Senadores de la provincia entregaron ayer seis carpetas técnicas jurídicas y catastrales que acreditan la finalización del relevamiento territorial ordenado por la Ley Nacional N° 26160, y que significa el paso previo en la búsqueda de la propiedad comunitaria, que intentará ser definida este año por una ley del Congreso Nacional.
Las carpetas del relevamiento técnico, jurídico y catastral acreditan la finalización del relevamiento territorial ordenado por la Ley Nacional 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
La norma fue sancionada en 2006 y ya lleva varias prórrogas en su haber, debido a la demora en realizar los trabajos de relevamiento por parte de los estados nacional y provincial y el parate total a la que estuvo sometida durante la gestión de Mauricio Macri.
La pandemia de coronavirus y las restricciones para circular, fueron otro de los obstáculos para avanzar con los trabajos en territorio. Actualmente son unas 1.000 las comunidades relevadas sobre un total de 1.700 al menos reconocidas. En la provincia ese número alcanza a la mitad, unas 250 sobre 500 comunidades registradas como tales, aunque hay otras que reclaman ser reconocidas.
En esta ocasión el relevamiento se completó sobre cinco comunidades coyas del departamento de Iruya y una wichí en el departamento San Martín. La comunidad, San Pedro; Alisar del Porongal; San José; La Banda; Mesada Grande y La Loma de la ciudad de Embarcación.
El director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el salteño Martín Plaza, explicó que el fin del relevamiento técnico, jurídico y catastral busca “resguardar territorio, vida y desarrollo sustentable de las comunidades a y la vez reconocer posesión actual, tradicional y pública de tierras, fortaleciendo la identidad de los pueblos”. “Con esta entrega se reconoce a través del Estado Nacional la posesión actual, tradicional y pública de estas comunidades kolla y wichi”, agregó el funcionario.
Plaza contó que en algunos casos, los trabajos de relevamiento para estas comunidades habían comenzado en el 2015, en donde primero se conformaron los Equipos Técnicos Operativos (ETO) conjuntamente con la provincia, compuestos por áreas sociales, antropológicas y legales que son quienes luego recorren los terrenos y mantienen reuniones con los miembros de las comunidades para concluir con el reconocimiento de la posesión comunitaria: “es muchísimo trabajo, no solo de los técnicos, sino también de las comunidades, que a través de sus concejos de participación indígenas, acompañan y monitorean todo el proceso”, detalló.
El delegado del Consejo de Participación Indígena, Cornelio Bonifacio Herrera, consideró que lo más importante del relevamiento es que le permite a las comunidades “reflejar en un documento su realidad de propiedad, que puedan decir ellos mismos cuáles son sus territorios”. Y opinó que luego de la obtención de los títulos comunitarios “llegará la etapa de desarrollo de las comunidades”. En tanto, el Secretario de Asuntos Indígenas de Salta, Luis Gómez Almaraz, dijo que “este acto reivindica los derechos de pueblos”.
La ceremonia de entrega de las carpetas fue encabezada por el presidente del cuerpo, el vicegobernador Antonio Marocco, quien destacó y reconoció que fueron muchos años para avanzar en esta “justa reparación”.
Marocco evocó el genocidio de comunidades como la Qom, ocurrida en Chaco hace 98 años en la masacre de Napalpí, y que hace apenas unos días logró una sentencia histórica con su reconocimiento por parte de la Justicia y el Estado al considerarla un crimen de lesa humanidad.
El senador por Iruya, Walter Cruz, sostuvo que este relevamiento territorial, “es el comienzo de un proceso que costó vidas, peleas y sufrimiento a los pueblos originarios”. Recordó que hay “una fuerte avanzada de sectores que no quieren la prórroga y que se aplique esta ley, porque defienden intereses sectoriales, y es una lucha que tenemos que dar para que se sigan reconociendo los territorios indígenas”. Y reiteró el pedido a los legisladores nacionales para el tratamiento de un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria de las tierras, “que es tan o más importante y necesaria que esta”, porque decidirá sobre las formas en que los territorios comunitarios “le son devueltos a sus legítimos dueños”.
Mientras que el representante de la Cámara alta por La Poma, Dani Nolasco, instó a “seguir el trabajo en busca del reconocimiento de las demás comunidades”.
Previo a la entrega, miembros del consejo de ancianos, o curacas, presentes, efectuaron una ceremonia de homenaje a la “Pachamama”, pidiendo tolerancia, paz, amor equilibrio y sanación para toda la humanidad.
Estuvieron presentes también el Vocal de la etnia Coya en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Faustino Peloc y el delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Tane de Souza, junto a representantes de comunidades originarias.
