El informe de la autopsia por la muerte de Aldo Ducler señala que el financista murió de una “congestión y edema pulmonar, cardiopatía isquémica”, es decir un infarto. El dato fue adelantado en exclusiva por PáginaI12 en su edición del domingo. Además, este diario también reveló que el corazón de Ducler ya registraba una intervención quirúrgica, lo que fue confirmado por el comunicado del fiscal Adrián Peres, quien señaló que el financista tenía colocados varios stents y estaba en tratamiento. Igualmente se confirmaron las declaraciones de testigos que lo vieron caer, sin que mediara ni asalto ni ataque de ninguna naturaleza. En fuentes de la city contaron que Ducler –imputado en su momento por manejar dinero del cartel de Juarez– estaba mal económicamente y se tiró el lance de ofrecerse al gobierno como informante a cambio de dinero, en base a una historia sobre la que habrá que ver la documentación. El oficialismo intentará que quede en manos de su alfil, Claudio Bonadio. 

Final

 Durante el fin de semana, varios medios intentaron orientar la muerte de Ducler contra el kirchnerismo, incluso poniendo dudas respecto del deceso del financista. El objetivo fue tratar de vincular el fallecimiento con Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Peres y los forenses terminaron con las especulaciones ayer, cuando emitieron un comunicado en el que dejaron claro que Ducler murió de muerte natural. Lo dice el informe de autopsia, lo testimonió el empleado del banco frente al cual se desplomó y se vio en una cámara en la que quedó documentado el momento exacto en que cayó al piso en la esquina de San Martín y Corrientes. 

El comunicado del fiscal aclara que Ducler tenía un golpe por la caída y otras dos hematomas producto de las maniobras de reanimación. Como adelantó este diario, la fiscalía descarta que hubiera existido una tentativa de robo o un ataque. El propio hijo del financista, Juan Manuel, confirmó en la comisaría que su padre estaba en tratamiento y que no recibieron amenazas. Luego, ante los medios, dijo lo contrario. 

Los amigos de Ducler señalan que hace años venía con un grave deterioro económico. Fue secretario de Hacienda, después de la guerra de Malvinas, con el dictador Reynaldo Brignone. Había ocupado un alto cargo en Planificación con el general Ramón Díaz Bessone y fue jefe de asesores con el ministro Néstor Rapanelli en tiempos de Carlos Menem. El golpe más duro fue cuando quedó involucrado en el manejo de 20 millones de dólares provenientes del Cartel de Juárez. El supuesto inversor era Juan Arriaga Rangel, que no era otro que Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del Cartel de Juárez. Los 20 millones de dólares que llegaron a la Argentina provenían de la venta de cocaína en Chicago. Tras un largo proceso, Ducler aceptó que le incauten 1.200.000 dólares en Estados Unidos y la fiscalía retiró los cargos. Sin embargo, quedó golpeado, ya que fue él quien recibió en su financiera, Mercado Abierto, el dinero del Cartel de Juárez a través del inmobiliario Nicolás Di Tullio. 

En los últimos años, Ducler tuvo poca actividad económica. Todo indica que se jugó a hacerse con dinero vendiendo información cuya veracidad parece dudosa. Cuando se difundió la carta que entregó en la mesa de entradas de la Unidad de Información Financiera (UIF) se intentó hacer creer que Ducler lo hacía por altruismo y vocación de lucha contra la corrupción. La maniobra –supuestamente de su familia– fue borrar la parte del texto donde exigía dinero a cambio de la información.

Ducler quería venderse como informante colaborador para que el Estado use sus datos en un juicio en Nueva York a raíz de la estatización de YPF. Como se sabe, el grupo Eskenazi-Petersen compró una parte de la petrolera que entonces estaba en poder de la española Repsol. La operación fue contralada por la Securities and Exchange Comission (SEC) norteamericana ya que se trataba de una compañía que operaba en la bolsa de Nueva York. 

