El Consejo de la Magistratura empezará a funcionar oficialmente este jueves con su integración de 20 miembros, la presidencia del supremo Horacio Rosatti y una agenda de temas urticantes. No será un plenario, pero casi. Lo que sucede es que como es un encuentro organizativo, de "labor" --así lo llaman--, será a puertas cerradas. Por lo pronto, las y los consejeros deberán consensuar quién será el o la número dos del organismo, qué comisiones habrá y cómo se repartirán sus autoridades, pero es esperable que discutan una lista de asuntos prioritarios. Desde fines del año pasado, la Magistratura tiene pendiente la votación de ternas para cargos claves: ya son 22 los concursos para más de medio centenar de cargos, en condiciones de ser votados. No se resuelven porque la oposición se niega a aceptar los nombres que quedaron mejor rankeados para puestos en Comodoro Py. En el foco de esa polémica están los dos cargos en la Cámara Federal que todavía ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, nombrados a dedo por el macrismo con el mecanismo de traslado. Rosatti fue uno de los supremos que falló que esas designaciones no eran para siempre y que había que hacer el concurso. El enigma es si impulsará su pronta resolución. Una de sus grandes preocupaciones, notan en el Consejo, es que no alcanza el presupuesto.

Tal como quedó conformado el Consejo de acuerdo a la fórmula que la Corte eligió, al reponer la ley derogada de 1997, no hay una mayoría clara ni del oficialismo ni de la oposición entre sus 20 integrantes. La preocupación por consolidar un bloque opositor es tan grande que una de las nuevas consejeras, la jueza Agustina Díaz Cordero, quien trabajó cerca del exministro de Justicia Germán Garavano, se ocupó de alentar un encuentro de ese sector donde hasta ahora se anotan, además de ella, el diputado macrista Pablo Tonelli, la senadora radical Silvia Giacoppo, la diputada Roxana Reyes y el juez Juan Manuel Culotta, el camarista Ricardo Recondo, la abogada Jimena de la Torre --quien trabajó en la AFIP de Cambiemos-- y los abogados Diego Marías y Carlos Matterson. Este último, muy activo en las redes sociales, es quizá el más claro aspirante a ocupar la vicepresidencia. En uno de sus últimos posteos en twitter plantea que es posible una nueva ley para el Consejo (ahora en debate en Diputados) que lo haga "despolitizado", un concepto peculiar teniendo en cuenta que el organismo vive atravesado por las negociaciones políticas.

De hecho, a la hora de hablar del reparto de las comisiones la histórica lógica que impera y que por estas horas se repite dice que "se distribuirán entre oficialismo y oposición". Lo mismo que la presidencia y vice de cada una. Uno de los puntos centrales que se debatirán este jueves es algo elemental: cuáles serán las comisiones y de cuántos integrantes. La secretaría general, según pudo saber Página/12, ya giró un proyecto de integración de comisiones idéntico a la de la vieja ley que la mayoría cortesana resucitó. Habría una de Acusación, otra de Disciplina funcionaría separada, estará la de Selección y una de Administración. La de Reglamentación dejaría de existir. La primera y la tercera suelen ser las más deseadas: en una se define la posible apertura de juicios políticos y en la otra las ternas tentativas para los concursos.

Consejeros de distinta extracción consultados por este diario dicen que no es tan clara la posibilidad de Matterson de ser vice y que sería esperable alguien más dúctil políticamente que tenga mucha capacidad de negociación. En ese grupo hay quienes ponen primero a un expresidente del Consejo, el académico Diego Molea. Integraría una suerte de trío que podría tender a acompañar al oficialismo, con chances de tener otras posiciones. Allí se suman dos nuevas consejeras: la abogada María Fernanda Vázquez (Decana de Derecho de Lomas de Zamora) y Pamela Tolosa (decana de Derecho de la Universidad del Sur). En las filas oficialistas se anotan: el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, los senadores Mariano Recalde y Martín Doñate y la senadora María Inés Pilatti de Vergara, la diputada Vanesa Siley y el camarista Alberto Lugones. Ellos suelen tener como aliada a la diputada peronista Graciela Camaño. 

"La reunión de labor ya se hizo en Rosario", dice con ironía un colaborador del Consejo quien avizora que está todo acordado. Se refiere al evento sobre narcotráfico que organizó la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) y donde la Corte Suprema se llevó el protagonismo. Allí fueron algunos consejeros de todos los sectores, mayoría opositores.

Rosatti dialoga con todos los consejeros y a varios les transmitió su preocupación por la limitación presupuestaria: como es sabido, la oposición se negó a aprobar el presupuesto del 2022, por ende lo que sigue vigente es el prepuesto del año pasado de 72.000 millones de pesos más ampliaciones para incrementos salariales. Lo que se viene es, todo indica, un reclamo de fondos al Poder Ejecutivo. El speech del doble presidente es que no quiere que falte ni un peso para sueldos, infraestructura y tecnología. 

El otro gran asunto pendiente es la aprobación de ternas que ya fueron elevadas al plenario. Las más peliagudas son las que corresponden a la Cámara Federal de Comodoro Py, tres juzgados federales en el mismo edificio y seis cargos de tribunales orales también de Retiro. Son los que tendrán principalmente las causas que atañen al gobierno de Mauricio Macri (las que afectaron al kirchnerismo ya avanzaron, la mayoría incluso pasó por tribunales orales que en ciertos casos dijeron que fueron causas sin sustento). Eso explica el bloqueo sistemático de la oposición. La nueva consejera De La Torre sorprendió con la idea de revisar todos los concursos, lo que generaría como mínimo una nueva dilación. El punto clave y la duda es qué posición adoptará Rosatti, uno de los supremos que votó (con Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) que los nombramientos por traslado (que utilizó el macrismo) no pueden durar para siempre y hay que hacer los concursos, por ende habría que resolver la situación en la Cámara Federal.

Bruglia no concursó pero Bertuzzi sí, y aunque no le fue bien pero Tonelli se puso a la cabeza de una campaña para incluirlo igual en la terna. Los cortesanos se vienen quejando por la gran cantidad de vacantes: 248 de 988 cargos judiciales. En el Poder Ejecutivo están pendientes 53 designaciones y en el Consejo 155, con casi 60 ternas ya en condiciones de ser definidas y la resistencia opositora que quiere jueces/zas propios/as, en especial en los tribunales que pueden juzgar a sus líderes políticos.