La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó una inspección ocular en la Plaza de la Familia del barrio Villa Delicia en Coronel Moldes para constatar lo que el actual jefe comunal, Omar carrasco, denunció contra la ex intendenta, Rita Carreras, con respecto a la obra de una plaza que nunca se realizó, pero que para esos trabajos, el municipio recibió más de $3 millones.

Según el actual titular del municipio, el Gobierno de la Provincia transfirió $3.286.561 para la ejecución total de la obra, suma que habría sido entregada a la Cooperativa de Trabajo Roma Limitada, que fue adjudicataria de la obra en un proceso de contratación directa como mejor oferente.

Sin embargo, del recorrido en el lugar, los investigadores comprobaron que ese espacio público presenta un avance “muy inferior al consignado en el Certificado Parcial de Obra del 4 de noviembre de 2019”.

Carrasco aseguró que la adjudicación se realizó incumpliendo requerimientos básicos legales en un proceso de esa índole y que la plaza pública no presenta un estado de avance del 89,83% como figura en el certificado, sino que la construcción se encuentra cercana al 60%.

Reincidente

Carreras ya cuenta con dos imputaciones en su haber por parte de la Unidad de Delitos Económicos. La misma Salinas Odorisio la imputó en septiembre pasado, por delitos contra la administración pública, peculado y por no ejercer como corresponde sus deberes cuando era funcionaria pública.

En esa ocasión se la acusó por varios hechos. Uno de ellos es la transferencia de $1.379.800 por parte de la Agencia de Discapacidad hacia el municipio con el exclusivo objetivo de adquirir un vehículo adaptado para traslado de personas con discapacidad, algo que nunca se concretó.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigadores Fiscales, Carreras libró cheques con su firma utilizando los fondos transferidos y se pudo corroborar que éstos se cobraron por caja, y “las sumas no fueron rendidas al municipio”, destaca el informe de los peritos del CIF.

Se suma la venta de un tractor municipal por $200.000 en 2018, que según la intendenta se encontraba en pésimas condiciones. Pero las investigaciones realizadas permitieron comparar que tractores similares y en el mismo estado, se vendían en ese momento por 28.000 dólares. El documento presentado por los investigadores da cuenta que, el tractor se encontraba funcionando en regular estado de conservación por parte de su comprador.

También en el 2019, adjudicó lotes en forma directa, omitiendo efectuar los procedimientos establecidos por la Ley 2.616 sobre enajenación de terrenos fiscales, y por la Ley 8.126 sobre el régimen de las municipalidades. Ese mismo año, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes sancionó la ordenanza 32/19, que indicaba a la comuna dar soluciones urgentes que garanticen el acceso a una vivienda digna otorgando casillas prefabricadas y lotes a seis personas.

De acuerdo a lo denunciado por Carrasco, el Ejecutivo municipal realizó un supuesto proceso de contratación en el que se emitieron facturas y se pagaron $310.500 por cada casilla. El CIF constató que se hizo por contratación directa y no vía concurso, pero no solo eso, sino que nunca se entregó ninguna casilla.

Por último, también se le adjudica la venta irregular de un loteo denominado La Esperanza a un particular, Jerónimo Atrio, y no al fideicomiso que correspondía conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante. Ese terreno, que cuenta con servicio de agua potable, cloacas, luz y apertura de calles, obras todas realizadas con dinero del erario público, suponían una ganancia aproximada para el municipio superior a los $60 millones (dos veces el presupuesto 2019 de la comuna).

Según la investigación de la fiscalía, “el supuesto intermediario” habría recibido una comisión del 40%, “cuando en el mercado, las comisiones tienen un límite del tres por ciento a cargo del comprador y tres por ciento a cargo del vendedor”.

En febrero de 2020, la misma fiscala ya había imputado a la ex mandataria por fraude a la administración pública e incumplimiento de sus deberes en una causa por la venta de una cámara frigorífica del matadero municipal en 2018, sin cumplir con las formalidades previstas y sin poner en conocimiento del Concejo Deliberante.

Todas las denuncias con sus correspondientes pruebas, llegaron de la mano del actual intendente de Moldes, Oscar Carrasco.

El 6 de mayo de este año, Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 4, a cargo de Diego Rodríguez Pipino, el juicio contra Rita Carreras, por los delitos de peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público por los hechos antes mencionados.