Cuando el gobierno de CFK estatizó YPF, Petersen de España quedó con los créditos a pagar, no afrontó esas deudas y se ordenó su quiebra. El síndico remató entonces esa quiebra, es decir que remató el derecho de hacerle juicio al estado argentino por la estatización. La quiebra la compró un fondo buitre, Bullford, especializado en ese tipo de juicios en todo el mundo. Bullford pagó 14 millones de dólares y no son pocos los que sostienen que la propia YPF, a través de alguna subsidiaria, debió comprar ese litigio para cerrarlo definitivamente. El grupo Eskenazi niega cualquier participación en la venta, alega que fue un remate ordenado por el síndico y sostiene que no tiene ninguna relación ni participación en el juicio contra el estado argentino que se va a iniciar en Nueva York. 

Ducler quería aportar datos que sirvieran para demostrar que la compra de YPF fue fraudulenta y que por lo tanto el Estado no debía pagar nada. Otros sostienen que la estrategia argentina en Nueva York es esgrimir que el país es soberano y por lo tanto tenía derecho de estatizar su petrolera.

Incongruencias

En 2007, el gobierno de Néstor Kirchner estaba disconforme con la gestión de Repsol en YPF ya que el entonces presidente sostenía que los españoles sólo extraían el petróleo, se llevaban las ganancias y no hacían el menor esfuerzo de exploración. Por ello impulsó un cambió en la gestión de YPF a través de la familia Eskenazi. En diciembre de 2009 ese grupo familiar se quedó con el manejo de la compañía.      

Ducler dio a entender que se usaron fondos de la provincia de Santa Cruz para la compra del 25 por ciento de YPF. Esos fondos, producto de regalías petroleras, fueron transferidos a las provincias cuando era ministro de Economía Domingo Cavallo. El dinero fue transferido en Estados Unidos, a través de un depósito en el banco Merrill Lynch. Néstor Kirchner y todos los demás gobernadores consultaron con financistas para decidir qué hacían con los fondos: Cavallo quería que quedaran en el Merrill Lynch. El único que decidió sacarlos –por desconfianza– fue el santacruceño. Por concejo de Ducler se transfirieron los fondos al banco Dean Witter. Pero después, el financista perdió contacto con esos fondos porque Dean Witter se hizo cargo del manejo del dinero. A raíz del default, Kirchner decidió sacar los fondos de Estados Unidos y se transfirieron a Europa, en concreto a Luxemburgo y a Suiza, en este último país al Credit Suisse. 

Desde el punto de vista formal, el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz aprobó la rendición en 2005; ese informe fue votado por la Legislatura santacruceña, y la causa judicial la cerró el juez Santiago Lozada por inexistencia de delito. Entre 2006 y 2008 se hizo un fideicomiso con esos fondos en el Banco de Santa Cruz, que era propiedad de los Eskenazi, y luego de 2008 se transfirió al Banco Nación. 

Ducler dio a entender en su carta que hubo cuentas secretas y que el dinero sirvió para comprar la cuarta parte de YPF. En términos concretos, significaría que había más fondos que los originales –algo sobre lo que hasta ahora no existe ninguna prueba– o que el Credit Suisse hizo una operación que ocultó a la todopoderosa SEC de Estados Unidos. 

Jugada

La UIF, que en la actualidad es un local partidario de Cambiemos –lo que ya fue señalado por el juez Sebastián Casanello– apostó al comodín que la alianza política–mediática–judicial tiene en Comodoro Py: Claudio Bonadio. Argumentando que el magistrado estaba de turno, se puso en marcha una causa, obviamente orientada contra el kirchnerismo. Habrá que ver qué documentación aporta el hijo de Ducler. La escena se trasladará a Nueva York el 15 de junio, con la audiencia por la demanda de Bullford. El periodista de La Nación Carlos Pagni sostiene que alrededor de ese juicio se desató una guerra entre los funcionarios del gobierno, los estudios de abogados e incluso miembros de la AFI. Parece que todos quieren tener protagonismo y se relamen con tanta plata en juego. 

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