Si en general los juicios a genocidas vieron frenado su impulso, más aún los procesos en los que se juzgan las responsabilidades de los civiles durante el terrorismo de Estado. Por eso ayer la noticia fue bien recibida por los querellantes que impulsan en Córdoba la denominada “causa de los magistrados”: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de esa provincia, integrado por los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallido, fijó la fecha de inicio de la audiencia oral de debate para el 25 de julio en un expediente donde funcionarios judiciales están acusados de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento. Se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención denominado UP 1 en 1976 y habrá cinco imputados: Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Alvarez y Ricardo Haro.

La semana pasada, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba emitió un fallo que llevó a la instancia de juicio a estos funcionarios de la Justicia que ejercían durante la última dictadura. El fallo, emitido por los jueces Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montessik rechazó la prescripción de los delitos y las nulidades pedidas por los abogados de los acusados. Por otro lado, confirmó los casos por los que habían sido procesados el ex juez federal Miguel Angel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo por incumplir “la obligación de promover la persecución penal” y por “encubrimiento” de delitos de lesa humanidad cometidos en la Dirección de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba y en la Unidad Penal 1 (UP1) de la capital provincial durante la última dictadura. También revocó los sobreseimientos parciales por falta de mérito del ex fiscal Carlos Otero Álvarez y los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina.

El proceso se inició a partir de los testimonios de víctimas del terrorismo de Estado en distintos juicios por crímenes cometidos en Córdoba, realizados desde 2008. Entre ellos, el dirigente de derechos humanos Miguel Baronetto, cuya esposa fue fusilada en la vieja cárcel del barrio San Martín junto a otros treinta presos políticos en 1976. Los testigos declararon que los ex funcionarios eludieron actuar ante graves delitos que cometían represores, incluidos secuestros, torturas y asesinatos, cuando en muchos de los casos fueron testigos de esos hechos o recibieron denuncias.

El ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su entonces secretario Otero Álvarez estaban denunciados desde 1984 por la Conadep por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la UP1. En 2008, Otero Álvarez integró el tribunal oral que dictó la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. En 2009 adelantó su jubilación para evitar el jury que podría haberle costado la destitución.