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En una iniciativa sin precedentes más de 20 instituciones académicas y universidades de toda la Argentina comenzarán esta tarde a trabajar en un proyecto para discutir la institucionalidad argentina y trazar un programa para debatir sobre el Estado, sobre los derechos y sobre la Constitución.
Uno de los juristas que asistirá hoy a las 18 al encuentro multitudinario en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el procesalista Julio Maier, dijo ayer a PáginaI12 que este momento ofrece “una buena oportunidad para discutir y formular preguntas abiertas”. Puso un ejemplo: “¿Qué sistema nos conviene adoptar para el Ejecutivo. Sin ser un fanático del parlamentarismo, ya que el parlamentarismo ha tenido fracasos tan o más grandes que el presidencialismo, es más racional que al Ejecutivo lo elija el Parlamento como un modo de designar a quien ejecute las políticas públicas”, dijo Maier. También sugirió discutir “el principio representativo, para que las bancas no sean propiedad individual sino de cada fuerza, porque en una sociedad de masas, quizás con la excepción del Poder Ejecutivo, no votamos personas como en un club”. En cuanto al Judicial, dijo que “la libertad de cada juez es un valor más importante aún que la independencia”. Maier aclaró, de todos modos, que los suyos son ejemplos y no un programa.
“En la Argentina, como en toda América Latina, hoy está en juego el modelo de democracia sobre el que queremos construir nuestro futuro”, dijo Pablo Gentilli, secretario ejecutivo de CLACSO. “El gobierno nacional profundiza un proyecto excluyente y desigual que despolitiza la democracia y la vuelve un dispositivo tecnocrático, gerencial, contrario a los intereses populares.” Para Gentilli, “construir una nueva institucionalidad democrática es un imperativo ético y político para hacer de la Argentina un país más justo, igualitario y libre”.
Raúl Zaffaroni dijo que la tarea “será lenta y de a poco vamos publicar materiales para que se genere la discusión”. Lo idea para el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia es “que se enganchen todos, por supuesto incluyendo a los docentes y a los estudiantes, y que las universidades convoquen a los políticos”. Agregó Zaffaroni que “la política es una actividad intensa y competitiva, del día a día, donde un dirigente debe cuidarse de un ladrillazo o de una zancadilla”.
“Si la política práctica impide pensar en el mediano plazo, y no lo digo con ironía, como la universidad sí lo permite es bueno que lo estimule”, afirmó el actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Zaffaroni anunció que hoy en la UMET “vamos a ratificar el compromiso de las universidades con las que ya estamos trabajando, extenderemos la invitación a otras y nos vamos a dividir el trabajo sin que nadie imponga temas a nadie”.
La iniciativa maduró al punto de reunir una masa crítica de 24 instituciones y universidades. Entre las primeras, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Fundación La Linterna y el Instituto Gino Germani de la UBA. Las universidades son la Atlántida Argentina, la Autónoma de Entre Ríos, la Pedagógica (Unipe) y la Metropolitana para la Educación y el Trabajo. La lista de universidades nacionales incluye a la Arturo Jauretche, la Avellaneda, la del Chaco Austral, la del Comahue, la de San Martín, la de General Sarmiento, la de Hurlingham, la de José C. Paz, la de Lanús, la de Misiones, la de Moreno, la de la Patagonia San Juan Bosco, la de Quilmes, la de La Rioja, la de Tierra del Fuego y la de Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Federico Thea, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, dijo a este diario que el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Unpaz ya hizo circular una encuesta con el título de “La Constitución importa: un asunto en común”. Uno de los apartados versa sobre qué derechos hoy no abarcados explícitamente por la Constitución habría que incluir. Por ejemplo, el derecho a la protesta social, el derecho a una jubilación universal o el derecho al agua potable domiciliaria. Entre los posibles problemas que debería resolver una futura Constitución figuran el manejo de los recursos naturales, la pobreza y la indigencia, la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a una jubilación universal.
