Dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica clandestina "Resiliencia San Fernando" de Pilar fueron detenidos acusados de la muerte de cuatro personas alojadas en ese lugar, que fallecieron en medio de un incendio que destruyó las instalaciones de esa institución. Los nuevos apresados se suman al ya detenido director del lugar. 

Los detenidos están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre y quedaron detenidos por orden del juez de Garantías 6 de San Isidro, Nicolás Ceballos.

El establecimiento "no estaba habilitado y las personas allí alojadas estaban sometidas a aislamiento extremo, castigos, sobremedicación y un abordaje tratamental que no respetaba la ley de salud mental", explicó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en el marco del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura interviene como particular damnificado institucional.

El hecho ocurrió el 22 de febrero pasado. El centro terapéutico era una cabaña que no tenía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, lo que impidió las tareas de rescate que intentaron los mismos usuarios.

Los fallecidos tenían entre 25 y 40 años, y estaban sobremedicadas con psicofármacos. En tanto, otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron: algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.

Pocos días después del incendio, el director de la comunidad, Alan Cambra Sarife, fue detenido por orden del fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación. Ahora, con el avance de la investigación, la justicia ordenó la detención de otras cinco personas que cumplían funciones directivas, técnicas y profesionales en el establecimiento. Las imputaciones se realizaron "por 16 hechos que incluyen los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre".

Por pedido del fiscal y orden del juez de garantías fueron detenidos el codirector de la comunidad, Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General.

Al momento del incendio, añadió la CPM, 26 personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad terapéutica San Fernando en condiciones de aislamiento extremo por más de 23 horas diarias, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos. De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban "reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados".

"Las víctimas permanecieron allí medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas", describe la acusación de la fiscalía.

El fiscal también sostuvo que los imputados conformaron "una asociación ilícita que, simulando dirigir una comunidad terapéutica, mediante engaño, ocultando que carecía de habilitación, y aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, cobraban un canon por la supuesta prestación de un servicio de salud integral, que no era tal, ocasionando de esta manera un perjuicio patrimonial en las víctimas y sus familias".

Para la justicia, los imputados estaban al tanto de las condiciones de posibilidad para que un hecho así ocurriera y, sin embargo, permanecieron indiferentes al padecimiento de las víctimas.