Con la declaración de cuatro personas que estaban detenidas en la comisaría 7° en la noche del 6 de octubre de 2014, el juicio por la desaparición forzada de Franco Casco tuvo ayer una jornada clave. “Con Franco nos dimos cuenta de que no era del palo malo, porque manejaba otros códigos, otros lenguajes, por cómo lloraba, cómo pedía que no le peguen y nosotros no hacemos eso. Se notaba que nunca había caído en cana”, contó Darío Omar Navarro, uno de los testigos, mientras Diego Maidana, que actualmente está detenido en la cárcel de Piñero, recordó haberlo escuchado gemir de dolor cerca de las 3 de la mañana. Maidana contó que cuando salió en libertad (después volvió a caer), un policía le cruzó la camioneta adelante y lo amenazó. “Me debés una. Si quiero te meto un tiro”, le gritó un agente a quien el testigo había visto trabajando en la comisaría séptima. Luego de describirlo, aseguró que podría reconocerlo. En consecuencia, a pedido del fiscal, el Tribunal resolvió realizar un reconocimiento de persona a través de un mosaico fotográfico para dilucidar si fue uno de los acusados en esta causa. El proceso que se lleva adelante en los Tribunales Federales de Rosario enjuicia a diecisiete policías de la Comisaría 7ª y otros dos de la Unidad de Asuntos Internos.
“Quedó comprobado de manera contundente que en esa comisaría vejaban, torturaban, engrillaban en altura, mojaban y pegaban”, consideró el abogado Santiago Bereciartúa, que forma parte de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El primer testimonio fue contundente. Navarro contó que había hablado con Franco, que escuchó el nombre porque la policía se lo preguntó, y él le dijo Franco Casco, que los otros detenidos escucharon cómo le pegaban, y que le tiraron un balde de agua. El lugar donde les pegaban a los presos era conocido como “la jaulita” y allí llevaban para atormentar a quienes caían por averiguación de antecedentes. El testigo era asiduo "visitante" de esa comisaría: reconoció que estaba “en la mala” y que había caído preso ocho veces en diez meses. También contó que la policía de la séptima se quedaba con los efectos que ellos robaban. Otras veces, les pedían plata y si ellos pagaban, los dejaban en libertad. Un policía llegó a decirle: “la próxima vez que robes, si hay alta moneda, acordate de nosotros”.
La complicidad policial -y de toda la estructura de la fuerza de seguridad de la provincia- quedó en evidencia en los relatos de los detenidos. Lucas Leonel Benítez no recordaba lo que había declarado en la etapa de instrucción, y también dijo: “No quiero que me pase lo que me pasó la otra vez, que cuando volví a la cárcel, me pasaron a alto perfil, me hicieron dar vueltas por todos lados”.
Eso puede explicar lo ocurrido con Jonathan García, que dijo no recordar nada, y cuando le refrescaron la memoria leyéndole su declaración en instrucción, aseguró no haber respondido eso. “En su momento dijo haber escuchado que le habían pegado a Franco, y dónde pegaban, en la jaulita y ahora dice que no se acuerda de nada, que lo incomoda que lo llamen a declarar en esta causa porque no tiene nada para ofrecer”, subrayó Bereciartúa, para quien “quedó muy en evidencia que a García lo apretaron y se asustó”.
Mientras tanto, en la puerta de los Tribunales, la Multisectorial contra la Violencia Institucional, integrada por organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos acompañaron a Ramón Casco, el padre de Franco, en el aguante. Hoy continuarán las audiencias con la declaración de otros testigos clave, que podrán confirmar -como pasó ayer- la práctica de torturas vigente en la comisaría séptima.
En la causa están imputados el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte. También son enjuiciados el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y las y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández y Esteban Daniel Silva, como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima. Por el mismo delito, pero como partícipes secundarios, llegan a debate los y las agentes Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortíz y Franco Luciano Zorzoli. Los agentes adscriptos a la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, son sometidos a juicio por encubrimiento agravado.
