Ante la falta de respuesta de la provincia a los cuestionamientos a la reglamentación de la moratoria provincial, el Colegio de Arquitectos interpuso un recurso de revocatoria, para que se de marcha atrás en su implementación.
Apenas conocida la moratoria en materia de construcciones no declaradas, varias entidades profesionales alertaron sobre el incumplimiento de normas vigentes, y la confusa información sobre sus alcances. El presidente de la entidad, Rubén Palumbo, señaló: “Solo se persigue un fin estrictamente recaudatorio, se pierde la oportunidad de ordenar el catastro provincial a partir del trabajo conjunto con los municipios, además de perjudicar nuestro ejercicio profesional pero, sobre todo, se confunde a la población ya que ingresar y pagar la moratoria no implica de ninguna manera la regularización de las obras no declaradas”.
A pesar de las reuniones llevadas a cabo con las autoridades y de las propuestas alternativas elaboradas por los arquitectos, ingenieros, técnicos y maestros mayores de obras, la provincia solo confirmó, por escrito, que esta moratoria no implica regularizar obras no declaradas.
"Esta respuesta de la provincia torna innecesarios mayores argumentos, se le oculta a la población que ingresar a la moratoria y pagarla no cambiará el estado de obra irregular de lo que declare, y la supuesta ventaja que se le ofrece solo implicará mayores desembolsos sin contraprestación alguna. Tal como está planteada, la construcción seguirá sin regularizarse. En consecuencia: no sirve para trasladar el dominio de propiedades, ni brindará información de superficies no declaradas a los municipios para ordenar habilitaciones de uso, ni garantizará equidad y justicia tributaria ya que nadie constatará la veracidad de lo que se declare. Sirve únicamente a las necesidades recaudatorias de la provincia, y se agota en la finalidad de cobrar más impuestos”, concluye Palumbo.
Además de la presentación del mencionado recurso, los colegios profesionales y las cajas de jubilaciones respectivas, agotada la vía administrativa, no descartan iniciar acciones judiciales.
