El Tribunal Oral en lo Criminal Número7 porteño absolvió a los policías de la Metropolitana Miguel Ledesma y Maximiliano Acosta y condenó a 3 años de prisión en suspenso al oficial mayor Miguel Pereira de la Rosa por herir con balas de plomo a los comunicadores populares Germán De los Santos y Esteban Ruffa y al manifestante Mario Fumaroni durante la madrugada del 13 de marzo de 2013, que ocurrió tras el desalojo de la Sala Alberdi, y fue la primera represión de la extinta fuerza porteña en llegar a juicio oral. Los argumentos se conocerán el 13 de junio, pero la abogada querellante María del Carmen Verdú anticipó que apelará la sentencia y advirtió que Acosta y Ledesma podrían ser puestos en funciones en la Policía de la Ciudad.
"Los jueces optaron por el camino más fácil, seguir el pedido del fiscal, y condenar al más quemado de todos. Condenan al individuo para salvar a la institución y al poder político", resumió, en diálogo con PáginaI12, la abogada de la querella María del Carmen Verdú en referencia a Pereira de la Rosa, a quien durante la investigación se le secuestraron en su casa centenares de cartuchos con municiones de plomo coincidentes con las utilizadas para la escopeta Mossberg 12/70 que cargó la noche de la represión.
Durante las audiencias del juicio, los registros de imágenes y video, aportados por la querella a la causa, ubicaron a los tres policías en el lugar donde cayeron los heridos, también los testigos reconocieron los disparos con balas de plomo y que las escopetas que portaban los acusados podían disparar tanto postas de goma como de guerra. Por eso, la abogada de Correpi había solicitado una condena de 20 años al sostener que se trató de una tentativa de homicidio agravada por su rol de policías.
Verdú anticipó que apelará el fallo de los jueces Gustavo Rofrano, Gabriel Vega y Gustavo Valle ante el tribunal de Casación —“vamos a dar pelea hasta el final, sostuvo— y advirtió que los policías Ledesma y Acosta— integrantes de la Policía de la Ciudad en servicio pasivo— “podrán ser rehabilitados plenamente en sus funciones. En cualquier momento los ves en la calle con la escopeta 12/70 y mejor correrse si estás con una cámara”.
Aunque los argumentos del fallo se conocerán el 13 de junio, las condenas leídas por los jueces indican que decidieron acompañar la posición del fiscal Oscar Ciruzzi en el caso de Pereira de la Rosa, quien también recibió la inhabilatición por 4 años para ejercer la función pública, y el pedido de absolución de las defensas en los casos de Ledesma y Acosta.
En los alegatos, Ciruzzi había sostenido que “no fueron disparos continuos, por lo cual no puedo decir que hubo intencionalidad de matar”, desconoció a los oficiales registrados en los videos y consideró que solo se trató de un caso de "abuso de armar y lesiones", así lo consideró el tribunal para el caso de Pereira de la Rosa. En tanto, la defensa de Ledesma y Acosta había solicitado la absolución al argumentar: "Estuvieron en el lugar y en el momento equivocados porque se toparon con un loquito", en referencia a los disparos con bala de plomo.
“En la lectura, los jueces tuvieron una contradicción insalvable —sostuvo Verdú— pidieron al Gobierno porteño que las fuerzas de seguridad actúen con cuidado en las manifestaciones respecto de las armas y el tipo de proyectiles que emplean. O se trata de un hecho aislado o es una política sistemática”, señaló la abogada querellante a PáginaI12.
Esta mañana, antes del fallo, Pereira de la Rosa recordó que no sólo había participado en la represión del Parque Indoamericano —como se encargó de señalar la querella durante el primer juicio oral contra la Metropolitana por represión en manifestaciones— sino también en la del 19 y 20 de diciembre de 2001, como integrante de la Federal.
“Estamos frente a una persona que tiró a matar el 19 y 20 de diciembre, tiró a matar en el Parque Indoamericano y tiró a matar en la calle Corrientes en 2013; y recién ahora logremos que se lo condene con esta pena absurda”, lamentó Verdú.
Como ocurrió a lo largo de las siete audiencias, los comunicadores populares querellantes estuvieron acompañados hoy por representantes de organismos de derechos humanos y representantes de partidos de izquierda, entre ellos, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas; la exdiputada del FIT Myrian Bregman y el titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel. Durante el juicio oral, el Serpaj se había presentado como amicus curae y Abuelas de Plaza de Mayo envió veedores.
“La sentencia no nos sorprendió después de las declaraciones de (el presidente Mauricio) Macri amenazando a los jueces laborales que acompañen a los trabajadores. Si tiene esa preocupación con los derechos laborales nos podemos imaginar la presión que ejercen sobre la Justicia cuando se juzga a su aparato represivo”, concluyó Verdú.
