentino que tiene como columna vertebral al Conicet”, le dijo a este diario Hernán Palermo, delegado de Científicos y Universitarios Autoconvocados.