Dos años después de que el afroestadounidense George Floyd fuera asesinado por un policía blanco en una calle de Minneapolis, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles una orden ejecutiva que regula aún más la aplicación de la ley federal. La Casa Blanca calificó de "histórica" la acción en un comunicado de prensa, aunque la nueva orden ejecutiva no alcanza aún la gran reforma policial que Biden prometió durante su campaña por la presidencia.
Entre otros aspectos, la medida ordena a las agencias federales que revisen sus políticas de uso de la fuerza, prohibiendo tácticas como los estrangulamientos y ampliando el uso de cámaras corporales. La orden es producto de meses de consultas con grupos de profesionales de la policía y activistas, y llega luego de que el Congreso no lograra ponerse de acuerdo el año pasado sobre un paquete de reformas. Floyd murió asfixiado el 25 de mayo de 2020 después de que un agente de policía le presionara el cuello con su rodilla durante más de nueve minutos.
Las claves de la orden ejecutiva
El texto prevé la creación de un registro nacional que recopile todas las denuncias, procedimientos disciplinarios y quejas relativas a miembros de las agencias federales de las fuerzas del orden, advirtieron desde Washington. Tanto estados del país como autoridades locales, dotados de amplios poderes en materia de aplicación de la ley, serán "alentados" a unirse de igual modo al registro, y podrán consultarlo.
Además la orden prohíbe el uso, también a nivel federal, de técnicas de estrangulamiento o compresión de la arteria carótida, salvo en situaciones excepcionales. Limita, además, la capacidad de las fuerzas de seguridad para entrar a una propiedad sin el debido aviso, una política controversial conocida como "sin tocar" (la puerta).
El gobierno de Biden también pedirá a las fuerzas del orden federales que amplíen el uso de las cámaras corporales durante las detenciones y los registros, y que publiquen las imágenes rápidamente en caso de que se produzca una víctima mortal. El decreto establece igualmente que la fuerza letal solo debe utilizarse cuando sea "necesario", y restringe el uso de equipos militares durante las operaciones policiales.
La fecha de la firma es altamente simbólica, ya que se produce exactamente dos años después de la muerte de Floyd, que desencadenó enormes manifestaciones en todo el país contra el racismo y la brutalidad policial. Biden firmó la orden ejecutiva en presencia de los miembros de la familia de Floyd, de las familias de otras víctimas de la brutalidad policial y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Una reforma edulcorada
El presidente estadounidense había prometido una profunda reforma policial en la campaña electoral. Aunque la orden ejecutiva le permite evitar el problema de tramitar un proyecto de ley en el Congreso, donde su partido demócrata carece de mayoría suficiente, tiene un alcance más limitado y solo se aplicará a nivel federal, para enojo de los colectivos que luchan contra el racismo y la violencia policial.
Esta orden es más limitada que una versión preliminar que había enfurecido a las fuerzas policiales del país cuando se filtró en enero. Desde entonces, la Casa Blanca trabajó más de cerca con la policía y los funcionarios del Departamento de Justicia y elevó una posición más centrista sobre la justicia penal.
"La Casa Blanca hizo un acercamiento significativo con nosotros y trató de escuchar nuestras preocupaciones", dijo Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, un grupo de expertos bipartidista que se enfoca en las prácticas policiales. En tanto Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), reconoció que "la orden ejecutiva no puede abordar la crisis policial de los Estados Unidos de la misma manera que el Congreso tiene la capacidad de hacerlo, pero tenemos que hacer todo lo posible".
Por su parte el reverendo Al Sharpton describió la orden de Biden como "un paso importante" que muestra que el presidente "tomó la iniciativa" cuando el Congreso no actuó, pero acotó que los activistas "nunca se darán por vencidos" en impulsar una legislación al respecto. "George Floyd nos despertó y no deberíamos volver a dormirnos", expresó Sharpton, quien en estos años se mostró muy cerca de la familia Floyd, en un comunicado.
¿Cómo sigue la causa por el crimen de Floyd?
Floyd murió el 25 de mayo de 2020 luego de que el expolicía Derek Chauvin presionara la rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos en Minneapolis, en un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en Estados Unidos inédita desde el asesinato de Martin Luther King a finales de la década de 1960.
Thomas Lane, un exagente que acompañaba a Chauvin cuando asfixió a Floyd, se declaró culpable de incitar el homicidio involuntario el miércoles pasado. Lane llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que cumplirá una sentencia de tres años y con el que evitará ser juzgado ante un tribunal estatal por el cargo de complicidad en asesinato de segundo grado.
A diferencia de Lane, los otros dos exoficiales que estaban con Chauvin cuando mató a Floyd, Tou Thao y Alexander Kueng, serán juzgados el próximo mes por el tribunal estatal. Esta misma corte fue la que condenó a Chauvin el año pasado a 22 años y medio de cárcel, de los que cumplirá 15 por el asesinato del joven afroamericano.
