Los abogados querellantes de la APDH de Rosario Julia Giordano y Federico Pagliero pedirán hoy a la Cámara de Casación Penal (Sala 4) que anule un indulto a la santafesina que el Tribunal Oral de Santa Fe concedió al represor Eduardo Riuli, a quién le aplicó una baja condena (6 años y seis meses de prisión por secuestros y torturas a pesar de que el Ministerio Público solicitó ocho años de cárcel efectiva y la querella 25), benefició con el arresto domiciliario (para que cumpla la pena en su casa) y ya dejó en libertad condicional dos veces: el 30 de agosto de 2021 (al mes y medio de dictarle la sentencia) y el 30 de diciembre de 2021 (24 días después de que la misma Sala 4 que interviene en el caso anulara la primera excarcelación). La APDH calificó la serie de los jueces del Tribunal santafesino, José María Escobar Cello y Luciano Lauría (porque la tercera vocal, María Ivon Vella se jubiló) como “una nueva forma de burlar los procesos de memoria, verdad y justicia que la comunidad de naciones establecieron para la sanción adecuada” de los delitos de lesa humanidad y las “graves violaciones a los derechos humanos”. “Es un caso de gravedad institucional. Es llamativa la protección del genocida Riuli en la justicia de Santa Fe”, dijo Pagliero a Rosario/12.

La audiencia se realizará a las 11, por zoom. Giordano y Pagliero participarán desde Rosario y propusieron –y la Cámara de Casación aceptó- que también participe una de las víctimas, Mario Paez, quien era un niño de 14 años cuando fue secuestrado junto con su padre, Catalino Paez, y su mamá, Juana Medina, por un grupo de tareas que integraba Riuli. El operativo se realizó 15 de febrero de 1980 en una ladrillería en la zona de Lima, provincia de Buenos Aires, donde Riuli arrastró de los pelos a Mario y le apuntó en la nuca con un arma larga para que dijera dónde estaba su papá.

En Santa Fe, Mario Paez estuvo secuestrado en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert. En la planta baja operaba el Departamento de Inteligencia (el D2) y en el primer piso vivía el jefe de Policía de la provincia, coronel Carlos Alberto Ramírez y su familia. Como no lo encapucharon porque era chico, Mario relató en el juicio que condenó a Riuli y a otros policías, entre ellos un ex custodio de Ramírez, el suboficial Rubén Insaurralde, cómo funcionaba el centro clandestino y el grupo de tareas.

Antes del operativo en la ladrillería, la patota secuestró el 8 y el 12 de febrero de 1980, en Esperanza y en un campo cercano a Esteban Rams, a dos hermanos de Catalino, a sus cuñadas y a sus sobrinos para encontrarlo a él, que era el último jefe del PRT en Santa Fe. El terrorismo de estado se ensañó no sólo con los adultos, también con 16 niños y niñas de las tres familias. La mayor tenía 15 años y el menor era un bebé de 45 días. Una de las niñas fue abusada, cuatro estuvieron cautivos y ocultos más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), uno de los centros clandestinos que operaba el Ejército y los demás quedaron abandonados o bajo vigilancia del grupo de tareas.

El 23 de febrero último, Riuli fue indagado por el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez por “privación ilegal de la libertad agravada”, “tormentos agravados”, “allanamientos ilegales” y “abandono de persona” a 26 víctimas, entre ellas los 16 niños y niñas. El abogado que lo asistió es el mismo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti eligió para que lo defienda ante una denuncia por supuesto “enriquecimiento ilícito” que tramita en el mismo Juzgado. A pesar de que ya transcurrieron tres meses de la indagatoria de Riuli, el juez Rodríguez aún no resolvió su situación procesal.

La APDH le pedirá hoy a la Sala 4 de Casación que anule la libertad condicional de Riuli que el Tribunal de Santa Fe le otorgó el 30 de diciembre y ordene que el condenado cumpla su condena en la cárcel. Giordano y Pagliero pidieron que la audiencia sea oral para que la Cámara escuche también a una de las víctimas, Mario Paez. “Entendemos que el caso es de gravedad institucional. Es llamativa la protección del genocida Riuli en la justicia de Santa Fe”, dijo Pagliero.

“Riuli gozó de prisión domiciliaria durante todo el proceso”. El juez Francisco Miño le otorgó ese beneficio en setiembre de 2016, al mes de ser detenido, y siguió en esa situación hasta ahora. “En juicio, en julio de 2021, tuvo una pena ínfima” de seis años y seis meses de prisión por la “privación ilegal de la libertad agravada” de Catalino Paez, su esposa y su hijo Mario.

“El punto límite de esta gravedad institucional es que el Tribunal de Santa Fe ya le concedió la libertad condicional a Riuli dos veces”, advirtió Pagliero. La primera, el 30 de agosto de 2021, al mes y medio de dictarle la condena. La APDH apeló y la Sala 4 anuló esa excarcelación el 6 de diciembre de 2021. Pero 24 días después, y a pesar de lo había ordenado la Cámara, el Tribunal de Santa Fe volvió a excarcelar a Riuli, por segunda vez en cuatro meses. Fue uno de sus últimos fallos de 2021.

Pagliero dijo que en su insistencia de dejar libre a Riuli, el Tribunal que integran Escobar Cello y Lauría también dejó a la vista “dos contradicciones muy marcadas. La primera, es que contradice a su superior, la Cámara de Casación Penal que hizo lugar al pedido de la querella de la APDH”.

“Y la segunda, es que para darle cierta legalidad a esta bochornosa decisión” de excarcelar a Riuli “le impone una segunda regla de conducta. Ya le había impuesto la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 200 metros. Pero ahora, lo obligó a firmar (el libro de guardia) en la comisaría de Laguna Paiva, una vez por semana. La gran contradicción es con esa firma, Riuli viola la primera regla de conducta porque la comisaría queda a menos de 200 metros del domicilio de una de las víctimas”. “Un bochorno”, planteó el abogado querellante.

“Entendemos que la Cámara debe revocar esta resolución del Tribunal de Santa Fe que contradice el camino iniciado por nuestro país en 2004 con la reapertura de los juicios” de lesa humanidad y aplicar una “sanción adecuada a los crímenes del terrorismo de estado que es una obligación internacional de la Argentina”.

La audiencia de hoy “es clave para desandar esta impunidad. Por eso, hemos solicitado la intervención de Mario Paez. Porque ya no tenemos cómo expresar la revictimización que sufren las víctimas de Laguna Paiva, que es una ciudad pequeña en la que las víctimas se cruzan todo el tiempo con su verdugo. Entendemos que la Cámara debe resolver directamente: anular la libertad condicional del genocida Riuli que le otorgó el Tribunal de Santa Fe y ordenar que cumpla su condena en la cárcel. Así lo vamos a solicitar”, concluyó Pagliero.