Las oficinas de Iecsa también fueron allanadas a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, para rastrear –según le pidió al juez Sebastián Casanello– documentos y registros “que permitan identificar aquellas obras públicas adjudicadas a nivel nacional, provincial o municipal en forma conjunta a favor de Iecsa y Austral Construcciones”, la principal empresa de Lázaro Báez, o a otros grupos empresariales que le pertenezcan junto con Angelo Calcaterra. En especial puntualizó que buscaba contratos, informes o reportes alusivos a las obras de pavimentación de uno de los cinco tramos de la ruta 9, la interconexión de la Patagonia con la red eléctrica nacional, la obra de la ruta nacional 18 y la ruta provincial 20, la obra del complejo terminal de cargas de frontera en Paso de los Libres, la interconexión Pico Truncado-Río Gallegos, la planta terminal de Petrobras en Caleta Paula, infraestructura en Yacyretá y obras de la central Nuclear Atucha.